Por: Maribel Rodríguez
Si algo ha quedado claro con el actual gobierno es que, por encima de la Constitución, está la voluntad del presidente López Obrador. Muestra de ello son los atentados recurrentes contra nuestra Carta Magna y los derechos fundamentales desde el inicio de su gobierno.
El último de ellos se conoció el 22 de noviembre de 2021, a través del Diario Oficial de la Federación: me refiero al decreto presidencial por el cual se declaró de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras de infraestructura a cargo del Gobierno Federal (de comunicaciones, telecomunicaciones, hídricos, medio ambiente, turísticos, salud, energéticos, puertos, aeropuertos, etc.) y todos los que el gobierno considere prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Por ello, se ordena a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a otorgar autorizaciones provisionales para la realización de tales proyectos, en un plazo máximo de cinco días a partir de que se soliciten. Tales autorizaciones tendrán duración de un año.
No es necesario hacer un gran esfuerzo para advertir que tal Decreto atenta contra la Constitución, pues es contrario al derecho constitucional de acceso a la información, ya que permitirá que las autoridades reserven la información relacionada con los proyectos gubernamentales señalados en el Decreto, por comprometer la seguridad nacional, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo cual impedirá que los ciudadanos conozcamos cómo se gasta el presupuesto federal, lo cual genera opacidad y fomenta la corrupción del gobierno actual; representa un riesgo para nuestro derecho fundamental a un medio ambiente sano, ya que el otorgamiento exprés de autorizaciones provisionales para iniciar obras, pasan por alto los permisos de impacto ambiental y demás autorizaciones establecidas en diversas leyes, que se requieren para realizar tales obras, lo cual pone en riesgo las selvas, bosques y áreas naturales protegidas, en aras de garantizar la construcción de los megaproyectos presidenciales; vulnera también el principio de legalidad, al pretender pasar por alto lo dispuesto en leyes ordinarias, con un decreto presidencial que es de menor jerarquía normativa dentro de nuestro sistema jurídico; además, viola el derecho a un recurso judicial efectivo cuando se vulnera un derecho humano, pues el darle el calificativo de seguridad nacional a las obras del gobierno federal, impactará en la eficacia de los amparos promovidos contra obras que perjudiquen nuestros derechos, pues los jueces estarán impedidos en principio para otorgar suspensiones que las frenen, por tener relación con la seguridad nacional.
Además de lo anterior, es conveniente señalar que, basta una simple revisión para advertir que la clasificación dada en el Decreto Presidencial a todas las obras de infraestructura como de Seguridad Nacional, es simplemente artificial y arbitraria, pues no corresponde con lo señalado por el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, el cual dice que todo lo que tenga que ver de manera inmediata y directa con mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, será de seguridad nacional. Como vemos, tal definición no tiene nada que ver con lo que el presidente impone en su decreto.
Es muy probable que, con las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o amparos que se tramiten, este decreto siga el mismo camino que la Ley Zaldívar, la Ley Bonilla y otros abusos más de este gobierno, es decir, sea invalidado. Sin embargo, mientras esto sucede se generarán daños por las obras del presidente que serán irreversibles, además de condiciones idóneas que seguirán permitiendo la corrupción del gobierno de López Obrador. Atendiendo a este y otros abusos más, la tarea de quienes queremos una patria más justa y equitativa para todos, es hacer lo que corresponda para que cada día más mexicanos entiendan estos atropellos y el grave daño que la 4T le está causando a la nación, para que, en el momento de votar otra vez, todos sepamos distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo que nos conviene y lo que no.
