Alex Wells
Todo un extraordinario escándalo se vierte en la estructura de operatividad del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que un nutrido grupo de jubilados y pensionados reclamó a su director Zoé Robledo, ponga fin a la serie de irregularidades que se vienen presentado en el área de pensionados y jubilados, por la presunta existencia de bandas de delincuentes, donde sus propios funcionarios incurre en la omisión, con alevosía y ventaja, para despojar los pocos o muchos emolumentos de quienes ya cumplieron su ciclo de vida activa.
Por tratarse de un tema sumamente delicado y cuyos agraviados demandaron se guarde en el anonimato las voces que reclaman “¡justicia!”, explicaron a este reportero que las irregularidades se presentan en todas las clínicas existentes del IMSS a nivel federal, por lo que demandaron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga este asunto judicial e inicie pesquisa por considerar que son delitos perseguibles de oficio previstos en la ley penal, “porque miles de jubilados han sido víctimas de hasta de maltratos físicos y psicológicos por parte de guaruras”, que en lugar de ser amables con los abuelitos, los corren de forma denigrante.
Uno de tantos ejemplos es el que se presentó recientemente en la Clínica IMSS 14, ubicada en Boulevard Aeropuerto 188, c. p. 15500, Venustiano Carranza, Ciudad de México, donde su personal de estructura aparentemente está en connivencia para frustrar moralmente a quienes llegan a esos y muchas otras clínicas para promover sus pensiones y jubilaciones, solo que son rechazados por mínimos detalles administrativos como es la dirección particular cuando los servidores públicos deberían sujetarse a respetar y basarse en el cotejo del Número de Seguridad Social a través del carnet que expide la propia institución, así como el CURP y la Credencial de Elector vigente.
Testimonios recogidos entre los jubilados, pusieron al descubierto que una caterva de delincuentes de cuello blanco se hallan enquistados en puestos claves que se supone que son parte de la estructura del IMSS, y tras bambalinas, cometen toda clase de fechoría al amparo de la impunidad de su aparato sindical.
Para sorpresa de muchos de esos abuelitos que lucen rostros agrietados y un lerdo caminar que, pese a todo, son auxiliados por familiares, a duras penas llegan a las ventanillas de los módulos de Pensiones y jubilaciones, cuando ya son corridos, concibiendo su derrumbe cabizbajo, porque pretextan que les faltaron datos.
Todavía, es decir, tienen que enfrenarse al despotismo del personal quienes de forma deshumanizante y discriminatoria, les hacen muecas solo por ver las decadentes condiciones de hombres y mujeres cansados, faltos de aseo personal, que para colmo, asisten hasta enfermos, encobijados y dializados.
Estúpidamente en todo momento el personal los rechaza, los veja, y si un abuelo o abuela tienen la osadía de enfrentarlos con protestas airadas, vigilantes regordetes vestidos de color beige, con tolete en mano, están al asecho para “proteger” al mal funcionario en ciernes, quien en lugar de mostrar sensibilidad y respetabilidad, materialmente los echa a la calle, que lógicamente abandonan esos lugares “echando pestes y mentando madres”.
Los agraviados tienen la certeza que ese mal comportamiento de los funcionarios del IMSS les permite abusar de su poder para supuestamente robarse materialmente las prestaciones que por ley les corresponde a cada ex trabajador que cumplió su vida activa en la diversidad de empresas que ofrece el Seguro Social, como una garantía del Estado, para velar por la salud de los mexicanos.
En este sentido, hicieron un atento y respetuoso llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, instruya al director del IMSS, Zoé Robledo, para que junto con agentes del ministerio público federal de la FGR, se avoquen a desarrollar visitas sorpresa en exhaustiva investigación para corregir y amonestar las irregularidades que incurre el personal, “y si existe el apremio de procesar a todo servidor público, que pague con creces su deshonestidad en la cárcel”, sentenciaron los ofendidos.
Tras una larguísima lista de irregularidades que los derechohabientes han presentado ante el Órgano Interno de Control que representa a la Secretaría de la Función Pública ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, nadie les hace caso, toda vez que en esta institución —inaugurada por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, el 19 de enero de 1943—, ha dejado de lado la mística de servicio, la ética profesional y sobre todo, la amplitud del Juramento hipocrático.
Si bien se entiende que la base del Juramento que Hipócrates les hizo saber a sus discípulos que llevarían a lo largo del mundo la medicina, bajo la tesis “no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos”, a los empleados del IMSS les falta culturizarse y civilizarse conforme a esta histórica y filosófica consigna.
Porque, indicaron, se contradice las acciones del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, la cual debe emplear en toda institución gubernamental, el estricto sentido de prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción en el IMSS, así como en muchas otras áreas de la estructura del gobierno federal.
Asimismo, promover la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos, mediante la realización de auditorías y revisiones a los diferentes procesos de la Institución, así como la atención de quejas, denuncias, peticiones ciudadanas, resolución de procedimientos administrativos de responsabilidades y de inconformidades, en apego a lo establecido en el Programa de Mejora de la Gestión Pública.
La inviolabilidad y la consigna de ser procesados hasta penalmente, se rige en dos vertientes para el personal de estructura del IMMS, fundamentándose en los siguientes términos:
Artículo 303. Los servidores públicos del Instituto, están obligados a observar en el cumplimiento de sus obligaciones, los principios de responsabilidad, ética profesional, excelencia, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, calidez y calidad en la prestación de los servicios y en la atención a los derechohabientes y estarán sujetos a las responsabilidades civiles o penales en que pudieran incurrir como encargados de un servicio público; y;
Artículo 303-A. El incumplimiento de las obligaciones administrativas, que en su caso correspondan, serán sancionadas en los términos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, salvo los que se encuentren comprendidos en el artículo 5º de dicho ordenamiento, así como también los preceptos del artículo 5º-A, del citado Reglamento.
El IMSS es una institución del gobierno federal autónoma y tripartita (Estado, Patrones y Trabajadores), dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al propio instituto, donde lamentablemente, la mística de servicio se ha perdido en un ambiente oclocráticamente destructivo.
El número de hospitales y clínicas con las que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social en todo el territorio, son seis mil 519 unidades de medicina familiar y 350 hospitales de segundo nivel, con más de 20 mil camas hospitalarias.
Según datos consulados en el portal del Seguro Social, el presupuesto del IMSS para el Ejercicio Fiscal-2022 —bajo una política de disciplina, austeridad y transparencia, “sin perjuicio en la oportuna prestación de servicios”—, cuyo lema dista mucho de ser cierto en los hechos, el Congreso de la Unión aprobó un gasto programable de 1,010,840,765,109.
