La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México proteger de forma inmediata la vida e integridad personal de Bettina Cruz y su núcleo familiar. Las medidas cautelares fueron emitidas tras acreditarse la situación de riesgo por el trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El pueblo zapoteco lleva una lucha incansable ante la imposición del proyecto Eólica del Sur en Juchitán al no contar con su consentimiento. Anteriormente pretendió instalarse en el pueblo de San Dionisio del Mar como consorcio Mareña Renovables. Representados por Bettina Cruz los pueblos zapotecos han llevado con éxito ante la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo los reclamos sobre la falta de respeto y garantía de derechos humanos, tanto por el gobierno de México, como por las empresas involucradas.
“Es una fuerte advertencia y a la vez una oportunidad para que el Estado y el sector privado finalmente tomen en serio el trabajo de defensa territorial indígena y cumplan con sus obligaciones internacionales”, dijo Alejandra Gonza, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, representante de Bettina ante organismos internacionales. Los estudiantes de la Clínica durante meses documentaron el peligro constante en el que viven las comunidades y el incremento del riesgo por activar los mecanismos legales nacionales e internacionales para defender su territorio, enfrentándose al Estado y a las empresas.
La decisión de la CIDH se suma a la resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de México emitida hace unos días, de ejercer su facultad de atracción para conocer este caso. Los pueblos indígenas representados por Bettina Cruz, denunciaron ante el Alto Tribunal la falta de una consulta libre, previa e informada en la construcción del proyecto Eólica del Sur. La Corte podría fijar un importante precedente para la defensa de los derechos de los indígenas, determinar el contenido de las obligaciones que tienen las empresas y las distintas dependencias del Estado en materia de derechos humanos y establecer los estándares de derechos humanos que los proyectos derivados de la Reforma Energética deben cumplir.
En Oaxaca existen más de 21 parques eólicos en funcionamiento, cuya instalación ha ocasionado el despojo de tierras, alteración de las formas de subsistencia, costumbres y creencias de las comunidades indígenas desde los años 90. Con la aprobación de una Reforma Energética en México, la declaración de Oaxaca como Zona Económica Especial y la militarización de la región, el Estado privilegia proyectos energéticos frente a los derechos humanos.
Bettina Cruz señaló que defender nuestra tierra ha sido difícil. “Cada vez que presentamos un recurso nacional o internacional nuestra vida y la de nuestras comunidades corre peligro. Cada vez que lo ganamos el riesgo aumenta. Y lo que se torna inaceptable es que a pesar de contar en distintos momentos con decisiones claras sobre el riesgo social y ambiental del proyecto y la violación al derecho a la consulta a nuestras comunidades por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cortes locales, expertos internacionales y estar el caso pendiente a la Corte Suprema, el gobierno y las empresas siguen desarrollándolo sin vergüenza.”
Ricardo Lagunes Gasca, abogado de las comunidades en México, remarcó que en el contexto de violencia, amenazas y constantes violaciones a los derechos humanos que se vive en Oaxaca, —junto a la ineficiencia de las autoridades locales—, la CIDH es la única esperanza para visibilizar las situación de los defensores de los derechos humanos y las comunidades a las que representan. Sin embargo, destacó que ya se han presentado hechos de intimidación. Tras obtener estos resultados a nivel nacional e internacional Rodrigo Peñaloza, esposo de Bettina y miembro de la Asamblea de Pueblos Indígenas el Istmo en defensa de la tierra y el territorio, ha denunciado la presencia de personas fuertemente armadas alrededor de su domicilio.
De acuerdo al Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU sigue existiendo una preocupante falta de atención a la situación de riesgo de los defensores que se enfrentan a las empresas por el impacto negativos de los proyectos de desarrollo. Pese a que los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos fueron avalados por México éstos no se aplican.
Las empresas deben proceder con debida diligencia y, entre otras, consultar a los defensores de derechos humanos para buscar alternativas razonables en los casos que se han presentado dificultades con las partes potencialmente afectadas por los proyectos. Además, deben asegurarse que no se obstaculicen las actividades legítimas y pacíficas de los defensores de derechos humanos.
De esta manera, tanto el Estado como las empresas involucradas deben repensar su forma de relacionarse con las comunidades indígenas, respetando y garantizando sus derechos humanos y tomando medidas necesarias para evitar que se produzcan daños irreparables a sus derechos.
