Toluca, Méx.- Consolidar el Sistema de Justicia Penal en la entidad para garantizar el respeto a los derechos de todas las personas es una prioridad para el Gobierno del Estado de México.
Por ello, se llevó a cabo la primera sesión del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, en el que participaron el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, el Magistrado Palemón Jaime Salazar Hernández, y personal de las áreas involucradas en la implementación y consolidación del sistema.
“La intención es que podamos consolidar nuestro sistema coordinándonos, podemos tomar como orientación el diagnóstico de México Evalúa, pero lo que es trascendental es retomar todo el trabajo que se ha hecho en los conversatorios y por supuesto lo que venga hacia adelante”, dijo el Secretario Rodrigo Espeleta.
En ese sentido, el Fiscal General consideró que la prioridad es alinear las estructuras de todas las dependencias que forman parte del sistema penal, para garantizar su operatividad.
“Tenemos que ver la estructura actual y ver la posibilidad de empatarnos, por ejemplo, tenemos 18 distritos judiciales, pero tenemos 13 fiscalías regionales y 16 especializadas, el Instituto de la Defensoría tampoco tiene oficinas en los 18 distritos judiciales, entonces creo que tendríamos que tomar un punto de tronco común a partir del cual reestructurar nuestras instituciones”, detalló Gómez Sánchez.
Además, acordaron apostar por la capacitación de todo el personal involucrado en el sistema, para que garanticen el acceso a la justicia de los involucrados.
“Yo creo que eso tiene que ver mucho con capacitación, es un tema que yo pediría se atacara mucho, porque de manera institucional podemos generar esa capacitación que nos hace falta”, apuntó el magistrado Salazar Hernández.
En la sesión del Órgano de Consolidación estuvo presente María Novoa, Coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, una entidad de monitoreo y evaluación de la operación gubernamental, quien sugirió realizar una evaluación únicamente de los factores que inciden en el proceso penal en la entidad, para garantizar la consolidación del Sistema de Justicia Penal.
