Corte podría dejar sin efectos acusaciones en contra de exgobernadores

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción hizo un llamado a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare constitucional el artículo 69-B del CFF cuyo estatus se discutirá el próximo 7 de febrero.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción hizo un llamado a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare constitucional el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) cuyo estatus se discutirá el próximo 7 de febrero.
En caso de que se llegase a declarar inconstitucional dicho artículo, alertó el CPC, además de ser una sentencia en contra del combate a la corrupción, podría dejar sin efecto las acusaciones penales formuladas contra los exgobernadores de Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, entre otros, que coinciden en la utilización de las empresas fachada para el presumible desvío de recursos públicos.  
“Las empresas fantasma no son contribuyentes, pues no contribuyen al sostenimiento del gasto público. Su propósito es evadir impuestos, desviar recursos públicos, lavar dinero y financiar campañas electorales. Su forma de operación es propia de la delincuencia organizada”, enfatizó el Comité ciudadano encabezado por Jacqueline Peschard.
La importancia del artículo, destacó también el CPC, está en que en él se basa la publicación de las listas de empresas fantasmas que son encontradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuyo efecto es dejar sin validez los comprobantes fiscales que emitan dichas instituciones fachada. 
“Al día de hoy, la herramienta prevista en dicho artículo ha sido clave para combatir la corrupción. Por ello, la confirmación de la constitucionalidad del artículo 69-B del CFF es indispensable para la preservación del estado de Derecho y la lucha contra la impunidad”, arguyó el órgano ciudadano. 
Asimismo, los cinco miembros hicieron explícito su respeto a las decisiones del máximo tribunal del país, no obstante, en caso de que se declare la inconstitucionalidad —reiteraron—, se afectará gravemente el combate a la corrupción en México. hector.molina@eleconomista.mx