En Veracruz tenemos un nítido ejemplo del contraste entre las promesas de campaña hechas por los grupos tradicionales que formaron Morena y los malos resultados ahora que son gobierno. Los candidatos de Morena prometieron acabar con la pobreza, la corrupción y la violencia, así como respetar los derechos humanos y las libertades constitucionales; pero ahora que algunos de ellos gobiernan, sus resultados son exactamente contrarios a los que prometieron en cualquiera de esos aspectos. No pretendo ahora entrar en detalles respecto a los pésimos resultados del gobierno encabezado por Cuitláhuac García, basta decir que el porcentaje de la población en pobreza aumentó y alcanza ya al 60.8 por ciento de los veracruzanos, que ven cómo se hace humo la célebre promesa de “primero los pobres”. Tan mal están las cosas y los logros materiales del gobierno son tan escasos y minúsculos que el gobernador tuvo que informar como “un gran avance” que ¡en Veracruz ya no cobran en los baños de las gasolineras!
Y si hablamos de violencia política, no hace mucho que el estado fue declarado el más peligroso de todo México para quienes participan en política, según los datos del grupo de análisis de riesgos Etellekt, y sigue siendo la entidad más peligrosa de todo México para quienes se desempeñan como periodistas. En la prensa abundan los casos de actores políticos, activistas y periodistas amedrentados, encarcelados o asesinados sin que nadie mueva un dedo para protegerlos o hacerles justicia desde el gobierno. Al contrario, varias de las persecuciones las protagoniza el gobierno.
Ese es el grave contexto en el que hace poco se descubrió que estaba en marcha una operación para fabricarle delitos y encarcelar a Samuel Aguirre Ochoa, dirigente antorchista de Veracruz, un limpio y eficaz líder que lidera decenas de miles de veracruzanos pobres, quien además es un analista dotado de sólidos argumentos para convencer a la opinión pública de las razones y propósitos inmediatos y de largo plazo del movimiento que dirige a favor de los veracruzanos, así como para exhibir elocuentemente el desastre de Cuitláhuac García y de Morena al frente del gobierno de ese gran estado.
La burda trampa, imposible de realizar sin una operación de alto nivel gubernamental, consistió en falsificar la firma y la credencial de elector de Samuel, para que el notario público Octavio Pérez Escobar emitiera un poder notarial que fraudulentamente facultaba a un individuo de nombre Eduardo “N”, para vender un terreno que desde hace 33 años es propiedad y está en posesión de Samuel en la ciudad de Xalapa. El estafador recibía una cantidad de dinero, pero sin entregar el terreno. Se sabe que la maniobra de vender el terreno y no entregarlo se hizo con varias personas y se buscaba que en algún momento hubiera un clamor público de varias personas exigiendo simultáneamente que se les entregara el terreno por el que pagaron o que Samuel les devolviera el dinero (dinero que este nunca recibió puesto que nunca autorizó esa compra-venta ni sabía de su existencia y no conoce a ese individuo que actúa a su nombre mediante el falso documento emitido por el notario que se prestó a ese sucio truco).
Samuel se enteró de lo que ocurría hasta que recibió un citatorio de la Fiscalía de Justicia de Veracruz, para responder a la acusación de una señora que exigía la entrega del terreno o la devolución de su dinero. De ahí en adelante, Samuel y su equipo legal se encargaron de informar y demostrar que él era ajeno a ese fraude, que no conocía a esa señora ni al sujeto que le vendió el terreno a ella; proporcionó el nombre del notario público, quien es hermano de un ex secretario de Gobierno de Veracruz, e interpuso una denuncia por los delitos de falsificación de documentos, usurpación de identidad y delitos contra la fe pública, entre otros, exigió que se investigara la actuación dolosa del notario y se castigara a quien resultara responsable de esa maquinación ilegal. Como era de esperarse en un estado donde se hace uso indiscriminado del poder político para perseguir impunemente a los opositores, nada de eso ha ocurrido: las autoridades no le han dado velocidad a la denuncia, y mucho menos han detenido o sancionado de alguna manera a los responsables.
Lo que sí ha ocurrido es una elevación del nivel de hostigamiento y persecución contra Samuel y los antorchistas, lo que se ha traducido en impedir que Samuel publique en su página de Facebook un texto donde da pormenores de este atropello y señala a los responsables, para lo cual se ha echado a andar un costoso ejército de bots que presionan a la compañía para que bloquee las publicaciones que denuncian estos graves hechos; junto con eso, se ha desatado incursiones en helicóptero, en patrullas y en autos particulares en torno al domicilio de Samuel Aguirre en la colonia donde habita junto con otras familias antorchistas, hechos que no tienen ningún otro propósito que lanzar mensajes siniestros e intimidatorios para que las víctimas acepten resignadamente el atropello, renuncien a exponer la verdad y los nexos con el poder político que tienen los operadores materiales y, sobre todo, desistan de la lucha por exigir que el gobernador y sus funcionarios morenistas cumplan sus promesas de bienestar, paz y justicia que los encumbraron en la silla del poder.
Nadie debiera asumir que estamos ante un hecho irrelevante para la seguridad y la vida de todos los mexicanos. Si permitimos que se vuelvan cotidianos el incumplimiento y las mentiras gubernamentales y aceptamos resignadamente que se persiga a quienes protestan, se les enlode y eventualmente se les encarcele con delitos inventados, estamos abriendo el camino para que cualquier mexicano, de cualquier condición sea atropellado en sus derechos y su dignidad. Los antorchistas nos disponemos a movilizarnos si no se detienen estos atropellos; llamamos respetuosamente a los mexicanos a repudiar los abusos de poder que aquí denunciamos y a formar una unidad indestructible que resista y saque del poder a los sátrapas disfrazados de progresistas.
