Para hacer más eficaz su actuación y responsabilidad como servidores públicos, directores, subdirectores y jefes de área del gobierno municipal, reciben capacitación en materia de derechos humanos, a fin de que conozcan los fundamentos jurídicos de cada una de sus áreas.
Rodolfo Cruz, defensor de derechos humanos de Ixtapaluca, informó que en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM), con sede en Chalco, se hizo saber a los funcionarios que pueden ser sancionados por acciones u omisiones en su quehacer como servidores públicos.
Es por ello, dijo, que la línea de trabajo de la presienta municipal, Maricela Serrano Hernández es que quienes dirigen las distintas áreas de la administración estén capacitados para rendir buenas cuentas a los ixtapaluquenses y que haya un desempeño eficiente, siempre en apego a nuestro marco jurídico.
“Para estar a la altura de una sociedad cada vez más informada que sabe exigir sus derechos, se llevan a cabo estas capacitaciones. Nosotros como servidores públicos tenemos que obedecer los mandatos que tenemos por ley, y en ese sentido salvaguardar la integridad y dignidad de las personas”, precisó.
El funcionario mencionó que en lo que va del año han sido presentadas diez quejas contra elementos de seguridad pública, relacionadas con los protocolos en la detención de los presuntos responsables de algún delito, por lo que de manera permanente se capacita a los uniformados en materia jurídica y de derechos humanos para subsanar este tipo de situaciones.
Por su parte, el visitador de la CDHEM, Ernesto Medina, habló sobre el marco jurídico en materia de derechos humanos, toda vez que “el Estado y las instituciones deben garantizar que los actos de sus autoridades u actuaciones no vulneren la integridad personal”. Además ofreció la información de cómo elaborar correctamente actas circunstanciadas.
Reconoció la preocupación del gobierno que encabeza Maricela Serrano Hernández para velar por los derechos humanos de los ciudadanos, e hizo hincapié en que las quejas que se reciben no son una agresión hacia el servidor público, sino un llamado para mejorar las prácticas administrativas.
