Vladimir Galeana
La libre empresa es el término con el que se designa al concepto de organización comercial o financiera, y que en los procesos económicos tradicionalmente se opera en lo que se denomina como la economía de mercado, sobre todo en el sistema capitalista que se implantó en este país desde hace poco más de doscientos años, pretendiendo asemejarse a lo que en su momento emergió como una de las naciones destinadas al predominio de los procesos del imperialismo armamentista y económico.
Ese sistema se ha mantenido en la premisa de la libertad individual y funciona en lo que denominamos el mercado de la libre competencia, aunque en diversidad de ocasiones los monopolios son los que han desviado el proyecto de sus principios y valores originarios. Con esa denominación también
se identifica habitualmente al concepto de “libertad económica”, que ha alcanzado rangos constitucionales en diversos países. Para decirlo más claro, se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
Así, los poderes públicos tiene como finalidad garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad de conformidad a los principios y valores vigentes en las determinaciones legales, pero siempre de acuerdo o en completa sintonía con las exigencias del mercado y la planificación regulatoria de los Gobiernos. Hasta ahora los procesos de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, habían venido cumpliendo con todas esas especificaciones.
El problema es que al parecer no reúnen por el momento las aspiraciones de quien alcanzó su legitimidad en las urnas, y detenta ahora el cargo de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos. Para decirlo más claro, no han resultado del mismo interés porque el negocio que representan se sale de su control, por lo que prefirió el azaroso camino de organizar una consulta pública ilegal a todas luces, porque está fuera de la norma constitucional, para desacreditar un proceso económico en marcha.
Pero además y por lo mismo, dicha consulta no cuenta con la capacidad vinculante que obligue legalmente al gobierno de Enrique Peña Nieto
a dejar de lado los trabajos que en los terrenos de lo que fuera el lago de Texcoco, y tampoco autorizara al Presidente Electo para tirar por la borda los trabajos que ya se han realizado, con las consiguientes perdidas del dinero de los empresarios y de los trabajadores mexicanos que invirtieron en esa obra el patrimonio de sus afores.
Lo único que hasta ahora ha mostrado y demostrado el Presidente Electo es el talante autoritario que siempre le endilgaron sus malquerientes, además de que muy poco le importaran en lo sucesivo las leyes vigentes, porque para que la consulta fuera vinculante la debió organizar una vez que tomará protesta de su encargo como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pero eso limitaría su finalidad de tirar por la borda el proyecto en Texcoco. Por eso hizo su amañada consulta. Todo tiene un interés, y tarde o temprano lo conoceremos todos los mexicanos. Al tiempo. [email protected]
