Blas A. Buendía
Como parte del proceso para la ratificación de las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local analizó, discutió y votó los dictámenes para la ratificación o no ratificación de las personas propuestas. Se advirtió que “el Congreso no judicializa la ratificación de Magistrados, sino todo se ejerce estrictamente bajo Derecho”.
Al respecto, el diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión, indicó que se recibieron siete propuestas del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para la ratificación de magistradas y magistrados y una propuesta de no ratificación; e inició el proceso marcado en la Constitución local y la Ley Orgánica del Congreso para entrevistar a las y los candidatos, revisar sus ensayos y valorar a cada uno.
Durante la reunión, el legislador hizo la presentación de cada uno de los dictámenes, y las y los diputados emitieron su voto.
En el caso del magistrado Héctor Jiménez López, el diputado Santillán explicó que se recibió la propuesta de no ratificación por parte del Consejo de la Judicatura -por su desempeño en el llamado caso Abril-.
La Comisión decidió continuar el proceso para su evaluación y se le invitó a participar. Sin embargo, el magistrado Jiménez López decidió no hacerlo, por lo que al no contar con más elementos para su valoración, se consideró que no resultaba idóneo para ocupar el cargo. El dictamen se elaboró en ese sentido y se aprobó por 15 votos a favor y ninguno en contra.
Después se presentó el dictamen del magistrado Manuel Horacio Cavazos López, quien fue propuesto para ratificación por el Consejo de la Judicatura. Al respecto, el diputado Santillán resaltó que se le dio la oportunidad de explicar las consideraciones del caso judicial en su contra -por el presunto abuso sexual de sus hijas-.
Reiteró que el Congreso capitalino no tiene la responsabilidad de determinar su culpabilidad o inocencia, y que serán las instancias correspondientes las que determinen su responsabilidad penal.
Señaló que la Comisión consideró que la honorabilidad y buena fama del magistrado Cavazos López “han sido afectadas de manera grave”, y por ser características importantes para su cargo, se determinó que cumple los requisitos legales, pero “no es idóneo” para desempeñar el cargo, por lo que se propuso su no ratificación.
Los diputados Carlos Hernández Mirón (MORENA) y Jorge Gaviño Ambriz (PRD) estuvieron de acuerdo con esta decisión, mientras que la diputada Paula Soto Maldonado (MORENA) destacó que con esta decisión se envía una señal positiva para el avance en el acceso a la justicia de las niñas y las mujeres.
Posteriormente, se aprobaron los dictámenes para la ratificación como magistrados de Jorge Guerrero Meléndez (12 votos a favor, uno en contra y una abstención); Rosalba Guerrero Rodríguez (14 votos a favor, figurando como la Magistrada que se impuso por unanimidad); Josefina Rosey González (11 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones); y Juan Arturo Saavedra Cortés (9 votos a favor, 4 abstenciones y 2 en contra).
La propuesta de ratificación de la magistrada Patricia Gudiño Rodríguez se aprobó por ocho votos a favor y seis en contra; sin embargo, la diputada Soto Maldonado anunció que presentará un voto particular en este caso ante el pleno, por no estar de acuerdo con la valoración de alienación parental que ella expuso en su entrevista y ensayo, la cual consideró, dificulta el acceso a la justicia de las mujeres.
Es probable que la magistrada Gudiño pudiera superar este escollo, a pesar que alrededor de las ratificaciones se percibe una “guerra de conflicto de intereses”, mismos que se dirimirán en el pleno del recinto de Donceles en el pleno de este jueves.
Finalmente, se presentó el dictamen de ratificación de la magistrada Rosa Laura Sánchez Flores, el cual recibió seis votos en contra, cuatro a favor y dos abstenciones.
En este contexto, los legisladores Paula Soto y Carlos Hernández se manifestaron en contra de la actuación de esta magistrada en el caso de una adolescente de 16 años de edad que fue secuestrada, violada y asesinada por dos menores de edad, quienes recibieron una pena de cinco años de prisión, y en la Sala de esta magistrada se les aminoró la sanción.
La diputada Soto Maldonado informó que también presentará un voto particular en este caso, traduciéndose todos estos sucesos bajo la expectativa de que pudieran quedarse en el camino algunos Magistrados que desde un principio buscan su ratificación solo que los representantes populares han desarrollado análisis a conciencia para darle observancia a los perfiles de cada uno de ellos.
