Blas A. Buendía
La famosa frase “…al margen de la ley, nada; encima de la ley nadie”, pareciera haber salido de un concurso de oratoria donde los dogmas, los pragmáticos y los enigmáticos conjugaran entre lo inverosímil y la burla siniestra del autor intelectual para dar cobijo a ciudadanos de dudosa reputación que huyeron del país para no ser víctimas de “las injusticias” que trae aparejada la ejecución del mallete.

El mejor mecanismo idóneo es la incorporación al sistema de impunidad que representa el Congreso de la Unión, ya sea en cualquiera de sus imperios autónomos, el Poder Legislativo de la Cámara de Diputados, o el Poder Legislativo del Senado de la República, “ahí se lavan culpas y se sanean almas pecadoras”, dicen, y ahora mucho mejor, con la llegada del Mesías de Macuspana a la Presidencia de México.

Es el caso del requerido líder de los mineros Napoleón Gómez Urrutia quien hace más de diez años tuvo que huir de México porque la Procuraduría General de la República le iniciara en aquella época una serie de averiguaciones previas (hoy Carpetas de Investigación) por haber presuntamente cometido un robo descarado a las arcas del Sindicato Minero Metalúrgico de México.

Pasada las tormentas electorales de julio-2018, y si ahora el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador pusiera firmes los pies en la tierra y le bajara un centímetro a su orgullosa frase “…al margen de la ley, nada; encima de la ley nadie…”, ganaría terreno de credibilidad y no andarse comprometiendo con ese tipo de gentes que andan en busca de ser protegidos con el paraguas de la impunidad al ser buscados desde hace años por la justicia mexicana.

Pero pareciera que al margen de ello, el político tabasqueño que el 1º de diciembre será proclamado como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, iniciaría su mandato de manera cuestionada ya que prefirió montarse en el oropel del escándalo.

Para los mineros organizados y democráticos, ante las evidencias de toparse con una prensa que enmudecerá al muy viejo estilo de Carlos Salinas de Gortari, “ni los veo, ni los escucho, ni los quiero”, se quejarán que la llegada de AMLO a Palacio Nacional fue un arreglo entre las Mafias del Poder por el simple hecho que el modelo neoliberal ya no les funcionó ni para la estructura del PRI y mucho menos para los magnates del PAN cuando fueron gobiernos. Optaron por “prestarle” el mandato a un bribón que se emperifolló como un caudillo de papel populachero que no tiene nada que ver con un Estadista de carrera.

Pese a que filósofos en materia jurídica señalan que “México es un país donde no se aprovecha la experiencia de los viejitos” y que “fueron más efectivas y eficientes las barras asadas de Peña Nieto y el joven PRI”, prefirieron que López Obrador enarbolara otra frase de la “Cuarta Trasformación de la República”, haciendo creer que el cambio ya era necesario, pero el trasfondo político se conjugó entre las Mañas del Poder y el ejercicio de la “esperanza”.

En sí, la sociedad está sumida en una encrucijada toda vez que no entiende si le dijeron que “ya no habrá fuero” para quienes lleguen a ocupar un escaño o una curul en el Congreso, cómo es que Gómez Urrutia siga violentando el estado de Derecho al contar con un amplio halo de impunidad avalado previamente por Andrés Manuel López Obrador de quien se le acusa que llegó al máximo peldaño político nacional cometiendo atropellos en contra de la sociedad cerrando pozos petroleros y atentando en contra del Patrimonio Nacional.

Y más aún, cómo es posible que el gobierno de Enrique Peña Nieto, en tiempo y forma -como dicen los abogados- no haya acelerado la extradición de Napoleón Gómez Urrutia cuando en México tiene serias acusaciones que no pudiera librarla por ningún motivo, y mucho menos haya extendido a la INTERPOL una notificación y/o ficha roja para solicitar la localización y detención del líder minero que se dio a la fuga para su detención provisional que es válida en muchos países conforme a los Tratados Internacionales de Extradición.

El Tratado de Extradición entre México y Canadá contiene cláusulas específicas que impiden la detención provisional del depuesto líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, por ser un perseguido político del gobierno federal, aseguraba en julio de 2006 el abogado laborista del dirigente minero Mariano Albor.

Explica que, con independencia de que los procedimientos internacionales son objeto siempre de defensa en ambos países, en este caso, ambos gobiernos, en forma paralela a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, “pactaron los nuevos contenidos del Tratado de Extradición y establecieron claramente que la detención provisional y la extradición no pueden tener lugar cuando se fundan en delitos políticos o tengan relación con hechos políticos”.

Afirmaba que la oposición de los trabajadores mineros a la llamada Ley Abascal, que pretende reformar el sistema laboral, así como el “ataque sistemático” de las autoridades federales al Derecho de Huelga de los mineros son algunas razones por las que se considera a su cliente como un perseguido político, por lo que al catalogarlo como tal, será inviable que el gobierno canadiense acepte la extradición.

Lo cierto es que México, como un Estado fallido, siga arrastrando el desprestigio internacional de darle fuero constitucional a una persona que ha sido cuestionada y que perjudicó a miles de familias al saquear las arcas del Sindicato de Trabajadores Mineros, so pena que se tienen todos los elementos para su inmediata consignación muy fuera de lo que se pudiera considerar una “persecución política”.

“México no pidió la extradición de este delincuente y corrupto ya que ayudó a Canadá a robarse la plata y el oro de México cuando tiene todos sus mecanismos de derecho para explotar las riquezas nacionales, que ante esa negativa, ha lastimado que un mexicano ayude a los extranjeros a robarse las riquezas de nuestro país”, lamentan en redes sociales.

Presumen que aún es tiempo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación limpie la raíz de un sistema legislativo que por donde se le observe, siempre ha estado podrido, ya que a través de la historia ha servido como refugio de malhechores que con su poder hasta pueden comprar una posición plurinominal y eludir todos los mecanismos legales para no pisar la cárcel.

Desde ahora se antoja vaticinar que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, se registrarán infinidad de manifestaciones en contra de esos personajes abyectos, claramente el Caso Napoleón Gómez Urrutia, conocido como “Napito”, será el común denominador de la impunidad en México.

La sociedad en sí, espera que López Obrador expulse a ese mal dirigente y lo meta a la cárcel aunque sea de su gremio morenista; que cumpla con lo que dijo: “Cero corrupción; cero impunidad (…)”

Aunque Gómez Urrutia fue ungido como integrante del movimiento político de Morena, el ex líder minero tiene que pagar con cárcel y quitarle todo lo mal habido durante su comienzo hasta la fecha; que le quiten todas las propiedades; congelen sus cuentas financieras y bancarias antes de que el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump, indebidamente se las quede en ese arrebato del “toma y daca” de la política internacional.

En la prensa mexicana apenas si aparecen despachos informativos en el sentido que “Mineros piden a Napoleón Gómez Urrutia que les pague”, ante su inminente llegada a México.

Y como si se tratara de una ofensa para el señor Gómez Urrutia, los quejos han utilizado todos los mecanismos necesarios para hacerse escuchar, a grado tal de hurgar y jugar con la ironía. “Los mineros pedimos que haga las maletas y en ellas traiga los 43 millones de dólares que corresponden única y exclusivamente a los trabajadores”, detallaría el Sindicato Minero Metalúrgico “Frente”, a través de un comunicado para medios informativos.

En el comunicado sindical que encabeza Carlos Pavón, se informa que el dinero, producto del Fideicomiso minero creado a partir de la privatización de varias empresas, entre ellas Mexicana de Cananea, debe ser devuelto a sus legítimos dueños, por eso le exigimos a Napo “que no sea cínico y piense en las familias de mineros que aún esperan se les haga justicia”.

Se prevé que Gómez Urrutia, autoexiliado en Vancouver, Canadá, después de más de una década, regrese a México para ocupar su cargo como senador (“impune”) de la República.

De ahí que los trabajadores expresaron que “ahora anuncia su regreso con bombo y platillo, amparado en un fuero con arreglos políticos, y argucias legaloides para que se le quitaran las órdenes de aprehensión; pero debe responder la deuda que tiene con los verdaderos mineros” porque se trata de un conflicto que se conjuga entre lo laboral y lo penal.

Hay que recordar que cuando le quitaron aquellas órdenes de aprehensión dictadas por tribunales de la Ciudad de México, ésta era gobernada por un perredista ahora morenista.

A pesar de estas artimañas, existen a la fecha dos laudos emitidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que lo obligan a regresar los 43 millones de dólares a sus legítimos dueños.

De tal suerte que el Caso Napíto seguirá en la palestra del escándalo y no habrá legislador ocioso que cuestione no solo su ubicación en un escaño en el Senado que lo librará en pisar la cárcel, sino que se le verá como un presunto delincuente apestado pero con reluciente fuero constitucional. [email protected]  (Imagen Página ciudadana)

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