Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico “Hablando Claro”, de Radio Expresión México, que conduce Manuel Aparicio.
Cuando dirigí la revista policiaca Alarma, al interior de la Secretaria de Gobernación había una Comisión, no sé si todavía exista, de Publicaciones y Revistas Ilustradas, esta dependencia se dedicaba a censurar las publicaciones que le eran incomodas al gobierno, los titulares de dicha comisión siempre eran personajes con ideas muy conservadoras y tenían como argumento, que esa Comisión existía para proteger a la sociedad de publicaciones “indecentes”, y su arma era, a decir de ellos, una lucha permanente en contra de la “pornografía y las malas costumbres”.
Y refiero que se trataba de una dependencia que censuraba a las publicaciones que causaban “molestias” al gobierno, porque aquella comisión acabó con la circulación de la revista Alarma y con ello, dio un golpe mortal a otra publicación hermana de esta, la revista Impacto, eminentemente de contenido político.
La revista Impacto por aquellos días se enfrentó al gobierno al hacer lacerantes críticas a la campaña que realizaba, como candidato a la presidencia de México, Miguel De La Madrid; Alarma era prácticamente el sostén económico de la empresa que las editaba que era Publicaciones Llergo; la lucha se dio y el gobierno al no poder silenciar las críticas que se hacían en Impacto, se apoderó de la empresa, cierto día llegaron un buen número de agentes de civil y se apoderaron de la empresa.
Yo que fui el último director de aquella revista Alarma, siempre me pregunté por qué se calificaba de pornográfica a la revista y la incluían entre otras que eran piratas con escenas sexuales, pero además quien determinaba qué era pornográfico y qué no.
Lo anterior viene al caso por el intento marrullero para colar una ley de telecomunicaciones y radiodifusión centralista, autoritaria y de control social y político, ley que quisieron aprobar al vapor, porque los legisladores ni siquiera tuvieron tiempo para leerla, se manejaron como lo vienen haciendo en Morena los legisladores, por consigna y aprobando.
Se redujo la discusión de esa ley a un artículo sobre plataformas digitales, como dice Raymundo Riva Palacio: “plataformas digitales que podría “apagar” si incumplen normas y observaciones que no se sabe cuáles son, pero que podrían interpretarse bajo los criterios generales y ambiguos de otros artículos, como el de las amenazas, o el uso de lenguaje que consideren los censores inapropiados. Programas de sátira política como “El Privilegio de Mandar”, “Los Peluches”, o noticieros como “La Radio de la República”, donde Chumel Torres combina la sátira con la información, podrían ser censurados”.
El gobierno que todavía se proclama democrático pretende decidir qué se diga en cuanto a información, quién lo diga y de qué manera y cuándo se deban de decir las cosas; eso por donde se le vea es un intento de censura a las libertades, principalmente a la de informar, por lo que pasa por encima de los artículos constitucionales que salvaguardan la libertad de expresión.
El derecho a la libertad de expresión se considera un requisito indispensable en cualquier sociedad. Los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana, señalan que todas las personas tenemos derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo que significa ser libres para buscar, recibir y difundir ideas, opiniones e informaciones por cualquier medio, por lo que nadie tiene el derecho de prohibir o limitar esa libertad. El ejercicio de este derecho está sujeto a restricciones que prevé la ley, como la reputación de las y los demás, el orden público, la salud, la moral pública o para la protección de la seguridad nacional.
Así las cosas, lo que se pretende es una medida dictatorial.
