Jeff Sessions, fiscal general de los Estados Unidos, confirmó hoy en conferencia de prensa la anulación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), mismo que protegía al menos a 800 mil inmigrantes (dreamers), quienes en cuanto termine el permiso de que ahora gozan, deberán regresar a sus países de origen o permanecer ilegalmente en los Estados Unidos.
Para la Dra. Leticia Calderón Chelius, especialista en temas migratorios y profesora investigadora del Instituto Mora,
el fin de este programa implica que cuando cada joven trate de refrendar su estancia legal, dicho permiso no se le renovará, por lo que deberá retornar a su país de origen o volver a su condición de vivir sin documentos en los EUA.
Este escenario tiene tres elementos centrales, sostiene la Dra. Calderón Chelius:
1.- Considerar que concluir DACA no es un asunto exclusivo de TRUMP, sino que el grupo compacto de extrema derecha que lo acompaña en su gobierno tiene en el tema migratorio uno de sus principales objetivos. Desde el gobierno de Obama este grupo bloqueó la posibilidad de aprobar lo que llamaron una reforma comprensiva que regularizara la situación de millones de personas.
2.- Tener en cuenta que el debate sobre como concluirá este asunto pasa a la cancha del Congreso, donde puede abrirse un debate profundo que busque neutralizar el impacto de el fin de DACA; que si bien es un atributo del presidente, puede tener algunas salidas alternativas aún.
3.- El anuncio se da en un momento en que los negociadores mexicanos del TLC discuten de manera cercana con la parte estadounidense, lo que implica que esta medida se percibe como una falta de reconocimiento de México como socio y aliado; algo que es parte del discurso en que se justifica la negociación del TLC.
Adicionalmente, añade presión no solo a las negociaciones sino al clima hostil que la relación gubernamental ha tenido con su contraparte desde la campaña presidencial de Trump. Este punto no puede omitir el hecho de que ya han regresado al país casi 2 millones de mexicanos desde hace 8 años; pero sobre todo, no puede evitar la responsabilidad del gobierno mexicano para facilitar el retorno y reinserción exitosa de quienes tiene un promedio de 15 años de estancia fuera de México.
