Alberto Woolrich Ortíz*
La historia jurídica patria es, sin duda, una de las manifestaciones más importantes para quienes se precian de ser abogados, no sólo porque es una insustituible fuente de enseñanza, para evaluar en su exacta dimensión lo que acontece a finales de ésta Cuarta Transformación de la Nación. Ese volver al pasado nos ubica de manera definitiva en la línea temporal de lo que acontece en México, en razón de lo que el contexto público nos depara en momentos futuros específicos.
Cabe recordar, por si lo anterior fuera poco, que la abogacía se circunscribe, entre otras cosas, a buscar se provea justicia, por ello el tiempo resulta de suma importancia para los togados, quienes debemos circunscribirnos dentro de las formalidades y apego irrestricto a los tiempos, a los plazos, a los términos, los cuáles son factor primordial en la cotidiana actividad de los hombres de leyes que soportan consecuencias jurídicamente fatales.
Por la causa antedicha la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., reflexiona, ya no digamos por el hecho de lo que México atraviesa en la actualidad, que resulta ser, como todos sabemos, la disminución en la seguridad jurídica, detectada en cierta manera por la forma de actuar, pensar y gobernar de Andrés Manuel López Obrador.
Todos los abogados saben, porque así se aprendió en las aulas universitarias, que la seguridad jurídica es un criterio que se relaciona, más que con el aspecto racional y ético del derecho, con su aspecto positivo. La seguridad jurídica como bien enseñaba Don Salvador Mondragón Guerra, es la garantía otorgada al mexicano de que su persona, sus bienes, su dignidad y sus derechos no sean objeto de ataques por parte de la autoridad y, en el caso de que eso llegara a producirse, le serán asegurados, protegidos y reparados.
México cuenta con la seguridad que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dicha seguridad jurídica cuenta con la garantía de que su situación no será modificada por procedimientos derivados de caprichos o arbitrarios o ilegítimos. Como se observa, la seguridad jurídica se identifica con la existencia de ordenamientos jurídicos eficaces.
Nuestro Código Penal resulta ser un ordenamiento jurídico eficaz para combatir a la delincuencia y narco-política, no con los “abrazos y besos” que proclama el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Por eso vale concluir diciendo que nuestro próximo o próxima presidente debe cumplir seriamente con restituir esa seguridad jurídica, combatiendo a ese indigno que tanta desgracia le acarreó a México y al Glorioso Ejercito Mexicano.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz*
Presidente de la Academia de Derecho Penal
Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.
