Laura Castillo García
La asignación por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) -Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública- de 200 hectáreas del predio denominado Los Tlateles o El Moño para el municipio de Chimalhuacán a fin de que ahí construya el campus de la Universidad Politécnica, un Centro Deportivo y Recreativo y un parque tecnológico que genere miles de empleos y promueva una verdadera cultura ambiental a través del Centro Estratégico de Recuperación Ambiental del Oriente (CERAO), ha sido vista por algunos políticos como una oportunidad para colgarse mediáticamente de un tema y posicionarse políticamente rumbo a las elecciones que en el año 2017 tendrán lugar en el Estado de México, en donde habrá cambio de gobernador, y en el 2018 en que habremos de elegir nuevo Presidente de la República.
El panista José Luis Luege Tamargo (también militante de El Yunque, organización ultraderechista), se ha mostrado muy activo en golpear a un municipio habitado por trabajadores humildes que lo único que buscan es mejorar sus condiciones de vida.
Así, el ultraderechista que fue director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en donde dicen los que saben que hizo muy mal papel porque prácticamente no le aportó nada a la nación, ya hizo que se pronunciaran seis senadores panistas -quienes, por cierto, se ve que no saben ni de qué va la cosa porque nada más repiten lo que aquél les aconseja-, y ha emprendido un costoso tour de medios para repetir la misma cantaleta, la cual lo revela como un político absolutamente contrario a los intereses de los mexicanos más humildes, como son los de Chimalhuacán, Estado de México, a quienes pretende que los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) le arrebaten un proyecto que detonará el desarrollo económico de su municipio, hasta ahora considerado “ciudad dormitorio” porque más del 65 por ciento de sus habitantes sale a trabajar a la Ciudad de México y otros municipios aledaños, y sólo regresa a su casa por las noches, unas pocas horas, para descansar y asearse, pues en la madrugada siguiente emprende el camino de regreso a su trabajo en el que obtiene de dos a tres salarios mínimos. Y así todos los días
Académicos y científicos de alto nivel trabajaron el proyecto del CERAO por varios años; realizaron estudios especializados de todo tipo para sustentar un proyecto ambiental que también detone el desarrollo económico del municipio de Chimalhuacán, como fue el objetivo primero de los chimalhuacanos visionarios que impulsaron este proyecto pues saben que, como cualquier mexicano, tienen derecho a generar sus propios empleos toda vez que ni la iniciativa privada ni los gobiernos estatal y federal lo han hecho, por lo que siguen en situación de miseria a la que no están dispuestos a rendirle culto por toda la eternidad.
El yunquista Luege Tamargo miente descaradamente al decir que esas 200 hectáreas fueron un “regalo” a Antorcha Campesina y un “fraude” a la nación. Él sabe perfectamente, con detalle, que esas tierras se le entregaron a la rectora de la Universidad Politécnica y a la autoridad de Chimalhuacán democráticamente electa, como es la presidenta municipal constitucional, Rosalba Pineda Ramírez, quien cubrió ampliamente todos los requisitos de ley y ambientales, tanto ante el INDAABIN como ante la CONAGUA, a fin de que se destinaran las 200 hectáreas a los proyectos arriba mencionados. Mentira, por tanto, que se le hayan entregado al dirigente de Antorcha Campesina.
Desde esta tribuna retamos a José Luis Luege Tamargo a presentar denuncia penal en contra de quien resulte responsable del “despojo” que según él se le está haciendo a la nación; de no hacerlo, quedará claro que sólo son bravuconadas mediáticas para posicionar electoralmente al PAN. Por su parte, Antorcha Campesina también estará en su derecho de emprender las acciones legales que crea pertinentes, incluida la denuncia penal, a fin de no permitir que el yunquista –o quien sea- calumnie y denigre a sus militantes.
La donación de las 200 hectáreas representa únicamente el 27% del total del predio de Los Tlateles; queda un 73% como zona de mitigación, en donde la CONAGUA llevará a cabo el proyecto hídrico con dos nuevos vasos reguladores de gran magnitud y la ampliación de capacidad del Lago Nabor Carrillo por un total de hasta 25 millones de metros cúbicos. O sea, también miente el ensoberbecido Luege Tamargo cuando dice que se verá afectada la “laguna de regulación para evitar inundaciones”.
El pueblo de Chimalhuacán está dispuesto a defender hasta las últimas consecuencias su derecho a generar empleos para vivir mejor, Por eso, el pasado martes, 12 mil personas acudieron al Senado de la República para solicitar sensibilidad del resto de los senadores y no les arrebaten las tierras en donde construirán el proyecto que les da esperanzas para alcanzar un mejor futuro para sus hijos.
