José Luis Aguirre Huerta *
La Corte de Justicia de la Nación es un aparato que sirve para satisfacer los intereses de la clase hegemónica y sus opiniones y decisiones se concretan a paliar la lucha de clases, en conflictos obrero-patronales, agrarios y a mediatizar a las pugnas interburguesas existentes en la aplicación del derecho.
Cuando interpretan correctamente la Constitución de la República solo lo hacen para diluir las garantías individuales principalmente en materia penal, para disminuir los derechos del inculpado y otorgar bendiciones a las policías, para irrumpir en domicilios sin orden de cateo.
Asimismo se ha afanado para permitir la extradición internacional hacia Estados Unidos de Norteamérica de reos nacionales, con franca violación a sus Derechos Humanos, siempre ha tratado de justificar detenciones inconstitucionales, confiscación y decomiso de bienes de particulares y hasta procedimientos de tortura de manera inusitada.
Igualmente este aparato de justicia, ha legalizado la desaparición de Derechos Humanos para proteger la figura del arraigo arbitrario a personas, se ha convertido la Corte de Justicia de la Nación en despacho de protección a Bancos, con amplias facultades para beberse la sangre y alma del pueblo a través del vampirezco sistema del anatocismo, nada ha hecho para impedir el saqueo a los ahorradores, al empobrecerlos quitándole tres ceros al peso, nunca se opuso al saqueo del FOBAPROA, todo en favor de los banqueros quienes se llevaron consigo el dinero de los ahorradores.
La Corte de Justicia de la Nación, nunca ha hecho nada para impedir el saqueo y el robo al país por parte de nuestros gobernantes.
Ha quedado paralizada la Corte de la Nación, sin dotar de apoyo alguno a las familias de los cuarenta y tres desaparecidos de Ayotzinapa.
Extendió un paraguas de impunidad a los propietarios de la guardería ABC, donde murieron rostizados los niños que se encontraban utilizando ese servicio, porque sus dueños pertenecen a la clase reinante.
Han protegido a las industrias transnacionales para beneficiarlos en el impago de impuestos.
Tienen un gordo presupuesto de los decomisos de los bienes del narco, lo que les permite vivir en la opulencia grosera.
Sus sueldos exorbitantes se complementan con prebendas en donde el pueblo les tiene que mantener a sus sirvientes, jardineros, sus tres choferes, sus vehículos pomposos y sus casas palacetes del Pedregal de San Ángel.
Los Ministros y Magistrados gozan del Sistema Bancario Nacional de créditos blandos para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, a cambio de favores a la Banca y a los grandes empresarios, comprometiendo sus juicios y criterios jurisprudenciales anatosistas.
Los Ministros se nutren de incontables intereses económicos y han sido cómplices en la devaluación sin piedad de los ahorros de poblaciones enteras.
Otorgan paraguas de impunidad, a políticos saqueadores y mafiosos que han sido acusados hasta por asesinatos.
Recordad el caso del Ministro Díaz Infante, quien recibía en su despacho a mafiosos y narcotraficantes tuvo que ser encarcelado, al haber recibido un rico botín en maletas repletas de dólares para excarcelar a un reo acusado de violar y matar a una niña en Acapulco Guerrero (caso Braun).
Comedidamente dictan jurisprudencias contrarias a las disposiciones constitucionales, nombran a sus parientes, compadres, familias y cortesanos como integrantes del Poder Judicial Federal, algunos de ellos solo cobrando sueldos estratosféricos sin cumplir con sus jornadas de trabajo.
Son proclives escandalosamente a la venta de plazas de Jueces de Distrito.
Siendo fieles sirvientes de la clase reinante.
Mucho sería deseable publicar las fotografías de los palacios que habitan con sus familias, los Ministros de la Corte de Justicia de la Nación, para que el pueblo cobre conciencia de la vida de satrapía de esos Magistrados.
También sería deseable, investigar en las listas de los Tribunales Colegiados cuantas resoluciones han servido para amparar al quejoso, comparativamente con el caudal enorme de negaciones de Amparo.
Es decir, han pulverizado el Derecho de Amparo en contra del pueblo, circunstancia que ha creado la necesidad de instituir Comisiones de Derechos Humanos, para paliar la miseria de la denegación de justicia, que de manera reiterada la Corte Suprema de la Nación despliega en contra del pueblo.
Si el juicio de Amparo funcionara, ni necesidad habría de las Comisiones de Derechos Humanos.
Todo esto, el Presidente Andrés Manuel no lo ignora, siempre ha manifestado que la Corte de Justicia de la Nación es el despacho jurídico instituido para proteger a la clase reinante.
Es el pueblo quien tiene la consigna histórica de clausurar ese recinto de injusticia, y exigir la renuncia de los Ministros de la Corte, quienes algunos de ellos carecen de conocimiento jurídico elemental, que justifique su estancia en ese órgano de justicia, basta con obligarlos a someterse a un examen general de conocimientos jurídicos, para arribar a la convicción, en cuanto a que muchos de sus integrantes no tienen la preparación técnica para ocupar esos puestos, y han llegado algunos a su condición de Ministros por razones de compadrazgos, amigazgos con titulares del Ejecutivo Federal anteriores a la Cuarta Transformación de la República.
Lo anterior sirva para saludar con beneplácito las medidas adoptadas por el nuevo régimen, establecido en los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación.
(*) Abogado Penalista
Presidente de la Barra Interamericana de Derechos Humanos
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