Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico “Hablando Claro” de Radio Expresión México que conduce Manuel Aparicio.
El artículo primero del acuerdo, no decreto, que publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado lunes, en el Diario Oficial de la Federación, indica que: “Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
El presidente pone como regla general su acuerdo y los únicos que pueden hacer regla general, son los legisladores cuando hacen leyes, al ejecutivo lo que le toca es aplicar las leyes, pero no hacer algo que mediante decreto, o en este caso un “acuerdo” que hace parecer como ley.
Por lo mismo ya es impugnado ese acuerdo; los amparos van a estar a la orden del día, porque el juicio de amparo es un medio contra actos de autoridad que no están bien fundados.
(Fotografía La Jornada)
Debemos considerar que ese acuerdo está invadiendo competencias, en este caso las del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y como se da hacia el legislativo, desde ahí es donde podrían ir a una Controversia Constitucional, porque para poder hacer excepciones, necesitas una ley que te permita hacer esas excepciones, el artículo 89 constitucional, a la letra dice que: Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: I. – Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. … Nacionales, con arreglo a las leyes.
Y el mismo artículo 89, en su fracción VI, señala que una de las facultades y obligaciones del Presidente de la República, es preservar la seguridad nacional, disponiendo de la totalidad de las Fuerzas Armadas del país, para la seguridad interior y la defensa exterior. Pero las principales obras del actual gobierno no ponen en peligro la seguridad del país.
Bueno y en cuanto a la Ley de Seguridad Nacional en su artículo quinto, tiene 13 considerandos de lo que debería ser la seguridad nacional y en ninguno de ellos se menciona que las obras de un gobierno puedan ser motivo de seguridad nacional.
Todo parece indicar que contra lo que se opone el presidente es contra los trámites de esa burocracia que él llama “Elefante reumático”, pero al generalizar, deja en indefensión a particulares que quisieran ampararse en contra, por ejemplo, de una invasión de su propiedad, e incluso en ocultar la información de quienes son los entes contratados, cuánto cuesta la obra y quiénes la realizan.
Entiendo que los proyectos cuando se empiezan a llevar a cabo, cuentan con las soluciones respectivas en cuanto a impacto ambiental y todo lo necesario, incluso en el pago de indemnización a los afectados por la obra respectiva; hay que cumplir con todo y en el proyecto deberían haber estado las soluciones que ahora, dice el presidente, retrasaran las obras de su gobierno.
Al considerar las obras del gobierno de interés nacional, se podría presentar el caso de que alguien, como puede ya estar sucediendo, pidiera información sobre las obras, y el gobierno negaría la información amparándose en el “interés público y seguridad nacional”, sin embargo existen leyes e instituciones que deber seguir dando esa información…
¿No será que lo que se pretende es no dar información de las obras como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería Dos Bocas?
Finalmente lo que veo es que se va perfilando un gobierno identificado con la autocracia, y creo que los abogados que asesoran al presidente, debían de desquitar su salario luchando contra lo que el mismo López Obrador llama “Elefante reumático”, que es la burocracia que todos padecemos en dependencias oficiales, y no induciendo un acuerdo que no tienen futuro por carecer de sustento jurídico.
Esos leguleyos deberían saber que México es un estado de Derecho… por lo menos todavía.
