Miguel Ángel Casique Olivos

Bajar los salarios no reducen la corrupción y sí la pueden inducir.

Hay muchos comentarios, entre los mismos diputados morenistas y en el equipo cercano de AMLO, en donde ya empiezan a verse algunas inconformidades con tan atraído plan de austeridad. Se sabe que, incluso, en la misma Cámara Alta donde don Mario Delgado es el coordinador parlamentario de la bancada morenista, le recriminan que cómo siendo gente muy cercana a López Obrador esté abonando para que el nuevo gobierno arranque este 1º de diciembre como una gestión fallida y que tendrá serios problemas durante el sexenio.

Alguien por ahí recuerda que Delgado está ahí gracias a Marcelo Ebrard pues éste lo vio con buenos ojos para limpiarle el camino en el futuro 2024; se acuerdan, incluso, de las frases de “un país en ruinas” que gritó desde la tribuna en el sexto informe de Peña Nieto, o el “es un honor estar con Obrador”, que más que ayudar perjudican a la percepción que existe bien o mal de AMLO.

Parece que tanto fue el enojo y la inconformidad de Obrador que él mismo tuvo que llamar a la bancada a la cordura y al trabajo legislativo. Entonces, no hay que perder la pista a Mario Delgado ya que seguirá dando de qué hablar y eso le pegará a López Obrador y también a las aspiraciones que el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, tiene para la presidencia.

Ahora que ya fue aprobada la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, seguramente comenzarán las inconformidades en la administración pública, porque no sólo es esto, sino que ya había inestabilidad por el anuncio de la reducción de la plantilla laboral y la descentralización de las Secretarías de Estado que, aunque ya es claro que eso no puede ser en lo inmediato, no se ve que se pretenda cambiar de “estrategia” o de tomar en cuenta a otros actores políticos.

Imagine usted querido lector de Esténtor, qué pensará un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia, cuya percepción supera los 500 mil pesos y que ahora se le reducirá hasta 100 mil pesos, porque según la ley se establecerá que “nadie puede ganar más que el Presidente de la República”. De aprobarse la ley tanto secretarios de estado, subsecretarios, directores, subdirectores, coordinadores, diputados locales y federales, así como senadores y los magistrados, no podrán tener un salario superior a esa cantidad ya fijada, 108 mil pesos.

Pero en México, se sabe ya, que reducir los salarios no es una medida para combatir la corrupción, por el contrario, seguramente la va a incentivar más; el ejemplo está en la CDMX cuando Obrador redujo a la mitad los salarios de los trabajadores del entonces Gobierno de la Ciudad, tras eso, más que en otros años, se disparó la corrupción.

No hay duda y nadie reclama que seguramente se ahorrarán miles de millones de pesos, pero el costo para una estructura de gobierno puede ser más, en el terreno de la corrupción podrá aumentar, pero también podría haber una gran renuncia de funcionarios de alto nivel que sí trabajan y que ya tienen una trayectoria en la política. ¿Sabrán esto los asesores y gente cercana a López Obrador y estarán conscientes de esto? Sólo es pregunta.

El clímax no político…

Y quien no la tiene tan fácil es el gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, pues ya se ha activado la crisis legislativa y en el estado; primero, porque siguió la disputa por el centro de la Junta de gobierno del Congreso en Hidalgo a pesar de que ayer se aprobó un acuerdo que da la presidencia a Morena durante el primer año de legislatura.

Sin embargo, horas después en un medio local, oficial del priismo en el estado, se dijo que la dirección era para el PRI, esto en voz de la diputada María Luisa Pérez; pero lo cierto es que lo legal es el acuerdo votado por mayoría, -y solo con la oposición del PAN y PRI, es decir, siete diputados de 30-, donde se otorga la dirección de la Junta de Gobierno a Morena.

Segundo, la crisis no sólo está en el Congreso, sino pronto se verá en las calles. Ayer la líder social Guadalupe Orona Urías señaló que en Hidalgo hay 600 mil habitantes que no tienen alimento, que padecen pobreza extrema y que Hidalgo es el séptimo o noveno estado más pobre de México.

También criticó al gobierno hidalguense por secuestrar y retener recursos que la Cámara de Diputados autorizó para obras y servicios, por lo que este viernes en todas las capitales del país se ven mantas de protesta y solidaridad con el antorchismo hidalguense. Además, se anunció para el 26 de septiembre una protesta de 40 mil hidalguenses. El de Omar Fayad es un gobierno que sobrevive aún al morenismo, pero esto podría cambiar en la siguiente gubernatura; por lo pronto, en el Congreso y en la calle, Omar Fayad será mencionado como que tiene un estado en crisis. Por el momento, querido lector, es todo.

Deja un comentario