Miguel Ángel Casique Olivos
AMLO agrede a la organización popular y viola la Constitución
Ahora, más que nunca, se ha estado recordado una y otra vez los compromisos que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México; prometió, primero hacer cambios profundos en la forma de realizar y ejercer la política y terminar con la corrupción; segundo, ejercer y realizar políticas para cumplir con su frase de que primero estaban los pobres, a esos había que “salvar” de la “Mafia del poder” y luego hacer que su pobreza y miseria terminaran.
Hoy, a escasos 10 meses de administración morenista, el gobierno de AMLO se muestra incompetente para cumplir con cada una de sus promesas de campaña; porque ni se ha vendido el avión presidencial, ni se ha terminado la corrupción (ahora los corruptos se pintan de color guinda) ni se está atacando en serio la pobreza y la miseria; por el contrario, se está generando una percepción, pero sólo es mera percepción, de ser un gobierno que no reprime las expresiones y manifestaciones individuales o de grupo. Así lo quisieron hacer creer, tanto el gobierno federal como el de la CDMX, con las protestas de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sobre la defensa del aborto y la de la conmemoración del movimiento del 68; después de eso vino la protesta de al menos mil taxistas, donde se aseguró no hubo represión y el acuerdo final fue que los taxistas no volverían a bloquear, jamás se habló de sus demandas y peticiones.
En todas esas protestas el mensaje que los gobiernos, local y federal, intentan colocar en la mente de los capitalinos fue que la autoridad no usa la represión policiaca y que basta con sacar a unos miles de funcionarios morenistas para formar un “Cinturón de Paz” para evitar que grupos de anarquistas hicieran destrozos y vandalizaran monumentos históricos o la calles del Centro Histórico de la Ciudad de México; sin mucho éxito y tras la crítica de la población representada por videos, fotografías, memes que circularon velozmente por las redes sociales para informar que los anarquistas generaron violencia y vandalizaron edificios de la capital, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se atrevió a decir que el Cinturón de Paz, había sido un éxito y que no se había usado la fuerza pública.
Si el gobierno tiene el objetivo o generar la idea, entre la mayoría de los mexicanos, de que no es represor y de que se está apegando a la legalidad, pronto se llevará un tope porque lo que sucede en la realidad es otra cosa; pues no sólo no se está reprimiendo a la población, sino que, además, se están violando flagrantemente los derechos ciudadanos y se están modificando varias leyes que van a perjudicar a la población, sólo por el capricho de López Obrador.
Un ejemplo claro de esto es lo que sucedió en el estado de Chiapas donde, a unos 5 días de que se realizara el tercer evento de 45 Aniversario del Movimiento Antorchista, a la dirigencia estatal se le hizo saber que por “órdenes superiores” (se entiende las del señor López Obrador) se prohibía el uso del Estadio “Víctor Manuel Reyna” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para le celebración del antorchismo.
Pero además de la prohibición del uso de ese espacio, cuando ya se había autorizado varias semanas atrás y de que, incluso, ya se había estado anunciado en cientos de miles de volantes y cientos de spots radiofónicos y televisivos; además, se lanzó, como una bomba amenazadora, que “no se iba a permitir la celebración de dicho evento por órdenes superiores y que si se hacía, habría consecuencias”. ¿Es este el actuar de un gobierno de izquierda y democrático o de un gobierno que vocifera que primero están los pobres?
Para nadie es un secreto que Antorcha es la organización más grande y mejor estructurada de México, que ya cuenta entre sus filas con al menos unos 3 millones de mexicanos, teniendo fuerte arraigo en Puebla, Estado de México, San Luis Potosí, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Baja California, entre otras entidades; y precisamente por ser la más fuerte, con una dirección acertada por parte de su líder social el ingeniero Aquiles Córdova Morán, y de ser una organización independiente financiera y políticamente, es atacada y amenazada por el poder político con el antifaz de “Cuarta Transformación” representada por el mandatario nacional López Obrador.
Lo que acaba de ocurrir, prestándose como operador y orquestador el gobierno estatal de Chiapas, es una amenaza represiva directa a la organización popular y a todos los mexicanos que se quieran organizar para defender sus derechos; es un atentado contra el derecho que tiene todo ser humano de reunirse pacíficamente, derecho establecido en el artículo 6º de la Constitución Política de México que declara: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.
¿Qué mal podía hacer una concentración de 60 mil mexicanos de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco que celebrarían el 45 aniversario de su organización? ¿Qué amenaza representaban, para el gobierno estatal o federal, esas amas de casa, niños, estudiantes, obreros, colonos, profesionistas y campesinos que disfrutarían de arte y cultura? Ninguna amenaza representan; y sin embargo, se les prohibió el uso del Estadio “Víctor Manuel Reyna” y además, vía sus dirigentes, se les amenazó de que se atuvieran a las consecuencias si se realizaba el evento político-cultural.
Un gobierno con máscara de cordero, supuestamente democrático y que para él están primero los pobres, hoy se pone su careta de lobo feroz y se lanza, con amenazas graves, contra el único derecho que tienen los mexicanos para que se defiendan de las injusticias, el de organizarse y manifestarse. Hoy el gobierno mexicano comienza a mostrar su faceta de dictador y represor, pero ante estos ataques políticos el pueblo también se prepara para defender sus legítimos derechos que están respaldados en la Carta Magna de nuestro país. Antorcha y todos sus líderes sociales, siempre honestos y combativos, no dudarán de ir al frente de ese río humano con ansias de justicia y equidad social.
El clímax no político…
La administración morenista de Miguel Barbosa en el estado de Puebla tiene el pendiente de hacer justicia al crimen político del alcalde antorchista de Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández Pasión, que fue cometido la tarde del 10 de octubre de 2017.
Hoy se cumplen dos años del artero asesinato del ex alcalde huitzilteco quien fue abatido, junto con su escolta Juventino Torres Melquiades, en una emboscada orquestada por los grupos caciquiles de la región. Las autoridades encargadas de impartir justicia no han capturado a los autores intelectuales.
Hernández Pasión era una persona pacífica y el trabajo que realizó fue de gran beneficio para los huitziltecos, trabajo que hoy se puede ver materializado en las pavimentaciones, la Unidad Deportiva, construcción de aulas, la Casa de la Cultura, techados y el hospital, logrando detonar en su periodo el desarrollo de este municipio ubicado en la sierra nororiental de Puebla.
A dos años de este crimen político, miles de huitziltecos le rinden un homenaje y exigen que el gobierno estatal de Puebla haga justicia y castigue a los culpables que se pasean tranquilamente por la ciudad de Zacapoaxtla, incluso, se rumora, bajo el manto protector del morenismo poblano. ¿Será? Por el momento, querido lector, es todo.
