Miguel Ángel Casique Olivos
Crisis de seguridad en la 4T
La incidencia delictiva en el país durante septiembre, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, fue muy alta y México se mantiene como uno de los países más violentos entre los 100 mil 300 homicidios y feminicidios registrados en los casi tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), saldo debido a su política de “abrazos, no balazos”.
A pesar de que las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y Marina (SM) han desempeñado un papel relevante en la atención a la crisis de seguridad, dejando fuera de acción a las policías estatales y municipales, la violencia no frena. Además, ambas dependencias han recibido enormes aumentos presupuestales. Se sabe por ejemplo que, en 2022, el gasto de la Sedena será de 104 mil 107 millones de pesos (mdp); el de la Marina será de 37 mil 750 mdp, que en total suman 141 mil 858 mdp, seguidos por el de la SSPC, que dispondrá de 93 mil 379 mdp. En contraste, las policías estatales apenas tendrán siete mil 988 mdp.
Es así como AMLO propuso el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2022 y fue así como lo aprobó el Congreso de la Unión, pese a su manifiesta “militarización” e ineficiencias para abatir la violencia y la inseguridad pública. De diciembre de 2018, cuando se inició la administración de AMLO, a septiembre de 2021, el crimen organizado ha generado una ola de terror que lleva a cientos de mexicanos a desplazarse de sus poblaciones de origen para no ser alcanzados por la violencia, mientras gran número de efectivos de las fuerzas armadas construyen un aeropuerto civil, un tren y una refinería.
Hace unos días, el diario Reforma difundió que “unos 90 mil uniformados están hoy encargados de los proyectos del Gobierno Federal, como vigilar el reparto de Gas Bienestar y de diversos enseres, aplicar vacunas, apoyar en atención emergente de Covid-19, perseguir migrantes, monitorear aduanas, cuidar el traslado de fertilizantes y combatir el huachicol. Eso representa el 42 por ciento del total de efectivos movilizados por el Ejército, la Marina y Guardia Nacional (GN) que suman en total 209 mil 715 elementos”.
Esto evidencia claramente que el Gobierno Federal está utilizando a las fuerzas armadas en ocupaciones ajenas a su tarea especializada o en la atención de extrema urgencia, como es el caso de los desastres naturales o las crisis de violencia en las que el crimen organizado acecha la vida de personas inocentes.
Los datos anteriores son relevantes porque, según el informe del World Justice Project Rule Of Law Index 2021 (Índice del Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial 2021), México ocupa el lugar 129 de 139 países evaluados y el 26 en América Latina. En esta evaluación, la mejor calificación corresponde al uno y el 139 a la peor sobre el control del crimen y la violencia, lo que contradice, con base en datos duros, el discurso del Presidente y denuncia la gravedad de la crisis de seguridad que vivimos los mexicanos.
El número alarmante de homicidios debería inducir al gobierno a cambiar su estrategia de seguridad; pero tanto la secretaria Rodríguez como AMLO se aferran erróneamente a ella. No es necesario ir muy lejos para saber que todos los mexicanos se sienten amenazados por la violencia delictiva en las puertas de sus hogares. Las 100 mil víctimas mortales son consecuencia de que en el Gobierno Federal un solo hombre es quien toma las decisiones, aun si éstas afectan a los más desprotegidos del país, que lo llevaron al poder.
Las especulaciones de que el crimen organizado intervino en las pasadas elecciones mediante pactos con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se hace verdad. AMLO ya no tiene excusas con respecto a este asunto, pues la gran mayoría de los estados del Pacífico, donde los grandes grupos delictivos tienen amplio control, se pintaron del color de su partido.
La estrategia del Presidente contra la inseguridad y violencia es equivocada; su política de “abrazos y no balazos” fue más bien un abono para que el crimen floreciera y se incrementara como nunca antes. Incluso mientras AMLO y su gobierno persiguen a quienes ven como enemigos, al crimen organizado se le aconseja “portarse bien” y no se le toca un pelo.
Pero la política contra la inseguridad no es la única fallida. AMLO yerra en economía, educación y salud. Todos los mexicanos deben despertar y convencerse de que su estrategia no es la que México necesita. Hay que organizarnos y luchar para encontrar un remedio definitivo a los males de nuestra patria. Por el momento, querido lector, es todo.
