Miguel Ángel Casique Olivos
Vienen protestas y plantones en la Cámara de Diputados
Desde el ocho de septiembre, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entregó a la Cámara de Diputados y Senado de la República, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020; y según él mismo, se puso atención especial en la distribución del gasto social, seguridad y apoyos fiscales a Petróleos Mexicanos (Pemex).
La aprobación del PEF es facultad exclusiva de los diputados federales; así que después de que se concluya el análisis en comisiones, éstos deberán aprobarlo en el Pleno; la fecha límite es el 15 de noviembre; después, el Ejecutivo dispondrá de 20 días para difundirlo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y otros 20 para publicarlo y enviar los anexos del presupuesto a la Cámara de Diputados.
Falta poco más de dos semanas para que termine el plazo de entrega del PEF; hasta entonces conoceremos el monto y la distribución de los recursos públicos a los organismos autónomos, así como las transferencias a los estados y municipios.
Sin duda, los ingresos y los egresos planteados por el Gobierno mexicano para el siguiente año responden a sus compromisos con los dueños del poder económico. Los grandes empresarios no parecen preocupados por el discurso de López Obrador (AMLO), la cúpula empresarial no teme ver afectados sus intereses porque tampoco esta vez se les cobrarán más impuestos.
Las ganancias de la clase empresarial están garantizadas y nada indica un aumento en sus contribuciones al fisco; la frase “que paguen más los que ganan más, y que peguen menos lo que ganen menos” quedó otra vez fuera de la ley de Ingresos. Pero a los pobres sí que se nos cargarán más impuestos, aunque se les cambie el nombre.
En la Ley de Ingresos, por ejemplo, se están tomando aspectos muy generales, se asegura que no habrá recesión ni en Estados Unidos (EE. UU.) ni en México, y que la producción de petróleo aumentará a 1.9 millones de barriles diarios (sic.), es decir 13 puntos porcentuales; también se especula sobre un crecimiento económico de dos por ciento, pero no se explica la forma en que se logrará este crecimiento al que las encuestas han colocado debajo del 1.5 por ciento de aprobación. Y como ya sabemos, en los últimos meses el crecimiento económico fue de cero por ciento.
Resulta preocupante que se sobreestimen el crecimiento y el ingreso; si ninguno se realiza, habrá serios problemas y se tendrá que recortar al gasto o contraer más deuda. Otro dato revelador es que se privilegia a los programas de transferencia directa, y ya sabemos que este reparto de dinero no impulsa la producción ni el empleo, pues solo busca asegurar la continuidad del partido en el poder, manteniendo cautivos a los votantes para las elecciones intermedias de 2021.
En lo que a egresos se refiere, con un gasto de 6.1 billones de pesos, vemos cómo el gasto a la población se estipula en 16.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra igual a la de este año, que de por sí ya era de las más bajas.
Entonces se ve claramente que el presupuesto desatenderá las necesidades sociales. Habrá recortes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); esto se resentirá en las carreteras del país, pues no habrá mantenimiento o construcción; tampoco habrá apertura de caminos y vivienda o dotación de servicios como drenaje, luz eléctrica, agua potable, electrificaciones; en fin, todo lo que se podía hacer vía el Ramo 23. Otro de los renglones más afectados es el de salud; datos oficiales dan parte de que México ocupa el lugar número 99 en acceso a cuidados médicos de calidad y que se dedica 2.8 por ciento del PIB a gasto público en salud, lo que nos ubica en el lugar 107.
Frente este panorama desolador se ha presentado una ola de protestas desde la semana anterior; un grupo de alcaldes fue a Palacio Nacional a pedir que no le recorten presupuesto a los municipios. La presienta municipal de Chihuahua, Eugenia Campos, advirtió que el grupo de alcaldes, formado por unas 40 personas, solicitaron audiencia con el Presidente; ya no piden más, solo que no les quiten lo que ya tienen.
Antes del 15 de noviembre, fecha límite para la aprobación del PEF, presenciaremos varias protestas; se preparan ya algunas conferencias de prensa en al menos 300 municipios para denunciar la arbitrariedad en las asignación de los recursos y la discriminación que sufrirán comunidades y pueblos donde se efectuaron los recortes presupuestales.
Entre el 10 y el 15 de noviembre habrá protestas en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación y plantones en San Lázaro. ¿Cuál será la repuesta federal?, quedará alguien sensato en el Gobierno Federal y en el Congreso que recomiende atender a los inconformes?, ¿les repetirán el tratamiento aplicado a los alcaldes, que fueron repelidos a las puertas de Palacio Nacional por las fuerzas “del orden”? ¿Volverá a decir el Presidente: “Sí lanzamos gas lacrimógeno a alcaldes afuera de Palacio Nacional, pero poquito”? Por el momento, querido lector, es todo.
