Fernando González Mejía
Hace un par de semanas fue tema nacional la amenaza de López Obrador de desaparecer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La mayoría de comentaristas asoció la amenaza a la queja sobre el recorte de recursos al Coneval señalada por su secretario ejecutivo, el doctor en economía Gonzalo Hernández Licona, que ocupó el cargo del año 2005 al 22 de julio de este 2019 (14 años). López Obrador negó dicho recorte con su consabido “yo tengo otros datos” y de inmediato amenazó con desaparecer el organismo público descentralizado de la administración pública federal, organismo que mantiene relativa independencia del gobierno.
Posteriormente, el director del Coneval fue removido. El hecho pasó un tanto desapercibido porque los medios ya no le dieron la cobertura mediática necesaria, no sé si por órdenes superiores de algún lado. Entró al relevo el doctor en economía José Nabor Cruz Marcelo y, con esto, AMLO se “tranquilizó”, se conformó con el cambio de director.
Antes que nada, debo decir que México no es el único país que evalúa, que actualiza constantemente el Índice de Desarrollo Humano (IDH), pues es compromiso y obligación de todos los países miembros de organismos internacionales como: ONU, FMI, OMS, UNESCO, CEPAL.
En segundo lugar, debo decir que todos los países buscan la relativa autonomía de los organismos de evaluación, pues es necesaria la objetividad para seguir de cerca el rendimiento de los gobiernos en el combate a la pobreza y la mejora de la economía, la salud, la vivienda, etc., y para que no estén expuestos a la politización o, mejor dicho, a la manipulación de información por parte de los mismos gobiernos.
Otra cosa: la mayoría de los países del mundo suscribieron acuerdos en torno a las famosas y cacareadas Metas de Desarrollo del Milenio (MDM) que originalmente comprendían 8 medidas para abatir a nivel mundial la miseria y la desigualdad social y económica, como: erradicar la pobreza y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sustentabilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Las ocho metas debían ser cumplidas o acusar un avance significativo para el año 2015, pero la mayoría de ellas no se lograron, por lo que fueron ampliadas las aspiraciones y agregadas metas a cumplir en el año 2030; es decir, se dieron más tiempo.
Un último dato por el cual probablemente AMLO se echó para atrás en su decisiòn de desaparecer el Coneval. Para coadyuvar a cumplir las primeras ocho metas, los organismos internacionales aprobaron distintos recursos para varios países: en su momento, a México le destinaron recursos para los programas sociales como Oportunidades, el Seguro Popular, la CONAVI y fortalecieron el INEA para combatir el analfabetismo.
Así, cada institución mexicana se impuso metas a través de documentos muy interesantes, en los cuales se exponían las cifras a resolver en cada localidad, municipio, estado y, obviamente a nivel de todo México. Por ejemplo, CONAVI estableció la necesidad de acciones de mejoramiento y construcción de vivienda durante una década, en promedio 3.5 millones cada año; INEA aclaró y expuso la cifra de mexicanos mayores de 15 años que no sabían leer y escribir, y así cada año estableció la cantidad de personas que debían sacar de la afectación —por cierto, con estas cifras el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, impulsó un programa masivo de alfabetización (ALFA TV) con el uso de la televisión y la aplicación de una sencilla cartilla que permitió que, cada siete semanas, miles aprendieran a leer y escribir. Actualmente Chimalhuacán tiene el más bajo índice de analfabetismo de todo México.
La actual política de combate a la pobreza de López Obrador desestima rotundamente estos acuerdos mundiales, pues, sus programas de transferencia monetaria evidentemente no atacan el fondo de esos males. Entonces, la pregunta será ¿en dónde están los recursos internacionales que siguen asignándose a nuestro país? ¿La 4T los utilizó para disminuir las migraciones masivas, apoyos que ahora benefician a ciudadanos guatemaltecos, hondureños y, por eso cancelò Lòpez Obrador el Prospera, el Seguro Popular, Estancias Infantiles y otros programas más?
Entonces, amable lector, es obvio que López Obrador tuvo que guardar el rencor que sentía por este tipo de instituciones porque, quizá no sabía, como en el caso de las calificadoras Standard & Poor´s, Moody’s y Fitch Ratings a las que exigió corrigieran y rechazó sus datos, que no es voluntad del soberano la decisión de evaluar, es su obligación.
Finalmente, nos interesa recordar este acontecimiento para establecer la imposibilidad que tiene la inmensa mayoría de los habitantes del mundo para salir de su miseria, por lo menos dentro del capitalismo, pues este sistema económico concentra la riqueza en manos de unos pocos y excluye a la mayoría de la gente de los beneficios mínimos que humanamente necesita.
El gobierno de la 4T -que no escapa de ser, como lo señalaba Lenin, “una máquina para mantener la dominación de una clase sobre otra”-, confirma la inevitabilidad del fracaso de los organismos burgueses para combatir la desigualdad, y ello, pese a la ilusión (o falacia consciente) de AMLO de haber puesto fin al neoliberalismo
¿Cómo se van a evaluar ahora los programas de transferencia monetaria de la 4T? ¿Será que AMLO se está amarrando el dedo ante el inminente fracaso? Y es que una política de desarrollo social y humano instrumentada de este modo, sin controles, sin medidas, sin evaluación, permitirá plenamente a AMLO seguir imponiendo sus “propias cifras”.
