La empresa Mota-Engil México afirmó que fue “ilegal” el fallo de la primera licitación para construir el Centro Intermodal de Transporte Terrestre (CITT) del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, por lo que promovió ante la Secretaría de la Función Pública un recurso de “inconformidad” porque se declaró “desierta” la convocatoria.
Es la primera ocasión, después de 321 procedimientos de contratación por 136 mil 133 millones de pesos, que se impugna un resultado, lo que obligó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), que dirige Federico Patiño, a revelar información que evidencia presuntas irregularidades e inconsistencias. MILENIO tiene copia de los documentos.
Mota-Engil es la constructora más importante de Portugal y está entre los principales 30 grupos europeos del ramo. Su alegato es simple: su propuesta de 9 mil 517 millones de pesos para la construcción del Centro Intermodal fue menor a los 10 mil 410 millones presupuestados por la agrupación aeroportuaria y debió considerarse. Nunca se evaluó, igual que otras cuatro posturas.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cabeza del sector aeroportuario, expuso que ante la duda planteada por la empresa, el GACM debe entregar información al Órgano Interno de Control de la Función Pública, que será el que determine si hubo ilegalidad en el procedimiento de licitación del Centro Intermodal. Esta es la primera inconformidad que se presenta en el sexenio por licitaciones en obras de la SCT.
Por lo pronto, la impugnación la tiene el Órgano Interno de Control del GACM, que hará sus observaciones y las canalizará a la Función Pública para que ésta o su Órgano Interno de Control tomen decisiones a finales de este mes o mediados de febrero.
Esta acción no impide continuar con los procedimientos de la segunda licitación de esta obra lanzada el 21 de diciembre, y en la que participará la mayoría de las empresas que lo hicieron en la primera, aunque con el temor de que se pueda invalidar si le dan la razón a Mota-Engil.
Saben que la empresa portuguesa recibió oficios con distintos manejos de cifras de un mismo documento, que algunos no tienen la firma de alguna persona responsable, y que el director del grupo aeroportuario debió suscribir el correspondiente al techo presupuestal, como lo establecen el artículo 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y no el director corporativo de Finanzas.
En el documento sobre la “Autorización de Contratos Plurianuales de Obra Pública, Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios” GACM/DCF.-012/2017, autorizado por el director corporativo de Finanzas de GACM, Ricardo Dueñas Espriu, se establece que el presupuesto autorizado para la obra es de 10 mil 410 millones 692 mil 998.90 pesos.
Esta cifra se ocultó durante el proceso de la primera licitación, y ante la “inconformidad”, la empresa aeroportuaria dijo que “existía una prohibición implícita para dar a conocer dicha información”.
Mota-Engil México señaló a su favor en el documento entregado a la Función Pública que dar a conocer el monto del presupuesto autorizado es un “requisito esencial” para justificar el sentido y alcance del fallo. La constructora participó en esa licitación junto con Mota-Engil Engenharia e Construcao, Calzada Construcciones, Construcciones Rubau, Hycsa Edificaciones y Proyectos, y Desarrollo y Construcciones Urbanas.
El 13 de noviembre pasado, el consorcio encabezado por Mota-Engil para la construcción del Centro Intermodal promovió un recurso de “inconformidad” ante la SFP por considerar que el fallo de la primera licitación fue “ilegal” debido a que el GACM no informó el monto del presupuesto autorizado para el contrato.
El grupo aeroportuario presentó el 28 de noviembre ante el Órgano Interno de Control un informe circunstanciado donde sostiene que “no tiene obligación de dar a conocer a los licitantes el presupuesto autorizado para justificar que se desecharan las propuestas”, pues no es necesaria para “fundar y motivar su determinación”.
Agregó que “solicitar que se dé a conocer el monto del presupuesto autorizado es tanto como pretender exigir una abundancia superflua en la fundamentación y motivación”, y que existía una “prohibición implícita” para dar a conocer dicha información.
El consorcio constructor presentó una ampliación a la inconformidad el 7 de diciembre al conocer nueva documentación, como el oficio GACM/DG/DCF/047/2017, que hace referencia a la existencia de suficiencia presupuestal sin establecer monto específico; el requerimiento de presupuesto 698 (suficiencia presupuestal 00049/2017) que carece de firma y la “Autorización de Contratos Plurianuales de Obra Pública, Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios” GACM/DCF.-012/2017, suscrita por el director corporativo de Finanzas de GACM, donde se establece que el presupuesto autorizado para la obra es de 10 mil 410 millones 692 mil 998.90 pesos cuando, por cierto, la oferta de los inconformes era de 9 mil 517 millones 714 mil 452.17 pesos.
Esos documentos ofrecen irregularidades en las cifras e inconsistencias, aunque todos se refieren al oficio GACM/DG/DCF/047/2017. El requerimiento presupuestal número 698 señala que el monto global del contrato es de 8 mil 974 millones 735 mil 343.87 pesos y que la cifra a ejercer en 2018 es de 3 mil 341 millones 846 mil 288.92 pesos; en el proyecto de la segunda convocatoria número PC-009-KDH999-E95-2017 se apunta que el monto a ejercer en 2018 es por 3 mil 876 millones 541 mil 695.15 pesos y que no se incluye IVA, y en la segunda convocatoria número LO-009KDH999-E102-2017 se afirma que en 2018 se aplicarán 742 millones 9 mil 774 pesos y que no se incluye el IVA.
Las irregularidades también se relacionan con las firmas. En los informes de GACM se insiste que el director corporativo de Finanzas está facultado para emitir la autorización presupuestal requerida para licitar, y pasa por alto lo que se establece en las leyes antes citadas. (Fuente Milenio)
