“El litigio de los fondos buitres complica los procesos de reestructuración y socava la capacidad de los países endeudados de combatir la pobreza y concretar los derechos sociales y económicos”, dijo Juan Pablo Bohoslavsky, experto en el efecto de la deuda en las garantías fundamentales.
Por su parte, Philip Alston, relator especial sobre pobreza extrema, destacó que las crisis de deuda del pasado tuvieron consecuencias graves en los derechos humanos de los argentinos y que se corre el peligro de que esto ocurra nuevamente.
Alston recordó que después del incumplimiento de Argentina en 2001, el 53% de la población del país se sumió en la pobreza y añadió que pese al aumento de inversión social que siguió a la reestructuración, queda trabajo por hacer en la provisión de servicios sociales y reducción de la pobreza.
El litigio de Argentina data de 2008, cuando un fondo de cobertura compró 48 millones de dólares en bonos por una fracción de su valor nominal para luego, junto con otros tenedores de deuda, negarse a participar en la reestructuración y demandar al país en una corte de Estados Unidos para obtener el 100% del valor de los instrumentos más los intereses.
En junio pasado, el tribunal falló a favor del fondo demandante y bloqueó los pagos de Argentina a los acreedores que aceptaron la reestructuración.
Los expertos de la ONU señalaron que si Argentina pagara dicho monto, sería demandado por todos los otros acreedores, lo que podría llevar al país a la quiebra en perjuicio de su población.
Además, advirtieron que este caso no concierne únicamente a Argentina, sino que afecta a todos los países que hayan reestructurado su deuda o se encuentren en ese proceso, por lo que urgieron a regular ese mercado.
