Fiscalizar a Sindicatos de Burócratas; PAN

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Jaime Arizmendi

*Ingresos Excedentes por Reforma Hacendaria, al Sector Social

La mano que gasta y en qué La demanda social para que los sindicatos del Estado transparenten el uso de los recursos públicos que reciben, y que sean fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, es un asunto cíclico; pero siempre se ha sublimado ante el poder de los dirigentes sindicales a quienes se les acusa de su contubernio con los gobiernos del PRI, partido en que milita la mayoría, aunque se mantuvieron igual en los 12 años del PAN en Los Pinos.

Como sea, el diputado panista Juan Bueno Torio volvió a poner el tema en la palestra legislativa y el pasado jueves propuso una iniciativa con ese objetivo. Plantea reformar disposiciones de las leyes: Orgánica de la Administración Pública Federal, de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación.

Al fundamentar su iniciativa, el legislador veracruzano considera fundamental que los sindicatos “comiencen a transitar hacia esquemas de mayor transparencia y rendición de cuentas”, y que los trabajadores y las autoridades puedan conocer en qué se gastan los recursos públicos y sus fuentes de financiamiento.

Esto –aclara–, “no conlleva una intromisión a la libertad de administración ni condiciona los procesos internos del sindicato… simplemente se limita al derecho que tiene la ciudadanía de contar con información sobre los recursos que ella misma aportó, con el fin de evitar que exista una desviación en su manejo”.

Rememora que en la propuesta del Ejecutivo para la reforma laboral, promulgada en noviembre de 2012 (con el también panista Felipe Calderón a punto de ceder el mando de la Nación a Peña Nieto), se proponía que los sindicatos rindieran cuenta de la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino; pero no prosperó en su discusión en el Congreso de la Unión.

Por ello, subrayó la necesidad de transparentar la recepción, el uso, manejo y destino de los recursos de los sindicatos del Estado y que existan mecanismos claros de rendición de cuentas, “en los que no exista opacidad, ni dispendio”.

En la iniciativa de decreto se considera como entidades fiscalizadas a los sindicatos y se propone que la ASF supervise directamente los recursos federales que administren o ejerzan, y determine si se ejercieron conforme a los convenios, contratos o cualquier otra disposición mediante la cual fueron transferidos.

Así, será obligación de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, publicar y difundir de manera semestral, cuando hayan recibido, destinado, administrado o ejercido por cualquier concepto, recursos públicos federales; información que deberá estar disponible en las páginas de Internet de las dependencias y entidades de la administración pública federal, como de los Poderes Legislativo y Judicial y de los organismos constitucionales autónomos.

Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecer las bases generales para la realización de auditorías, incluyendo, como entidades fiscalizadas, a los sindicatos que se conformen de acuerdo al apartado B del artículo 123 constitucional, o a cualquier persona física o moral, cuando se les destinen recursos públicos federales.

Y advierte que las unidades de auditoría preventiva se regirán por las disposiciones generales que emita la SHCP sobre la fiscalización de recursos públicos federales, respecto de las personas físicas o morales que los reciban, ejerzan o administren.

Deberán entregar informes de las denuncias presentadas por actos de corrupción, mismas que comprenderán tanto a las dependencias y entidades de la administración pública federal, como a los sindicatos, personas físicas o morales que reciban, ejerzan o administren recursos públicos federales y sociedades y asociaciones vinculados con cualquiera de ellos.

Finalmente, plantea que los sindicatos de trabajadores y los organismos que los agrupen estarán obligados a dictaminar, en los términos del Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado. Habría que empezar con el gremio magisterial de la CNTE

Lo dicho: reforma de corte social… La Cámara de Diputados exhortará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que los ingresos excedentes que se recauden con la reforma hacendaria, sean destinados a programas sociales y productivos, y no al gasto corriente; además, velará porque el Presupuesto 2014 se reparta de forma justa, equitativa y con transparencia.

Luego de semanas de intensos jaloneos, marcajes y desmarcajes entre las bancadas, y hasta en su interior (caso PRD), la semana pasada el Congreso de la Unión aprobó finalmente el paquete de reformas en materia hacendaria y la Ley de Ingresos para el 2014. Ahora, toca a la Cámara baja diseñar el PEF del próximo año, cuya fecha perentoria es el día 15 del presente mes.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Ricardo Anaya Cortés, previno que “el presupuesto tendrá una perspectiva social”, e insistió en que “ése es el acuerdo al que hemos llegado con los distintos grupos parlamentarios representados en la Cámara”; y solicitarán a la SHCP que verifique su ejecución con estricta observancia de la transparencia y rendición de cuentas.

Para lograr la mejor distribución posible de los recursos, se intensificará el diálogo entre las fuerzas políticas y con la sociedad en general. Asimismo, la Junta de Coordinación Política debe alcanzar los acuerdos para elegir a los cinco consejeros faltantes del Instituto Federal Electoral, incluido el presidente del mismo IFE.

Sobre todo a partir de que el próximo viernes, 8 de noviembre, es el último día para que los grupos partidistas presenten sus propuestas ante la Jucopo. Y es que si el Consejo General del IFE puede continuar sus funciones con sólo cuatro de sus nueve integrantes, se puede argumentar que dicho organismo comicial debería existir solo en año electoral.

De ser así, cuántos recursos se estarían ahorrando en el erario federal, ya que no se requeriría pagar las cuantiosas sumas mensuales para mantener a los consejeros electorales con todo y asesores, secretarias, ayudantes, choferes y más; todo esto aparte de las “liquidaciones” que se asignan con millones de pesos al concluir su encargo. Basta de cuotas partidistas, urge un IFE ciudadano

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