*El corrupto blindaje protege a deshonestos y tramposos
Por Luis Repper Jaramillo*
lrepperjaramillo@yahoo.com
¡Por fin. Una buena, contra pésimo trabajo de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados!
El 19 de abril de 2018 pasará a los anales de la vida institucional del país, como la fecha en que se quitó a diputados, senadores, presidente de la república, ministros de la corte, magistrados, gobernadores, secretarios de estado, jefe de gobierno de la Ciudad de México y burócratas divinos, el escudo, la protección: el Fuero Constitucional. Un estatus aberrante, que la sociedad reclamaba desde varios sexenios atrás, pero que el Poder Legislativo ignoró, por así convenir a sus sucios intereses personales y de grupo.
Esta tercera semana de abril de 2018, significará un hito en la historia pues por fin los “inmunes”, convenencieros, inmorales “beneficiados” del estatus podrán ser juzgados por delitos, excesos, trampas y corrupción, pues el blindaje constitucional les había otorgado patente de corso para sus fechorías.
Legisladores, gobernadores, presidentes de la república, ministros de la corte, magistrados, secretarios de estado se sentían y actuaban con impunidad sabedores que nadie podía contravenirlos, pues se amparaban en el entuerto jurídico que les permitía no ser sujetos a proceso judicial.
Sin embargo, no hay mal que dure 100 años y pueblo que lo resista, ante la demanda popular y exigencia moral de terminar con privilegios irracionales, la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad el Dictamen que Elimina el Fuero Constitucional, que se ha mal usado y prostituido, por intereses mezquinos.
¿Pero qué es el Fuero Constitucional? De manera sencilla es el “Estatus Jurídico de protección que permite no ser juzgados de procesos judiciales”
La letra de artículo señala que “los diputados serán inviolables por sus opiniones y en ningún tiempo, ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas” Su fin, agrega, “protegerá a los políticos de persecuciones de opositores al terminar sus cargos”.
Más adelante precisa, “en el ejercicio público evitará a los funcionarios tener que lidiar con procesos penales de enemigos”
Demasiado parcial, pues un reducido grupo de sujetos estaban blindados de la acción penal, salvo que desde la Cámara de Diputados se tomara la decisión de establecer el Juicio de Procedencia, para desaforar al “culpable” y someterlo a la autoridad competente. Que -hay que decirlo- en México sólo 9 casos de este proceso se han presentado. Más adelante detallaré.
Vamos a la esencia del beneficio. En opinión de la experta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Imer Flores Mendoza, la figura de Fuero “debe existir sólo para Senadores y Diputados, que les garantiza la libertad de expresión y evitar persecuciones políticas. Esta figura fue mal entendida, es una protección para el legislador y otros funcionarios públicos, no fue creada expresamente para sentirse con permiso de cometer delitos, ese no es el espíritu del Fuero”
Así lo entiende la sociedad, pero como los tres Poderes de la Unión (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) se sienten de otra élite, se han cobijado en la interpretación de la norma para blindarse y hacer de las suyas.
Como queriendo dejar huella de su triste paso por la LXIII Legislatura, a 4 meses y días de concluir su gestión los diputados y senadores quisieron enjugar sus ineficiencias “dando un golpe de autoridad”, pero el mal está hecho… tarde, pero se consiguió quitar el escudo protector de corrupción e impunidad que por sexenios gozaron y explotaron las castas del mal.
Esta decisión del Congreso de la Unión (diputados y senadores) no exime que el juicio popular señale con dedo flamígero a los malos servidores públicos que delinquieron sabiendo que “son intocables” como dicen “tengo fuero constitucional. No me pueden hacer nada”.
Los culpables, existen miles, interpretan, prostituyen el espíritu del Estatus Jurídico, y violan disposiciones oficiales delinquiendo… y no pasa nada, como el caso del Senador del PRI por Yucatán y Coordinador del GPPRI en la Cámara Alta, Emilio Gamboa Patrón, que en octubre de 2016, de manera prepotente e irresponsable, hizo aterrizar el helicóptero en que viajaba (no en misión oficial, sino de placer), en el Arrecife Alacranes, en la costa yucateca; un área natural protegida por la PROFEPA, para después caminar por el espacio restringido y abordar un yate que lo esperaba, dañando especies de incalculable valor ecológico.
Gamboa Patrón y sus “cuates”, el empresario Emilio Díaz Castellanos y el Coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, llevaban consigo cañas de pescar, ropa deportiva, lentes oscuros –seguro bloqueador solar- dispuestos a pasar unas merecidas vacaciones, sin considerar que sus pasos por la tierra de conservación la afectarían.
Como dato adicional, el Arrecife Alacranes forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera, del Programa sobre el Hombre y la Biósfera, de la UNESCO, pero esto le valió madres al senador, sabedor de que nada le pasaría, pues ostenta fuero constitucional. En efecto nada sucedió, a pesar de que Emilio Gamboa Patrón, violó la Ley General de Vida Silvestre.
Pese a las evidencias y críticas testimoniadas en redes sociales, televisión, diarios, radio, Internet, en entrevistas a pescadores y habitantes de la zona, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ignoró el incidente. Al legislador priista no se le molestó o amonestó. Todo pasó… pero no pasó nada. Para eso utilizó el Fuero Constitucional.
Lamentablemente esta es la corta visión de algunos, o tal vez todos, “beneficiados” con ese estatus legal, que refleja su interpretación, acomodo, conveniencia, prepotencia, enanés, complejo, incapacidad, etc. convencidos de que con sólo su nombre, una charola, un automóvil con vidrios polarizados seguido de autos de guaruras, su imagen pública están blindados para “hacer de las suyas”… pero esto se acabó, ¡creo!
Aleluya, la Cámara de Diputados cortó por lo sano esta prostituida ventaja del selecto grupo de protegidos.
En México sólo se han dado nueve casos de desafuero por delinquir, pese a la protección de la Carta Magna. Se dio la primera en 1935, contra el Senador Manuel Riva Palacio por conspiración contra el Presidente Lázaro Cárdenas del Río. El más reciente, 2016, cuando la diputada federal del PAN, por Sinaloa, Lucero Sánchez, utilizó documentos apócrifos para ingresar al Penal del Altiplano y visitar a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La historia registra que los diputados Carlos Madrazo, Sacramento Joffre y Pedro Téllez Vargas, perdieron el Fuero, por traficar con tarjetas para contratar braceros hacia EE UU.
En 1983 el Senador del PRI, Jorge Díaz Serrano, fue puesto a disposición judicial tras ser acusado de fraude de más de 5 mil 100 millones de pesos por la compra de barcos petroleros, cuando fue director general de PEMEX.
En 2004 corrió la misma suerte el diputado del PRD, René Bejarano Martínez (el hombre de las ligas y secretario particular de AMLO) tras ser videograbado recibiendo millones de pesos –soborno- del empresario argentino Carlos Ahumada. Fue enjuiciado, pagó prisión, luego fue liberado.
Un año después, siendo Jefe de Gobierno del DF, el perredista Andrés Manuel López Obrador, fue desaforado, por desacato a una orden judicial, que prohibió al funcionario construir una calle que afectaba propiedad privada. Pese a la resolución, AMLO omitió la decisión, por lo que se le quitó la protección constitucional, pero no se ejerció acción penal en su contra.
Y finalmente, en 2010, el diputado federal por Michoacán, del PRD, Julio César Godoy Toscano, fue desaforado al comprobarse sus vínculos con el grupo delictivo y narcotraficantes La Familia Michoacana. El legislador se presentó voluntariamente ante la PGR para aclarar su situación.
Casos del pasado que fijaron la posibilidad de perder el Estatus Jurídico, pero a partir de abril de 2018 se acabó, de rompió “el muro” que malévolamente aprovechaban ciertos sujetos para cometer fechorías.
Por fin la sociedad fue atendida y bajará de su nube a la élite política que prostituyó por décadas una disposición constitucional. Al parecer, a partir de hoy “todos seremos iguales”
*Miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT) y de Comunicadores por la Unidad (CxU)
