Ginebra Tema: México
Encomiamos el invaluable trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en México en el caso de la desaparición forzada en Iguala de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, y el asesinato de otras seis personas en 2014. El Grupo, que fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e invitado por el Gobierno mexicano para dar seguimiento a la investigación del caso, publicó su extenso informe de 605 páginas el domingo.
El caso de Iguala recibió gran atención, no sólo en México mismo sino alrededor del mundo, y se convirtió en un caso que puso a prueba la voluntad y habilidad de las autoridades para afrontar crímenes violentos y la corrupción. Como el Alto Comisionado ZeidRa’ad Al Hussein subrayó durante su misión a México en octubre pasado, es muy importante que el Gobierno actúe decididamente sobre las recomendaciones del GIEI y garantice los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familias. Saludamos la voluntad expresada por el Presidente de México y la Procuraduría General de la República de considerar seriamente las recomendaciones del Grupo y les exhortamos a explorar exhaustivamente las nuevas líneas de investigación sugeridas por el Grupo, así como a fortalecer las investigaciones sobre este caso emblemático.
Sin embargo, estamos preocupados por los muchos retos y obstáculos reportados por los expertos y que pudieran haber prevenido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso. Hacemos un llamado al Gobierno para asegurar el seguimiento efectivo del informe y para afrontar los retos estructurales más amplios que éste ha expuesto. También alentamos al Gobierno a comprometerse con el mecanismo de seguimiento, cuya instalación ha anunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Iguala muestra el papel crucial que la cooperación internacional puede jugar para ayudar a los Estados a combatir la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
