Guadalupe Orona Urías
Pachuca, Hidalgo.- Es sumamente difícil, imposible quizá, que en un sistema social como el nuestro, con divisiones sociales tan profundas, se pueda convencer a quienes nunca han padecido o sufrido la falta de alimento, de servicios básicos en su comunidad o de recursos económicos para educarse o curarse, de la necesaria solidaridad, mayormente cuando las tragedias tocan a nuestra puerta. Por lo tanto, este no es el propósito del presente documento. No pretendo llamar a la solidaridad a quienes están acostumbrados a mandar, prácticamente desde la cuna, y mantienen sus manos blancas y finas porque jamás han descendido al conocimiento del trabajo manual, que la propia división social impone, y porque sus circunstancias, pertenecer a los que siempre se encuentran ahítos, hasta cierta manera, les imposibilita comprender a los demás, a aquellos que sólo tienen sus manos para trabajar, y que hoy las tienen inmóviles, paralizadas, porque no hay trabajo.
Mi intención es insistir en el respeto que se debe tener a la ley y a los derechos humanos por parte de las autoridades en Hidalgo. Me explico: desde que inició la actual administración estatal, que encabeza el Lic. Omar Fayad Meneses, miles de hidalguenses hemos sufrido no solo de la insensibilidad gubernamental en la atención a demandas elementalísimas de la población; también hemos sufrido calumnias, amenazas, agresiones físicas y verbales y una constante violación a nuestros derechos de petición, organización y manifestación pública; además de promesas hechas con el solo propósito de quitar de las puertas de palacio de gobierno a los molestos peticionarios, pero jamás con la intención de cumplirlas.
El ejecutivo del estado, quizás auspiciado por algunos asesores siniestros que mantiene en su gabinete el gobernador, y por su sumisión a la política del gobierno federal, ha considerado a todos los hidalguenses organizados en el Movimiento Antorchista, como sus adversarios, arrancándoles su condición de hidalguenses con todos los derechos que la ley les concede, y dejándoles a salvo solamente sus obligaciones. El “delito” cometido, y tan gravemente penado, es estar organizados y solicitar, y a veces exigir, atención y cumplimiento a los derechos que marca la ley: empleo, vivienda, alimentos, educación, salud, servicios públicos, etc.; pero la insistencia para que se vuelvan realidad dichos derechos y se ayude al pueblo a salir del subdesarrollo y la marginación, ha sido vista como una “insolencia” del Movimiento Antorchista, al menos de sus líderes, que se han atrevido a levantar la voz, y eso ha merecido que caiga sobre nosotros y de todos los integrantes, el rayo fulminante de Zeus, del poder sobre los débiles, ignorando o haciendo caso omiso al principal objetivo de nuestra lucha: el combate a la pobreza y, por lo tanto, el progreso y bienestar de los hidalguenses.
Así, queriendo castigar a los líderes por su atrevimiento, se ha castigado, contra todo derecho, a miles de hidalguenses a quienes se ha negado atención y solución a sus carencias; pero además, se ha emprendido una campaña feroz para convencerlos que lo mejor es que se desorganicen, que si dejan las filas del antorchismo, sus problemas serán atendidos inmediatamente, que prácticamente les lloverá maná; obvio, un engaño más. El pueblo ya conoce el adagio popular “divide y vencerás”, y aunque sigan existiendo algunos ingenuos que crean en los cantos de sirena, la mayoría sabe que es una burda maniobra más para debilitar la unidad de los pueblos y con ello alejarlos aún más de la posibilidad de solución.
A pesar de toda la campaña mediática para vender a los mexicanos la especie de que hoy Hidalgo es un estado de primera, lo cierto es que la realidad y las propias cifras oficiales dan un mentís a la imagen idílica que se pretende ofrecer:
De acuerdo con el Coneval, en Hidalgo aumentó el nivel de pobreza laboral a 55.1 por ciento, por arriba de la media nacional (45 por ciento), es decir, más de la mitad de los hidalguenses tienen un ingreso inferior al costo de la canasta básica, sus ingresos no les alcanzan ni para alimentarse; la pobreza extrema aumenta en 8.2 por ciento entre el tercer trimestre de 2019 y el respectivo trimestre de 2020; se han perdido 13,533 empleos formales, solamente entre marzo y agosto del presente año, y 75 por ciento de la población “ocupada” lo está en el empleo informal. Así que, desgraciadamente, nada de que presumir. En Hidalgo, fuera de las filas del antorchismo, ¿habrá alguien más que levante su voz a favor de los miles de desamparados que están sufriendo las calamidades de la pandemia, agravadas por la insensibilidad gubernamental? El Movimiento Antorchista, a través de este medio, reitera al Gobernador del estado, Lic. Omar Fayad, su petición de audiencia y de solución.
