* No hay datos reales de desaparecidos, solo cifras maquilladas
* Prácticas desleales en comercio dan la puntilla a la economía
* Congresos locales deben garantizar matrimonios igualitarios
 
san lazaro principal

México es el país de la simulación pero también el de las realidades escondidas, te desaparecen y no apareces, de los gobernantes que hacen bulla de cumplir con algunas de sus responsabilidades, pero que no acepta la crítica por los pendientes que tiene en su actuar, somos la Nación del nunca jamás.

Esto parece decirnos Yesenia Nolasco Ramírez al exhortar a los gobiernos de los Estados y al del Distrito Federal, para que depuren la lista y den cifras reales y fidedignas a la Procuraduría General de la Republica (PGR), sobre personas desaparecidas hasta el 2015.

Por ello, exhortó a la Secretaría de Gobernación y a la PGR para que establezcan una mesa de conformación y recepción de datos específicos y fidedignos sobre desapariciones forzadas en territorio nacional que emitan los Gobiernos Estatales y el del Distrito Federal y que hagan publica dicha lista.

En la actualidad la desaparición forzada de personas según lo define el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, son aquellas en las que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.”

Este tipo de sucesos en nuestro país han generado graves consecuencias para sus víctimas, familiares y la sociedad en general.

México fue evaluado por la ONU, a través del Comité antes señalado los pasados 2 y 3 de febrero, en dicho análisis el informe señaló que es preocupante que el país no cuente con información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer “la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad”.

Es necesario, según detalla el informe que “se incluya información para determinar si se trata de casos de desaparición forzada –es decir, que participan agentes del Estado en el delito–, por lo que recomienda adoptar medidas para tener un registro confiable.”

Un ejemplo para sumar son los hechos emprendidos por la organización Familias Unidas por Nuestros Desparecidos en Coahuila-México (Fundec), formaron un Grupo de Trabajo que se encarga de supervisar investigaciones, expedientes y dar seguimiento a las políticas estatales en la materia.

Paso seguido solicitaron a Humberto Moreira, crear la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, convirtiendo dicha fiscalía en subprocuraduría bajo el mandato de Rubén Moreira.

Dicha organización resultó imperante e importante para consolidar que se presentara una iniciativa de reforma para tipificar la desaparición forzada de personas bajo estándares internacionales.

La reforma fundamentada por artículo 73 constitucional, se refiere a las facultades del Congreso y en especial a la fracción XXI, que precisa para expedir las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Si bien es un paso importante en materia de desapariciones, en la actualidad no existen datos fidedignos estadísticos sobre la materia.

La administración del expresidente Felipe Calderón dejó un registro de aproximadamente 27 mil personas desaparecidas. Mientras tanto en el actual periodo de Enrique Peña Nieto, se depuró manteniendo una lista de sólo 13 mil.

“Por ello es necesario atender con datos duros, fidedignos y reales las cifras de desaparecidos en nuestro país, para que en el momento que la legislación inicie el proceso, éste se haga mediante aspectos confiables”, concluyó la diputada del PRD.

PRÁCTICAS DESLEALES

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, debe informar de las acciones que se han llevado a cabo para apoyar a la industria del acero nacional, demando Luis Fernando Salazar Fernández, quien pidió su comparecencia ante la Comisión Permanente.

El senador de Coahuila dijo que actualmente diferentes sectores económicos de gran importancia para el desarrollo nacional “se han visto severamente afectados por prácticas desleales de comercio y por la falta de implementación de medidas suficientes para impedir dichas prácticas o evitar que repercutan de manera negativa en la industria local”.

Por ello solicitó que el funcionario explique las medidas que implementará para impedir que prácticas desleales de comercio repercutan de manera negativa en la producción nacional de acero y, como consecuencia, la pérdida de miles de empleos en el sector.

Afirmó que la producción de acero en nuestro país se ha visto perjudicada por factores como la sobreoferta mundial; las importaciones desleales provenientes de países como China; la caída de los precios internacionales y la reforma fiscal que ha generado mayores costos de producción para las empresas nacionales.
Ante estas circunstancias, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) y diversas empresas, entre las que se encuentran las mayores siderúrgicas del país, han advertido que dichos factores podrían ser el detonante de una de las crisis más complejas en el sector si el Gobierno federal no implementa medidas para atender la situación, señaló.

Refirió que la industria acerera hoy representa 2.2 por ciento del PIB nacional y tiene presencia en prácticamente todos los estados de la República, pero destacan entidades como Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz, cuya producción es equivalente al 82.1 por ciento del total de la manufactura nacional.
“No tomar las acciones necesarias implicaría la pérdida de miles de empleos en un sector que genera alrededor de 200 mil plazas directas y 600 mil indirectas”, dijo el coahuilense.

LLAMADO

Exhortan a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a implementar las reformas legislativas a los Códigos Civiles, a la legislación familiar y demás disposiciones correspondientes que nieguen, restrinjan o anulen el acceso de las parejas del mismo sexo al matrimonio igualitario, con acceso a derechos asociados al matrimonio o simplemente a decidir formar una familia, tales como la seguridad social, beneficios fiscales, la herencia, los derivados de la muerte de uno de los cónyuges o pareja, es ilegal e injusto, afirmó la senadora Angélica de la Peña.

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