Blas A. Buendía
Es de celebrarse que la Ciudad de México tendrá en breve un nuevo orden de justicia que se apoyará en la Primera Constitución que por decenios los partidos políticos que operaban, de forma recalcitrante desde la oposición en contra de un sistema dogmático, siempre se les dio la idea de que la capital de la República mexicana tuviera su Pacto Local para darle creatividad al estado 32, y con ese tesón del pasado hasta esta contemporaneidad se han venido dando a cuentagotas todo tipo de transformaciones republicanas que aterrizan en decisiones tanto jurídicas como legislativas.

El magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, en su análisis Así es el Derecho, desarrolla con atino los procedimientos que vivirá la gran capital del país en beneficio de la colectividad y de la vida misma para su desarrollo humano.

Nos encontramos a escasos 19 días de que entre en vigor la primera Constitución de la Ciudad de México. Consta de 71 artículos y 39 transitorios aprobados por la Asamblea Constituyente el 31 de enero de 2017. Implican una serie cambios en la estructura del poder político de la metrópoli, que obligan a diversas reformas legales y nuevas leyes y reglamentos. Se deben estudiar si se quiere comprender a fondo el régimen jurídico de la ciudad.

Si bien las normas relativas a la elección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de las alcaldías y de diputados de mayoría relativa, y la asignación de los diputados de representación proporcional fueron utilizadas en los comicios pasados, hay varias que están por entrar en vigor y otras que siguen esperando el momento adecuado para lo mismo, que no podrá ser después del 31 de diciembre del año 2020.

Por ejemplo, las disposiciones constitucionales relativas al Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2018; las del Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018 y las del Judicial el 1º de junio de 2019, con excepción de las disposiciones relativas al Consejo Judicial Ciudadano y al Consejo de la Judicatura, las cuales deberán iniciar su vigencia a partir del 1º de octubre de 2018; la vigencia de la Sala Constitucional empieza el 1 de enero de 2019.

La Fiscalía General y el Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México son órganos constitucionales de importancia trascendental para la impartición y procuración de justicia.

El Consejo Judicial Ciudadano, para cuya integración se respetarán la equidad de género y la igualdad sustantiva, designará a los consejeros de la Judicatura (quienes a su vez nombrarán a los jueces y propondrán a los magistrados de la ciudad); pondrá a consideración del Jefe de Gobierno una terna de candidatos a titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que éste someterá a consideración del Congreso, y también le propondrá las ternas para elegir a los fiscales especializados en materia electoral y en combate a la corrupción.

Lo integrarán once personas, siete de ellas profesionales del Derecho, de buena reputación y distinguidos por su honorabilidad e independencia, no deberán tener conflicto de interés ni haber participado como candidatos en procesos de elección popular cuatro años antes de su designación.

Los consejeros, cuyo cargo no será remunerado, serán designados por dos terceras partes del Congreso mediante convocatoria pública, a propuesta de instituciones académicas, civiles y sociales que tengan en funciones al menos cinco años ininterrumpidos.

La convocatoria para la integración del Consejo deberá ser emitida por el Congreso de la ciudad, a fin de que quede constituido a más tardar el 31 de diciembre de 2018.

Por cuanto a la Fiscalía General, es órgano autónomo, es decir con personalidad y patrimonio propio; organizará al Ministerio Público y tendrá exclusividad para investigación del delito. Su ley deberá entrar en vigor el cinco de diciembre de este año; su titular deberá ser nombrado a más tardar el 31 de 2019 y deberá iniciar operaciones el 31 de mayo.

Para la conformación de la Fiscalía General el Congreso deberá nombrar a más tardar el 31 de diciembre de este año la comisión técnica que planee y conduzca la transición de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia. Establecerá un fondo especial para financiar dicho proceso. Su personal deberá ser seleccionado mediante concurso de oposición, para el cual la comisión técnica emitirá las bases y la convocatoria, diseñará un examen de selección que evaluará a los aspirantes que cuenten con las capacidades prácticas necesarias para desempeñarse efectivamente como fiscales, así como las bases para seleccionar al resto del personal operativo y administrativo.

Una vez que haya entrado en vigor la Constitución, las instituciones serán adecuadas a los lineamientos de ésta; mientras tanto conservarán sus denominaciones, atribuciones y estructura actuales.

Para que las disposiciones constitucionales puedan materializarse, no solamente deberán emitirse leyes relativas a impartición y procuración de justicia, sino también en materia de educación, derechos humanos y muchos otros temas.

Así es el Derecho, concluye el análisis jurídico del magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, titular de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. [email protected]

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