La administración del presidente Joe Biden apeló este viernes un fallo de la corte de Texas que dictaminó que era ilegal el programa de Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de la era de Obama, lo que genera una nueva incertidumbre para las vidas de miles de inmigrantes.
El Departamento de Justicia presentó un aviso para apelar el fallo del juez de distrito estadounidense Andrew Hanen, dando inicio al proceso de apelaciones en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, un tribunal de apelaciones extremadamente conservador.
DACA, creado en 2012, tenía la intención de brindar un respiro temporal a los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños, un grupo que a menudo se describe como “soñadores”. Los beneficiarios, muchos de los cuales ahora son adultos, también reciben ciertas autorizaciones de trabajo.
En julio, el juez Hanen, del Distrito Sur de Texas, dictaminó que DACA violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que dicta qué procedimientos deben seguir las agencias para implementar ciertas políticas. Hanen bloqueó al gobierno para que no aprobara nuevas solicitudes en el programa, pero su orden permitió que el programa continuara para los beneficiarios actuales mientras se litiga el caso. Desde el fallo, se ha presentado una propuesta de regulación de DACA a la Oficina de Gestión y Presupuesto.
En una reunión con CNN que ocurrió durante el verano, el presidente Joe Biden dijo que “no dejaría pasar esto” y dijo que el Departamento de Justicia apelaría el fallo. “Vienen aquí sin otra opción y son buenas, buenas personas”, dijo Biden, refiriéndose a los llamados dreamers que son elegibles para el programa.
Al 31 de marzo, había 616.030 beneficiarios de DACA, la mayoría de los cuales son de México. Hanen suspendió la orden para los beneficiarios actuales de DACA. Mientras que esa suspensión esté vigente, los beneficiarios pueden renovar, un proceso que ocurre cada dos años.
Sin embargo, la pandemia y otros factores han creado una gran acumulación de solicitudes y, según el dictamen de Hanen, las solicitudes de quienes actualmente no están protegidos por DACA no pueden ser aprobadas. La acumulación de nuevas solicitudes era, al 31 de marzo, más de 55.000.
El caso ha ejercido presión adicional sobre el Congreso, donde los demócratas están tratando de incluir un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados en un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria. Esa población incluye inmigrantes que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, aquellos con Estatus de Protección Temporal y trabajadores esenciales.
Al votar una medida de inmigración usando la reconciliación presupuestaria, los demócratas pueden aprobarla usando una mayoría simple en el Senado, con los 50 senadores demócratas votando a favor y con el posible voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Pero primero, los demócratas deben obtener la aprobación de la parlamentaria del Senado Elizabeth MacDonough, quien es responsable de asesorar a la cámara sobre cómo operan sus reglas, protocolos y precedentes.
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Sin legislación del Congreso, el caso actual de DACA establece otro enfrentamiento legal de alto riesgo sobre la inmigración.
Si bien no está claro si este caso terminará ante la Corte Suprema, en un caso anterior relacionado con DACA el año pasado, tres jueces manifestaron en un disenso su creencia de que el programa es ilegal. El tribunal en pleno aún no ha evaluado la legalidad de DACA.
Fuente: CNN
