Más de 40 mil hidalguenses, provenientes de las regiones de la Huasteca, el Valle del Mezquital, Otomí-Tepehua y de la zona centro de la entidad marcharemos en la capital del estado, pues no somos atendidos por el gobierno encabezado por Omar Fayad, lo que provoca que en nuestros pueblos y colonias no disminuya la pobreza, la marginación, la inseguridad y la incomunicación.
Desde que el gobernador Omar Fayad tomó el cargo, y en consonancia con los compromisos que hizo en campaña, de combatir la pobreza y muchos otros males derivados de la mala distribución de la riqueza que padecemos los hidalguenses, y que se resume en el hecho de que más de 1.4 millones de habitantes del estado se encuentran en situación de pobreza, le presentamos una modesta relación que contenía las peticiones más básicas y urgentes de resolver, desde carencias alimentarias básicas, imposibles de resolver con los bajísimos ingresos, hasta obras sencillas de dotación de agua potable, luz eléctrica, pequeñas clínicas con servicios elementales de salud, o construcción de aulas o albergues para jóvenes estudiantes indígenas. Prácticamente nada de eso se ha cumplido, y mucho menos se han construido obras que requieren más presupuesto como hospitales, escuelas, caminos rurales, drenajes, pavimentos, etcétera.
Debemos aclarar que nuestra actitud no se limitó a enlistar las peticiones y esperar que se resolvieran; siempre hemos estado dispuestos a poner nuestra mano de obra a manera de aportación para llevar a cabo diversos trabajos que requieren algunas de las obras solicitadas. Además, también recurrimos directamente a instancias federales para solicitar que algunas obras se financiaran con fondos adicionales al presupuesto estatal, lo cual se materializó, en los últimos dos años, en una suma de 175 millones de pesos que con el respaldo de los diputados del Movimiento Antorchista fueron depositados en las arcas del gobierno de Hidalgo para que se realizaran las construcciones, como lo manda la ley que tanto invocan cuando les conviene.
La respuesta del gobierno de Hidalgo a nuestras solicitudes, ha sido:
Primero: una negativa rotunda a destinar, por lo menos, los recursos públicos que en promedio habían destinado otros gobernadores anteriores, lo que revela un acto represivo en contra de los hidalguenses agremiados en Antorcha, a los que se quiere castigar para doblegar y obligarlos a que acepten resignadamente que se les niegue la solución a la mayoría de sus peticiones, aunque eso signifique continuar en la miseria más espantosa.
Segundo: también a manera de castigo maliciosamente calculado, se ha operado la retención arbitraria de los recursos federales, que este año ascienden a 61 millones y vienen etiquetados para realizar obras públicas que no se pueden sustituir por otras a capricho del gobierno del estado. En una actitud reprobable y cruel con las familias que requieren agua, luz, caminos o alguna otra construcción que deberá hacerse con esos recursos, el gobierno está dejando pasar las semanas para que llegue la fecha en que ya no se puedan aplicar esos recursos y deban ser devueltos a la Federación. Pareciera que alguna mente muy anclada en los sótanos de la maniobra política, cree que es mejor perder ese dinero que beneficiar a familias antorchistas. Increíble pero cierto.
Tercero: Ese bloqueo político ilegal, abusivo y absolutamente contraproducente para el prestigio y la buena fama pública de quienes lo deciden desde el gobierno de Hidalgo, ha sido replicado en diversas alcaldías que, al amparo y ejemplo del gobierno del estado, ni siquiera se dignan recibir una solicitud, como es el caso del alcalde de Huejutla, Raúl Badillo Ramírez, quien se la pasa amenazando a los líderes y activistas; o hay quien cierra ojos y oídos, apuesta a que las protestas se debiliten y llegue el momento de coordinarse con el gobierno estatal para desalojar policiacamente a quienes se han instalado en plantón frente a sus oficinas, como es el caso de Yolanda Tellería, la acaudalada alcaldesa panista de Pachuca. En este sentido, es notable cómo, las escasas veces que Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno de Hidalgo, ha prometido intervenir para mediar en esos conflictos municipales, ha aumentado la virulencia de los ataques contra el antorchismo y se han cerrado más las posturas de esos alcaldes.
Cuarto: cada vez que las familias peticionarias difundimos algún volante, declaramos algo a los medios, colocamos algún mensaje en las redes sociales o nos disponemos a movilizarnos masivamente, la respuesta represiva se recrudece, se escala y amenaza más seriamente la integridad de algunos integrantes de la dirección estatal antorchista o de los líderes de colonias y pueblos. Aquí se ha usado de todo: desde destinar recursos públicos para pagar comentarios injuriosos en algunos diarios o redes sociales, desempolvar o fabricar acusaciones penales, volar drones intimidatorios sobre el domicilio de la dirigencia estatal, allanar casas, detener arbitrariamente activistas, dejar anónimos, “levantar” y golpear a los abogados. ¡Y luego se preguntan por qué la ciudadanía le pierde confianza a los políticos y sus partidos!
Es necesario que la opinión pública, las instancias gubernamentales estatales y federales, así como los medios de comunicación y los organismos defensores de los derechos humanos tomen nota de que la razón nos asiste, la pobreza que padecemos es terrible e injusta, y nuestras peticiones y actuación están dentro de la ley, por lo que continuaremos nuestra denuncia y movilizaciones todo el tiempo que sea necesario, hasta que en Hidalgo se modifique la cerrazón gubernamental en contra nuestra y encontremos una solución medianamente aceptable para resolver las terribles carencias que nos aquejan. En esta lucha social que hoy nos vemos en la necesidad de reanudar, nuevamente contamos y agradecemos profundamente las muestras de solidaridad de miles de hidalguenses y mexicanos de todos los estados de la patria, que por diversas vías nos han comunicado su decisión de acompañarnos en esta nueva jornada contra la pobreza y la marginación en Hidalgo.
Finalmente demandamos que el gobierno del estado de Hidalgo garantice el derecho de libre tránsito y de manifestación pública consagrado en nuestra Constitución y no los violente, como en otras ocasiones, usando para ello la fuerza pública.
MUY RESPETUOSAMENTE
Obreros, amas de casa, campesinos, estudiantes y maestros antorchistas de la región Huasteca, Otomí- Tepehua, de Valle del Mezquital, Pachuca, Altiplano, Comarca Minera, Valle de Tizayuca; Unión de Taxistas de Pachuca, Sociedad Cooperativa del Valle, grupos culturales y moradores de las Casas de Estudiante “Gral. Felipe Ángeles” e “Insurgente Julián Villagrán”
