La idea de acabar con la corrupción en México y de ese combate obtener miles de millones de pesos que se destinarían a resolver todos los problemas de los mexicanos pobres, fue el eje de la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
En uno de sus spots de campaña decía: “Los gobernantes y los traficantes de influencia en nuestro país se roban 500 mil millones de pesos cada año. Son niños de pecho, estos que presentan como los grandes delincuentes, en comparación con los políticos corruptos del país. Vamos a terminar con el bandidaje oficial. Voy a gobernar con el ejemplo. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Y todo lo que ahorremos va a ser para beneficio de nuestro pueblo”.
Ese discurso lo repitió miles de veces, en vivo y en las redes. Millones de mexicanos se la creyeron, era una idea sencilla, que prometía expulsar a una clase política vividora del presupuesto, colocar en su lugar a un santo laico que recabaría el abundante dinero ahorrado y lo dispersaría generosamente para que ya no hubiera pobreza en nuestra patria; pero lo más atractivo es que no ameritaba más esfuerzo para los futuros beneficiarios de ese milagro que el de ir a votar por ese candidato.
Nada de reunirse periódicamente, opinar, ejecutar alguna acción colectiva, organizativa, intelectual, gremial o política; nada de modificar las leyes fiscales para que paguen más los que más tienen, nada de eso.
Y en 2018, millones de mexicanos votaron por el ilusionista en turno, quien aún repite esa letanía del fin de la corrupción y agita un arrugado pañuelito blanco como señal de misión cumplida, aunque cada vez se le descompone más el semblante y el entramado político por los desmentidos de la realidad, que habla de corrupción desatada, y por los escandalosos conflictos de interés que ya asomaron en su círculo familiar, ampliamente difundidos en diversos medios de comunicación y que le han provocado fisuras importantes en su popularidad, al demostrarse que su familia está muy lejos de la austeridad republicana, el uso de sólo un par de zapatos y una dieta de frijoles y arroz como pregona el presidente como remedio para volver sencillos y modestos a los mexicanos.
Todo indica que las escaleras de la corrupción en el gobierno federal siguen sin barrerse y con más basura acumulada en la parte superior en lo que va del sexenio: se dijo que una de las fuentes más escandalosas de desvío de recursos públicos hacia manos privadas era la asignación de contratos sin licitación o concurso, o sea de manera directa, casi a capricho de los funcionarios, para beneficiar a sus propias empresas, socios, amigos y familiares.
Pero resulta que, en vez de cerrarle la puerta a ese sospechoso mecanismo de asignación del presupuesto federal a las empresas constructoras, proveedoras o arrendadoras, el gobierno de la 4T ha roto todos los records y en 2020 asignó de manera directa el 78% de los contratos, según reportó la Auditoría Superior de la Federación, quien agregó que 21% de los contratos del gobierno con diversas empresas, registrados en la plataforma Compranet carecían de información suficiente (El economista, 20 de febrero).
Pero eso no es todo, las irregularidades detectadas en la cuenta pública del 2020 ascienden a 63,010 millones de pesos. “Las dependencias que tuvieron mayores observaciones fueron la Secretaría de Salud con 2 mil 728 millones 575 mil 500 pesos por probables daños al erario; le sigue la Secretaría de Educación, con mil 086 millones 626 mil 400; la Secretaría de Bienestar con mil 116 millones 996 mil 600 pesos; al gasto federalizado (recursos a entidades), 30mil 522 millones146 mil 500 pesos” (Forbes, 20 de febrero).
En las observaciones también están incluidos presuntos manejos irregulares en la construcción de las llamadas megaobras del sexenio (Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya y Refinería Dos Bocas), además de encontrarse que en las listas de beneficiarios de los famosos programas sociales, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, y otros, aparecen muchas personas fallecidas y otras que recibían apoyos sin ningún control de reglas de operación y comprobación de que el dinero se destina efectivamente a los fines de combate a la pobreza y no es desviado hacia otras manos, mientras que en Segalmex, la dependencia creada por la 4T supuestamente para garantizar abasto eficaz y barato de leche y productos básicos, no hay documentación que compruebe los pagos en la compra y transportación de productos de primera necesidad, hubo pagos millonarios a empresas fantasmas o beneficiadas sin ningún concurso sino por la relación de algunos directivos con las empresas, lo que hace presumir la existencia de “moches” a diestra y siniestra.
¿Y los 500 mil millones anuales que se robaban esos individuos que tanto denunció AMLO en campaña, esos a cuyo lado los grandes delincuentes son niños de pecho? No han sido recuperados ni en mínima parte y mucho menos han aparecido por ningún lado en el presupuesto federal. ¿Quiere esto decir que alguien se los sigue robando en plena 4T?
