Maribel Rodríguez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación, resolvió la semana pasada sobre la constitucionalidad de la consulta popular propuesta por el presidente López Obrador, para que la gente supuestamente decida si se enjuicia o no a los expresidentes de México.
Después de varios días de discusión, análisis, incluso de amenazas presidenciales de reformar la Constitución si no se aprobaba su petición, ésta fue declarada constitucional, con seis votos a favor y 5 en contra, por el pleno de la Suprema Corte; aprobando así su realización, pero con una pregunta distinta a la propuesta por el presidente.
(Fotografía Diario de México)
En la discusión, los ministros que votaron en contra señalaron que la inconstitucionalidad de la consulta de AMLO es evidente pues genera una restricción a los derechos humanos (materia que la propia Constitución prohíbe que se sujete a consulta popular) ya que pone en riesgo derechos como el de acceso a la justicia, a la reparación del daño de las víctimas, a la igualdad, a la presunción de inocencia; además de pretender sujetar ilegítimamente a dicha consulta, el cumplimiento de la obligación que tienen las autoridades de procurar y administrar justicia. La ministra Norma Piña preciso que su voto en contra de la consulta no sería popular, pero recordó que no es tarea de los jueces constitucionales ganar popularidad, sino defender la Constitución. Además, dijo que no cedería a presiones, salvo aquellas inherentes al mandato de jueza constitucional. Por su parte el ministro Javier Laynes fue contundente en su negativa al decir que “la justicia no se consulta”.
A pesar de estos solidos argumentos para declarar inconstitucional la consulta, seis ministros votaron a favor (entre ellos el ministro presidente Arturo Zaldívar) argumentando que el tema debía analizarse privilegiando el derecho de los mexicanos a opinar sobre temas importantes; que la consulta era una forma de evaluar el desempeño de los expresidentes; que no restringía derechos humanos; y que la Corte no podía coartar el derecho a la participación ciudadana. Dichos argumentos (más políticos que jurídicos) resultan tan generales y artificiales, que hoy sirven para avalar esta consulta, pero mañana pueden usarse igual para avalar una consulta, por ejemplo, sobre si México debe seguir siendo o no, una república democrática, representativa y federal, aunque la Constitución lo prohíba expresamente.
Esta decisión de la Corte es preocupante y peligroso para el país porque, mas allá de la aprobación de una consulta innecesaria y más bien electorera (que además nos costará a los mexicanos cerca de 8 mil millones de pesos); refleja por si misma cierta sumisión del Poder Judicial al presidente, su narrativa y sus intensiones de imponer el gobierno de un sólo hombre, sin contrapesos y sin respeto alguno a la ley.
Varios asuntos de importancia nacional están en la Suprema Corte en espera de ser resueltos. En esos casos ¿Prevalecerán los deseos presidenciales o se hará valer de una vez por todas la Constitución? De ello, sin exagerar, dependerá en gran medida el futuro del país.
