José Luis Aguirre Huerta
En el escenario político jurídico nacional, comparece la figura del delito de peculado que preconiza el artículo 224 del Código Penal Federal, del que se infiere una orden a la punición de 2 a 14 años, para aquellos servidores públicos que dispongan de recursos propiedad de la nación, con un monto superior a cinco mil veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México.
Cualquier delincuente, que como servidor público, se apodere de sumas antes anotadas, en detrimento patrimonial del Estado y careciendo de antecedentes penales, a juicio del operador de justicia, podrá sufrir una pena no mayor de dos años de prisión.
Lo anterior evidencia, la extensión de un paraguas de impunidad a favor de la clase reinante, al apropiarse de bienes públicos, los que muy bien pudieron haber sido para el aprovechamiento de la educación y la salud pública, fortalecimiento de hospitales, guarderías y centros educativos o la construcción de obras sociales; los servidores públicos se los embolsan bajo la perspectiva de sufrir una pena de prisión, que muy bien puede ser sustitutiva por una multa o bajo los beneficios de una condena condicional, es decir, disfrutando de la libertad el servidor público defraudador, durante su proceso y una vez concluido éste.
Actualmente bajo la óptica de la nueva legislación en materia de juicios orales, los servidores públicos que incidan en el delito de peculado, pueden enfrentar su proceso bajo una medida cautelar, que no implique prisión preventiva, dicho sea de paso, éste ilícito es de aquellos considerados no graves lo que permite al probable responsable enfrentar el proceso en libertad.
El implicado en malversación de fondos, por peculado o enriquecimiento ilícito, puede ser acusado igualmente de delincuencia organizada, al momento de buscar el apoyo de terceros, para ocultar el producto de los fondos sujetos a malversación.
Sin embargo tal acusación, puede ser fácilmente defendida, y defenestrada al momento de precisarse que sus actividades, las realizó con motivo del ejercicio de una función pública, luego entonces no se encontraba organizado, bajo la óptica de una asociación criminal en mérito a que el desempeño de un cargo público, no implica estar organizado bajo la perspectiva de sociedades de delincuentes organizados, en términos de la Ley contra la delincuencia organizada.
El criminalizador primario, encargado de la discusión y aprobación de la ley, también pertenece a la clase reinante y bajo esa posición hermanable, a título de cofradía, es decir muy identificado con su clase, ha producido leyes de amplia protección, o simplemente blandengues para beneficio de pezzonovantes, quienes en ejercicio del poder público, saquean a los fondos del pueblo, cambiando grandes cantidades numerarias por agua esterilizada para inyectárselas a los niños con cáncer en los hospitales y dejando sin presupuesto, para el pago de sueldos a profesores universitarios, entre múltiples quebrantos a la función pública.
Lo preocupante tiene un marco referencial en la democracia burguesa, un pueblo que durante más de 6 años, deja que la clase principezca saquee las arcas en detrimento de los medicamentos, para salas hospitalarias de los niños con cáncer y de las instituciones educativas de su región, permaneciendo impávido, es una masa zombi, manejada al antojo de sus gobernantes, sin ninguna conciencia social de respuesta contestataria a los crímenes de sus mandatarios.
También lo preocupante, es que la clase reinante acalla al clamor popular, con balas asesinas, en contra de aquellos periodistas, que se atrevan a levantar sus voces constituidas en moscas para los oídos de los dictadorzuelos, muy al estilo de los Bocaza africanos, quienes libremente desaparecen a sus opositores, en tambos de ácido muriático.
Lo anterior, permite domesticar a la opinión pública hasta convertirlos en fieles corderos de la dictadura gobernante.
Por ende, estamos en presencia, de provocar el disgusto de nuestro principal mandatario y jerarca nacional, en cuanto aparezca cualquier reminiscencia de inconformidad, por el tratamiento de impunidad otorgado a la clase reinante.
“No hay chile que les embone”, se advierte metafóricamente.
* Abogado de Profesión
Presidente de la Barra Interamericana de Derechos Humanos
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