Blas A. Buendía
La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, avizoró que elegir por sufragio a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es craso error, un acto infame combinado por la degradación, que orillará a México exhibirse mundial y antidemocráticamente como subasta de establecer castas de ministros de consigna, quienes avalarán los cúmulos de graves violaciones a los derechos humanos durante procesos penales de índole política, tan igual como ocurre con las narco-republiquetas de Cuba y Venezuela.
Si bien Andrés Manuel López Obrador pretende reformar el estatus jurídico de la nación e inaugurar una narco republiqueta comunista en México, al Ejecutivo mexicano no solo se le debe civilizar, sino orientar que en los puestos que se confieren por papeleta política, “la lealtad al Presidente Constitucional sería una virtud contraria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia del Estado de Derecho”.
La abogacía independiente de la república, al respecto, seguirá reprochando severamente los nombramientos hechos por sufragio popular o por designación expresa a propuesta del Poder Ejecutivo que pudieran vulnerar la Autonomía del Poder Judicial, porque si no se le pone un alto al Ejecutivo, éste seguirá su abrumadora marcha para destruir las instituciones republicanas.
Es decir, disfuncional como una polimesia Kakistocrática con ramificaciones degradantes en la Oclocracia, la Anocracia, la Anaciclosis y la Mobocracia, que establecen claramente una República Bananera y/o una republiqueta que seguirá encabezando el descerebrado rebelde López Obrador.
Trazó un terrorífico escenario que ha zarandeado al Estado de Derecho en México, como es vivir una faceta incongruente para consolidar los instrumentos de gobernabilidad al “elegir por voto popular” a togas indignas que irían en perjuicio de las libertades, sometidas por el Poder Ejecutivo, acotando el espíritu ineludible de idoneidad, honestidad, respeto y trayectoria.
“Porque —sentenció— las togas así nombradas, no difieren en origen ni en libertad moral de aquellos que los voten o designen, sino un poder más que controlado, tristemente cabizbajo”.
Es por ello que el Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., formula a sus agremiados, que sean los Colegios, Ateneos, Barras y Academias de Derecho, efectúen dichas recomendaciones a la Cámara de Senadores, a razón de que sería un procedimiento que originará mayores asertos en la designación de esas togas que deben de ser portadas con dignidad, y no ser rehenes de un protagonista caradura.
En opinión de los muy versados en cuestiones de Derecho Constitucional, la íntegra e imparcial procuración, impartición y administración de justicia, es condición sine qua non en vida de los Estados Unidos Mexicanos y su importancia se acentúa en esta Cuarta Transformación de la República, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación, son jurídicamente competentes para investigar los actos arbitrarios, infames y denigrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Es lo que distingue a la Corte como un ente autónomo, fiscalizador de las malas operaciones del Presidente.
En la cabalidad y energía de la justicia se encuentran cimentadas dos cuestiones de suprema importancia, tan estrechamente adminiculadas entre sí que forman la efectividad de un gran problema jurídico-político: el ente que debe designar (no imponer) a los ministros que integran el acervo intelectual y cultural de la Suprema Corte de Justicia y por cuanto tiempo deben de durar en lo que se supone debiera ser su noble encomienda, con una carrera judicial intachable.
Si nos remontamos a la historia jurídica nacional, el Dr. Carlos Eduardo Villamata Paschkes, presidente del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., ilustra a la sociedad que en la Constitución de 1857, el nombramiento de los ministros se llevaba a cabo mediante elección indirecta en primer grado y cada uno de esos señores impartidores de justicia duraba en su honrosa encomienda seis años, ello así lo disponía su numeral 92, para lo cual, algunos lectores, que no son todos, agradecerán a Don Carlos Villamata, orientar cuáles fueron los vacíos jurídicos de antaño y que en la contemporaneidad sus reformas se vienen sofisticando para consolidar los códigos de justicia en la amplitud de sus materias.
Fiel seguidor del pensar contenido en la obra de Emilio Rabasa, publicada en 1917, por Editorial América y denominada “La Organización Política de México: la constitución y la dictadura”, sus finas explicaciones cuando el autor de mérito, aseveró:
“Las críticas severas del sistema de elegir popularmente a las togas de impartición de justicia, no son para efectuar buenos nombramientos, sino para llevar al Poder Judicial Federal, funcionarios que representen la voluntad y dignidad de la justicia”, y no para hacer valer las ocurrencias del Poder Ejecutivo Federal como día a día lo viene desarrollando ante la vergüenza de los ojos del mundo.
“Esas futuras togas de consigna, no pueden denigrar a la justicia de México, ni ser representantes de nadie, ni expresar, ni seguir las arbitrarias ocurrencias del Ejecutivo. Deben ser togas de integridad, imparcialidad e igualdad en la aplicación de la ley. ¡Es cuanto!”, concluyó la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, quien preside el jurista Alberto Woolrich Ortiz.
En síntesis, el famoso AMLO pretende transformar a México en una republiqueta más de América Latina, tan peor que como la de Cuba y Venezuela, donde día a día, las violaciones de los derechos humanos, está fehacientemente documentadas. Infame y denigrante es también la connivencia del Ejecutivo y Legislativo, para crear castas de ministros de consigna para doblegar la estructura moral de la Corte.
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
