Gloria Brito Nájera
Luego de cuatro de años de gestión, las acciones emprendidas por el actual jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, han puesto en claro que la orientación de su gobierno no está con los más pobres de esta Capital, tal como lo prometió durante su campaña electoral.
Para nadie es desconocida su actitud represiva ante manifestaciones que no son de su conveniencia política (entre ellas y sobre todo las de los antorchistas) y su desprecio para considerar, siquiera, demandas populares como la construcción de escuelas o introducción de servicios públicos por la mezquina razón de que dichas gestiones no le rinden dividendos políticos electorales. A esto se agrega ahora, su propósito por privatizar, es decir, entregar a poderosas empresas extranjeras, sobretodo, que cobrarán altas cuotas económicas a los usuarios, servicios públicos indispensables como el de limpia en detrimento, primero, de miles de trabajadores y, en segundo lugar, de los habitantes de esta capital.
Con el pretexto de incrementar la calidad del servicio de limpia, en el proyecto para la nueva Constitución de la Ciudad de México se ha redactado una clausula donde se expresan claramente las intenciones de que aquel servicio sea manejado por la iniciativa privada:
“La autoridad, en el marco de su competencia, llevará a cabo las medidas de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente”
Aunque las posturas oficiales, que no son otras sino las de Mancera, hasta ahora son negar dicha reforma privatizadora en el servicio de recolección de basura, la situación tan penosa en la que laboran los 17 mil trabajadores de limpia parece indicar que el descuido que existe desde hace dos décadas de gobiernos perredistas en la capital, descuido criminal que han hecho de esta ciudad prácticamente un estercolero en casi toda ella, basta con caminar por el Zócalo para ver el muladar aquí y allá; este descuido es a propósito y tiene un fin muy claro: hacer pensar a los capitalinos que la única salida para mejorar el servicio es despedir a estos trabajadores y aceptar el ingreso de la iniciativa privada. En el estudio “Las ciudades más habitables” realizada por la consultora Gabinete de comunicación estratégica, la Ciudad de México fue de las peores evaluadas en este rubro al obtener un 7.2 de calificación. Recordemos que nuestra ciudad es la segunda con mayor generación de residuos sólidos a nivel mundial sólo después de Nueva York, según un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
La Revisa Forbes, en su edición de febrero del año pasado, estimó que tratar residuos sólidos daría 37,500 millones de pesos a la Ciudad de México, pues en esta metrópoli se generan diariamente 12,000 toneladas de residuos sólidos urbanos y cuesta 3,000 millones de pesos al año manejarlos. Sin embargo, tratar esos residuos para hacer biocombustibles podría generar dicho ingreso, de acuerdo con el Diagnóstico de la situación energética en la Ciudad de México del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (Cidac). En el estudio se resalta la solución de dos problemas ambientales a la vez: el manejo responsable de la basura – que se ha convertido en un dolor de cabeza para los gobiernos perredistas capitalinos por su irresponsabilidad, igual que en otras áreas de los servicios, para prever y actuar rápidamente- y el uso responsable de biocombustibles en los automotores y en la industria que funciona en la ciudad, en vez de los hidrocarburos causantes de tanta contaminación, que contribuiría a mejorar la calidad del aire. Como puede verse, el estudio refleja que el manejo de los residuos sólidos puede ser un jugoso negocio.
Desgraciadamente, para emprender proyectos que beneficien a la gente más necesitada de la ciudad, se requiere de un gobierno de arraigo auténticamente popular, que se identifique con los intereses del pueblo trabajador; a los perredistas gobernantes desde hace 20 años en la Ciudad de México la idea les vale un comino; de ahí que las medios, la forma pesada en la que trabajan los servidores de limpia, no son del interés de la administración actual: estos desafortunados ciudadanos carecen de garantías laborales mínimas y seguras, no tienen un salario fijo (viven de la propina voluntaria) y la duración de las jornadas de trabajo son tan extenuantes como las que existían antes de la Revolución industrial del siglo XVIII.
Los gobiernos que no miran al combate de la pobreza como una prioridad impostergable, se convierten en cómplices de la proliferación de otros problemas sociales, como: la delincuencia, el vandalismo o las adicciones. Un gobierno que aplique el presupuesto con un sentido social, nunca argumentará falta de recursos, será el primero en ocuparse de las demandas elementales de la población y dejará de mirar su gestión como instrumento para hacerse de posición dentro de su carrera política. Alcanzar la meta de la justicia social para los pobres del país es la tarea¸ para eso es la lucha del Movimiento Antorchista encabezando al pueblo organizado y consciente. ( Foto Diario de México)
