Capitán Antonio Rodríguez Fritz
La historia de México ha tenido diferentes períodos en los cuales la esencia de los principios Republicanos se encontraron en riesgo.
Antes de la Constitución de 1857, la entrega de cargos civiles a mandos militares, generó periodos de inestabilidad que le costaron al país no sólo un derrame de sangre por luchas intestinas si no además, descaracterizar la función militar, también nos hizo incapaces de defendernos, lo que incitó invasiones que nos llevaron a perder la mayor parte del territorio nacional.
Para terminar con esta situación de riesgo, Don Benito Juárez incluyo en la Constitución de 1857 un artículo esencial que establece que “En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan
exacta conexión con la disciplina militar.” Y que por tanto sólo podrán actuar dentro de los cuarteles o zonas militares.
A principios del siglo XX, éste principio fue nuevamente violentado, especialmente por el Dictador Victoriano Huerta, generando nuevamente un gran inestabilidad política y social y facilitando una nueva invasión a nuestro territorio.
Eventualmente, algunos parlamentarios con febriles deseos militaristas han presentado iniciativas de Ley fallidas, incluyendo en 2007, para modificar el Artículo 129, que en la práctica fue violentado al usar militares para actividades de seguridad destinadas a los civiles.
El Jueves, nuevamente, se intentará violentar el Artículo 129 y con ello una de las bases de la República. En sesión de Parlamento abierto, veremos como algunos Diputados defenderán un triste teatro, pidiendo militarizar la administración pública, incluyendo industrias productivas como el transporte marítimo y puertos, lo que dejará la puerta abierta para militarizar otras industrias, y con ello, colocarán irresponsablemente a nuestro país en riesgo de un nuevo periodo de inestabilidad política y social.
Les pido a los amables radio escuchas seguir este debate en las redes sociales de la Cámara de Diputados para que sepan quien vota contra el país, y quienes, si se aprueba esta aberración jurídica, serán responsables del siguiente periodo de inestabilidad política y social.
