Machismo caciquil contra “Manuelitas” chiapanecas
Blas A. Buendía
Abominable y antidemocrático es la transgresión no solo de sus derechos humanos, sino civiles y políticos forzar a “renunciar” a nutrido grupo de mujeres denominadas “Manuelitas” quienes se han visto forzadas en dimitir a sus cargos de elección popular luego de ganar legítimamente los comicios del 1o. de julio en sus respectivos espacios para integrase al Congreso de la Unión y en la administración pública local y federal.

El Magistrado Civilista Élfego Bautista Pardo, en su análisis Así es el Derecho, hace una estricta observación jurídica en que ese ramillete de “mujeres guerreras” se ha visto presionada por acciones de facto y de notorio machismo por parte de caciques que operan en lo más recóndito del estado de Chiapas.

Y no es para menos, en el seno de la Cámara de Diputados se exigió que no haya más mujeres amedrentadas para dejar su cargo y se respete el principio de paridad de género. Es decir, la mayoría se pronunció porque ya no haya más “Juanitas” ni “Manuelitas”.

Las autoridades electorales federales del país estudian a conciencia estos procedimientos ilegales, deja entrever que en Chiapas, así como en otras entidades de la federación, se conculcan los derechos de la mujer quienes han sido castigadas ancestralmente por la fuerza psicológica de los hombres que como suplentes de las propietarias de curules y presidencias municipales, se hallan en el paradigmático desdén del machismo chiapaneco.

Si bien esas “mujeres guerreras” ganaron sus posiciones para cristalizar y fortalecer el cumplimiento de “paridad de género”, para el Magistrado Élfego Bautista Pardo es deplorable que todavía se de ese tipo de sucesos a 18 años de haber entrado a este nuevo milenio.

El jurisconsulto originario del estado de Hidalgo, indica que la renuncia de 42 diputadas locales y presidentes municipales electas en el estado de Chiapas para que sus suplentes, todos ellos hombres, las releven en los cargos sometidos a votación popular y ganados por ellas, es uno de los temas de mayor controversia en los últimos días, toda vez que dicha acción es evidencia de que casi se ha vuelto práctica común el que los partidos políticos violen las disposiciones legales que los obligan a designar candidatura tantas mujeres como número de hombres.

Esa situación nos obliga a hablar de la “paridad de género” como principio constitucional tendiente a lograr la igualdad sustantiva de sexos en los espacios de decisión pública, la que tiene origen en instrumentos internacionales signados por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.

Si bien la igualdad entre el hombre y la mujer figura en la Constitución Federal desde 1917, la inclusión de féminas en la vida pública ha sido paulatina, pues su sufragio se consiguió hasta 1953; sólo nueve han sido elegidas gobernadoras (dos de ellas son Claudia Sheinbaum Pardo –sin tropiezo– y Martha Erika Alonso Hidalgo –impugnada); sólo seis han sido candidatas a la Presidencia (Rosario Ibarra de Piedra, Cecilia Soto, Marcela Lombardo, Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala), y en el año 2014 se incluyó en el artículo 41 de nuestra Ley Suprema, la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género.

La finalidad de este principio es garantizar la igualdad entre hombres y mujeres; promover y acelerar su participación en la política y eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica y estructural, y debe ser respetado en la elección para legisladores federales y locales, de los ayuntamientos y los órganos de dirección de los diversos institutos políticos, a fin de lograr la inclusión efectiva de las mujeres en los espacios de decisión.

Hay que tener en cuenta que el principio de paridad de género está en las Constituciones federal y locales, pero la regulación para hacerlo efectivo se encuentra en leyes secundarias.

En el ámbito federal es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual establece que los suplentes de candidatos o candidatas a senadurías y a diputaciones federales o locales deben ser del mismo género que éstos, y la Ley General de Partidos Políticos impone la obligación de los partidos para respetar la paridad de género, y en consonancia con la Constitución federal, las leyes y códigos electorales locales deben reproducir dicho principio.

Hechos como el acontecido en Chiapas son franca violación a la ley con la complacencia o complicidad de autoridades electorales, las que permitieron el registro de candidaturas con propietarios y suplentes de diferente género, pues también el Código Electoral de Chiapas prevé que los candidatos suplentes sean del mismo sexo que los propietarios.

Acciones de este tipo deben evitarse a toda costa si realmente se quiere garantizar la igualdad sustantiva entre hombre y mujer en la vida democrática y en los espacios de toma de decisión, para lo que sólo se requiere voluntad política.

Es imperioso aplicar medidas contundentes para garantizar los derechos de las mujeres, no sólo los políticos, sino cada uno de sus derechos humanos, máxime en un ambiente como el que actualmente se vive en el país, en el cual, pese a diversos esfuerzos, se ha agudizado la violencia contra ellas, fortificó el Magistrado Élfego Bautista Pardo, quien es titular de la Tercera Ponencia en materia Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

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