Blas A. Buendía
En una forma tácita de interpretar acciones jurídicas que vienen encaminando al país por senderos ya superados —que dieron origen al oclocratismo puro hoy en la actualidad—, la CONATRIB urgió a todos los actores políticos, magistrados, jueces y quienes tienen que velar por la seguridad de la nación, a reconstruir los caminos de la democracia ya que la corrupción y la impunidad es el binomio imperfecto que frena todo desarrollo social.
A nombre del presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), magistrado Rafael Guerra Álvarez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, magistrado Luis Jorge Gamboa Olea, alertó que la impunidad abre la puerta a actos como la corrupción, ante la ausencia de autoridades de procuración y administración de justicia eficaces y eficientes.
Esto genera la fórmula perfecta para vivir en un estado de derecho fallido, sentenció al inaugurar un coloquio en el marco del Programa Nacional de Fortalecimiento Interinstitucional en Procuración de Justicia en Materia Anticorrupción, donde enfatizó que si bien la corrupción es un lastre que lacera a la sociedad, lo más dañino es precisamente la impunidad.
En ese marco, el presidente de la Comisión Nacional de Fiscalías Anticorrupción (CONAFA), Jesús Flores Mier, dijo que quienes forman parte de esa organización están decididos a convertirse en aliados tanto contra la corrupción como la impunidad.
En ese sentido, el magistrado Gamboa Olea destacó la importancia de la comunicación y la coordinación, al reconocer que, si bien es cierto que quienes forman parte del aparato de procuración y administración de justicia tiene como fin último dar a cada quien lo que le corresponde, pareciera “que vamos por pistas distintas cuando el objetivo es el mismo”.
Detalló que la impunidad se entiende como el poder de sentir la seguridad de que nada ocurrirá, por parte de aquellos que cometen dicha conducta antisocial y delictiva.
Al referirse al coloquio, consideró que, más allá que el intercambio de ideas entre judicaturas, fiscalías estatales, fiscalías especializadas y unidades de investigación, debe de representar el mensaje que la sociedad necesita en el sentido de que sus autoridades estén coordinadas.
“Más allá de autonomías de las instituciones, y respetando el Estado de Derecho, no se debe perder de vista que somos servidores públicos encargados de generar condiciones de seguridad que permitan pacificar a una sociedad ávida de justicia”, enfatizó.
A su vez, el también fiscal especializado en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila, Jesús Flores Mier, reconoció: “No podemos solos, necesitamos de todas y de todos ustedes”.
Las fiscalías anticorrupción —argumentó— fueron las últimas figuras creadas dentro de los sistemas anticorrupción, por lo que “tenemos que sumar esfuerzos, construyendo estrategias encaminadas a la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas y buscar el objetivo común de devolverle la confianza a la ciudadanía, privilegiando el Estado de Derecho y acabando con la impunidad”.
En el coloquio de carácter virtual y presencial se desarrolló el panel La Corrupción como Delito, como falta administrativa y como percepción ciudadana, durante el que se planteó el reto de armonizar las legislaciones en la materia, toda vez que se advirtió que, desde el punto de vista de las leyes, la lucha en la materia no ha sido sencilla, e incluso ha sido motivo de acciones de inconstitucionalidad.
Se urgió en la necesidad de aprobar una Ley General en Materia de Delitos de Corrupción, previa reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, a fin de generar las condiciones para un entorno sistémico acorde con los instrumentos internacionales y nacionales.
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
