A pesar de que el gobernador poblano ha culpado de las masacres en la entidad a la violencia que se vive en los vecinos Morelos y Guerrero, lo cierto es que Puebla ya los rebasa en inseguridad pública y número de asesinatos.
Karen Santos
“Al parecer no son de Atlixco, ni son poblanos. (…) fue una ejecución entre bandas, entre personas que llegaron a Atlixco a cometer delitos de narcomenudeo y otras muchas cosas”, declaró el gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa Huerta, para desestimar una masacre en la que murieron 10 personas —siete hombres, tres mujeres, entre ellos dos menores— ocurrida la noche del ocho de marzo en la colonia Francisco I. Madero del citado pueblo mágico.
La conmoción que este brutal crimen cometido contra una familia entera, cuyas víctimas recibieron tiro de gracia fue “matizada” por Barbosa al día siguiente en su conferencia mañanera, cuando atribuyó la ejecución a personas ajenas a Puebla, e informó que el suceso había ocurrido “en un lugar de distribución y venta de droga. Fue una ejecución entre bandas de personas que llegaron a Atlixco a cometer delitos de narcomenudeo y muchas otras cosas.
“¿Quién trae la droga a Puebla y a todos los estados del país? Cárteles nacionales. ¿Quién la distribuye? Grupos delincuenciales locales, pero esos grupos están llegando a todos los estados. Vamos a llegar a fondo para saber quiénes fueron los ejecutados, pero la cercanía de Atlixco con Morelos y Guerrero convierte a esa zona en un lugar complicadito”.
El gobernador usó tal argumento a pesar de que días antes, ante la aparición frecuente de cuerpos desmembrados en el estado, había asegurado que todas las muertes debían ser consideradas, sin importar quién o qué hacían: “Cuando aparece un resto humano es de una persona que perdió la vida, que la asesinaron y no poner la condición de qué tipo de ciudadano era, no es una declaración correcta. Lo digo con mucho respeto sin querer crear controversia”.
El Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, informó el 10 de marzo que la familia ejecutada era originaria del estado vecino de Veracruz; que durante el asesinato múltiple se utilizaron armas de fuego calibre nueve milímetros y que en el sitio se aseguraron residuos de narcóticos con características propias de las drogas conocidas como cristal y marihuana.
“Como común denominador, como estos hechos en Atlixco, existe el delito de narcomenudeo; está presente este delito, no significa otra cosa, como se ha dicho, son enfrentamientos y disputas por el predominio de la actividad comercial de drogas, particularmente cristal que ha motivado esta violencia”, destacó el fiscal.
Posteriormente, Barbosa ofreció que su gobierno va a “limpiar Atlixco de todo el tema de narcomenudeo” para que no haya más enfrentamientos entre bandas y que las familias, los turistas y los empresarios no teman por su seguridad y su economía, ya que algunos comerciantes denunciaron que han sido víctimas de extorsión a través de llamadas anónimas de gente que se acreditaba la matanza y les exigió la entrega de miles de pesos a cambio de que no tuvieran la misma suerte de los sacrificados el ocho de marzo.
Atlixco es un municipio gobernado por la morenista Ariadna Ayala.
Más muertos que en Guerrero y Morelos
A pesar de que el gobernador poblano de inmediato culpó de ésta y otras masacres a la violencia que se vive en los estados vecinos de Morelos y Guerrero, y atribuyó un supuesto “contagio delictivo” a la colindancia de la Mixteca poblana con estas entidades, lo cierto es que Puebla ya rebasa a los otros estados en inseguridad pública y número de asesinatos.
Tan solo en los municipios de la Mixteca poblana que colindan con Guerrero y Morelos (Chietla, Izúcar de Matamoros, Chiautla de Tapia y Tulcingo del Valle), en los primeros dos meses de 2022 se registraron 12 homicidios dolosos; a diferencia de los dos ocurridos en los municipios guerrerenses de Atenango del Río, Copalillo, Olinalá y Xochimehuehuetlán, y los siete que se han suscitado en los municipios morelenses Axochiapan, Jantetelco, Zacualpan y Tetela del Volcán.
La versión del mandatario morenista en torno a que la violencia delictiva que priva en la Mixteca Poblana se debe a “su cercanía con Guerrero y Morelos”, lo llevó a señalar que, en febrero de este año, la bolsa con dos cabezas humanas descubierta en Chietla había sido puesta en territorio poblano: “Es zona complicada, su cercanía con esos estados hace que haya peligro y mucho riesgo”, apuntó, para luego enfatizar: “Tenemos un estado de nivel aceptable en cuanto a la seguridad… Guerrero y Morelos tienen condiciones mucho más complicadas que Puebla”.
Pero el tres de marzo, como si la propia realidad quisiera desmentirlo, cinco personas fueron asesinadas en Ciudad Serdán. La explicación de Barbosa Huerta fue la misma que más tarde ofreció para la masacre perpetrada en Atlixco: “sabemos quiénes son y a qué se dedicaban los ejecutados y ya hay noticias de quiénes fueron. Es un pliego entre bandas regionales de allá; sabemos quiénes fueron los asesinados y los ejecutores”.
Días antes, el 23 de febrero, tres hombres fueron ultimados en Acatzingo, quienes al parecer lideraban una célula delictiva de ese municipio, sin mayor detalle. El nueve de febrero fueron localizadas bolsas de plástico con restos de cuatro personas en Yehualtepec. Tampoco hubo detenidos ni mayor información. El 16 de febrero, en la comunidad de Chichicaxtla, Aquixtla, murieron tres personas de una misma familia.
En octubre de 2021, en la comunidad Emilio Portes Gil, perteneciente a San Nicolás Buenos Aires, fueron ejecutados tres hombres, de quienes nunca se supo la identidad. En la colonia Lomas Flor del Bosque, en Puebla capital, fueron encontrados sin vida dos mujeres y un hombre, al parecer con un narcomensaje. En ninguno de estos casos ha habido detenidos, inclusive cuando el gobernador pregona que en Puebla no hay crímenes impunes.
El 30 de marzo de este año, un crimen más sacudió a los poblanos: esa noche, el fotógrafo Alan Torrentera y su sobrina Camila Alcalde fueron ultimados en su vivienda, ubicada al sur de la capital poblana. Aunque la primera versión indicaba un robo, rápidamente las autoridades determinaron que fue otro “ajuste de cuentas”, en el que el perpetrador resultó ser un familiar de los hoy occisos.
Sobre la masacre de Atlixco, Miguel Barbosa anunció, el lunes 14 de marzo, que ya había “muchos detenidos por el caso particular de estos 10 asesinatos y por todo lo que llegó a constituirse como un escenario de máximo riesgo en esta zona”, aunque no mencionó a los responsables del crimen.
Días después, cuando se le cuestionó si el estado ofrecería recompensas a quienes proporcionaran información relevante, Barbosa pidió no pensar “como gringos, por favor. Pensemos que estamos en nuestra realidad”.
Fue hasta el lunes 28 de marzo que fue anunciado por la Fiscalía de Puebla que ya había tres detenidos: Aldo N., Bryan N., y Luis Alfonso N. Los tres contaban ya con antecedentes penales por tráfico de estupefacientes y portación de arma de fuego.
Puebla: rebasado en la inseguridad
A pesar de que Miguel Barbosa se asume como un “experto en seguridad”, la violencia sigue creciendo en el estado. En el primer bimestre del año, los homicidios dolosos en Puebla aumentaron 36.1 por ciento, pues hubo 39 asesinatos más que en el mismo periodo de 2021, según datos de la FGE. De los 147 asesinatos cometidos de manera intencional, 83 fueron con arma de fuego, 46 con otro “elemento” y 18 con arma blanca.
En el corte de diciembre de 2021, Puebla fue uno de los estados en donde la percepción de inseguridad creció más, pues pasó del 68.8 por ciento en septiembre al 81.9 por ciento a fin de año. El mapa de incidencia delictiva del SESNSP, correspondiente al primer bimestre del año, ubica a Puebla como la octava entidad con mayor índice de inseguridad del país, porque acumuló 11 mil 861 delitos anuales; además de que reveló que Puebla se convirtió en el quinto estado con más homicidios dolosos en México.
En los dos años y medio del gobierno de Barbosa Huerta, la FGE ha registrado dos mil 246 homicidios dolosos. Los meses con mayor número de homicidios fueron diciembre de 2019 y abril de 2020, ambos con 92 cada uno; se han abierto 13 mil 58 carpetas por lesiones dolosas; mayo de 2021 fue el mes con más lesiones con 556; ha habido 116 feminicidios, cuyo mayor pico se dio en febrero de 2020 con 10 crímenes.
Entrevistado por medios locales, el coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana (IB) en Puebla, Rubén Alberto Curiel Tejeda, explicó que estos homicidios y masacres en la entidad demuestran que el gobierno de Barbosa Huerta ha sido rebasado por la inseguridad y evidencian que las corporaciones de seguridad carecen de un trabajo de inteligencia eficiente.
Advirtió también que en Puebla no existe un plan para prevenir los delitos y que, últimamente, el gobierno estatal se ha enfocado más a “combatir la corrupción” dentro de las corporaciones policiales que a mejorar su capacidad operativa, lo cual explica por qué la percepción de seguridad en la población es baja.
Apuntó, por último, que la estrategia de seguridad del gobierno de Miguel Barbosa y de varios alcaldes se limita a poner cámaras de vigilancia y a comprar patrullas, que solo son “paliativos con los que no se puede bajar la inseguridad ni la incidencia delictiva”, pero no se atacan a fondo las verdaderas causas de la delincuencia.
Barbosa Huerta ahora está confiado en su cuerpo de seguridad, para el que, a finales de enero, designó nuevo director tras el escándalo del niño Tadeo, cuyo cuerpo fue hallado en un penal de la capital del estado: “Hoy tengo grandes servidores de seguridad pública, el secretario y todo su equipo que está integrando”.
Pero los poblanos no confían en que la situación mejore, pues cada día hay nuevas víctimas de algún ilícito y no ven acciones claras del gobierno estatal que puedan reducir los problemas de inseguridad pública que afectan a millones de poblanos.
(Tomado de la Revista Buzos)
