Alberto Woolrich Ortíz*
La falta de cumplimiento a sus promesas electorales siempre ha sido motivo a la pérdida de credibilidad de las palabras de nuestros gobernantes, en particular, la de Andrés Manuel López Obrador y en lo general, la de todos aquellos que le colaboran y le aplauden por su insana forma de gobernar. Las acciones inconstitucionales de ambos es lo que da génesis a referir ahora el tema de pérdida de seguridad jurídica, tópico que ha hecho presencia en múltiples ocasiones y ha motivado muchas acciones del Poder Judicial Federal a fin de recuperarla.
Constitución, leyes y códigos son puntos de referencia imprescindibles. La seguridad jurídica es el “máximo criterio que se relaciona, más que con el aspecto racional y ético del derecho, con su aspecto técnico, positivo, sociológico”, como bien expusiera el ilustre catedrático Mario de la Cueva.
La seguridad jurídica debe ser entendida por todos como la garantía que se concede en forma gratuita a los mexicanos, mediante el cumplimiento a cabalidad de la letra y espíritu de la Constitución Política, es la salvaguarda otorgada al nacional de que su persona, sus bienes, sus posesiones, sus derechos no serán objeto de ataques que menoscaben la integridad de ellos. Como bien pronto se observa, la seguridad jurídica se identifica con el respeto que el gobernante le de a los ordenamientos jurídicos contenidos en nuestro Pacto Federal, ello está ligado al cumplimiento de respetar y hacer respetar la ley.
En los actuales tiempos por los que transita nuestra Patria, de manera impostergable se requiere contar con seguridad jurídica, la cuál se tiene que hacer valer aún frente a los gobernantes de ésta Cuarta Transformación de la Nación.
Enseñaba un viejo catedrático universitario que por seguridad jurídica debía entenderse también “El conocimiento que deben tener los mexicanos respecto a aquello que pueden hacer, exigir o que están obligados a evitar”. El conocimiento al que se refería nuestro mentor profesional, es el conocimiento que debe de tener el pueblo respecto a sus libertades, derechos y obligaciones que les garantiza e impone nuestra Carta Magna.
Cuando el pueblo entienda por seguridad jurídica el saber a qué atenerse cuando se emite un sufragio errado, sabrá que a futuro deberá meditar ese sufragio, ya que con el mismo se puede conducir a México al orden de la eficacia y la justicia que merece o en su defecto, a seguir navegando en un mar de ineficacia e injusticia.
Cabe pues, concluir refiriendo que si Andrés Manuel López Obrador fue omiso en cumplir su palabra electoral de brindar seguridad jurídica a la Nación, ese cumplimiento a la fecha para México implica la inexistencia de un orden legal, eficaz y justo y, que, por consecuencia, al incumplir su palabra nace una frontal oposición a su manera de gobernar, ya que con la misma no se arriba a la justicia que resulta ser el bien común para México.
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* Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
