Miguel Angel Casique Olivos
Hace unos días la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su titular, Aurelio Nuño, presentó su Estrategia Nacional para la Equidad e Inclusión según la cual, dijo, se buscará reducir las brechas de desigualdad y los rezagos en la educación, esto como parte del Nuevo Modelo Educativo; durante la presentación explicó las medidas que se aplicarán a partir del próximo ciclo escolar con un “programa piloto” en 250 planteles educativos (200 de nivel básico y 50 de medio superior) y así, dijo la dependencia, hasta que se abarque todo el territorio nacional. En esas pruebas o programa piloto, tanto en la Ciudad de México como en los estados que alcancen ese privilegio, se va a ir presentando y avanzando en esa visión hasta abarcar todas las escuelas y entidades; pero será hasta el año 2030 (dentro de 13 años) que se tengan ya elementos para que existan escuelas totalmente inclusivas. La SEP señaló que todos los planteles educativos de México deben trabajar en condiciones más equitativas, exigencia que por años han expuesto profesores, expertos y organizaciones civiles pero nada de eso ocurre en la práctica, pues la educación en México está cada vez más estancada y sin vías de salir del sótano, comparándonos con países del primer mundo.
La estrategia anunciada con bombo y platillo se puede resumir en los siguientes puntos: 1) Atención a hablantes de lenguas indígenas y poblaciones migrantes; aquí habrá y se destinarán recursos para mejorar infraestructura física, mobiliario y equipamiento de centros escolares en comunidades indígenas, habrá libros y materiales en lenguas indígenas y capacitación; el 20 por ciento de los recursos que se destinen a la educación irán a zonas indígenas (¿será?); 2) Inclusión de personas con discapacidad; los planteles se adaptarán a los estudiantes con este problema y se podrán incorporar a escuelas regulares; 3) Poner énfasis en el desarrollo infantil temprano; la Sedesol federal se coordinará con la SEP para asegurar que se impartan talleres comunitarios y programas de capacitación, así lo padres podrán involucrarse más en la educación de sus hijos; 4) Disminución de las brechas de género; se combatirán los estereotipos desde el salón de clases, con prácticas de enseñanza que den las mismas oportunidades a niños que a niñas desde la infancia; 5) Becas para quienes lo necesiten; la SEP buscará que los apoyos lleguen desde preescolar hasta la educación superior, y 6) Se abatirá el rezago educativo; aquí, se asegura, se romperán los nudos de desigualdad en el sistema educativo sin importar la condición y origen de los estudiantes.
Hasta aquí la propuesta que mediáticamente sí generó ruido positivo al titular de la SEP. Todo parece color de rosa y producto de las buenas intenciones, pues con seis líneas de acción y 20 intervenciones específicas de política pública se espera que el sistema educativo, además de mejorar la calidad, sea incluyente; la dependencia aspira a que México tenga “escuelas parejas” y que se “rompa” con la desigualdad que existe en ellas.
Si lo anterior no se contradijera con las cifras que en materia educativa publican cada año los medios de comunicación, si no lo desmintieran los resultados de diferentes pruebas para medir la calidad educativa, tal vez pudiéramos creer que lo anunciado traerá buenos resultados en lo inmediato y en la siguiente década, pero las cifras no son tan alentadoras, baste ver algunas estadísticas.
En los resultados de la prueba PISA 2015 se enfatizó que México se encuentra por debajo del promedio de la OCDE: en ciencias, lectura y matemáticas. En el tema de ciencias el promedio de la OCDE es de 20 por ciento de los estudiantes que no alcanzan el nivel mínimo de competencia; para México el porcentaje es de 48 por ciento; en lectura, nuestro país también está por debajo del promedio; el porcentaje de alumnos en excelencia es en promedio de 8.3 por ciento contra 0.3 para nuestro país; en matemáticas, México se encuentra por los suelos, el porcentaje de alumnos que no alcanza nivel básico de competencia es de 23 por ciento, mientras que para México es de más del doble (57 por ciento).
Ítem más. El gasto en educación en el país es alto, representa alrededor del 5.5 por ciento del PIB y alrededor del 23 por ciento del gasto público; en términos relativos se gasta más que en otros países de la OCDE, aún así estamos muy lejos de invertir lo necesario para tener un sistema educativo de calidad pues el gasto, aunque es elevado, es ineficiente ya que ni la calidad de la enseñanza ni la infraestructura son satisfactorias. El 90 por ciento de los recursos públicos destinados a la educación se van en sueldos de los profesores.
En el mismo 2015, el Nobel de economía, Joseph E. Stiglitz, publicó un libro titulado The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them (Gran División: sociedades desiguales y lo que podemos hacer); ahí, el economista propone tres pasos para eliminar la desigualdad en el mundo: 1) Reforma del sistema fiscal. El experto en economía refirió que los que ganan más dinero tienen que aportar contribuciones correspondientes a sus ingresos en el sistema fiscal, es decir pagar más. 2) Análisis de la estructura básica del sistema económico. Stiglitz señala que es necesario hacer análisis para entender mejor los modelos y las leyes que rigen el sistema socioeconómico y las causas que generan la desigualdad 3) Igualar las facilidades educativas entre los más ricos y los más pobres. En su libro, el economista afirma que se trata de una lucha contra la “desigualdad de oportunidades”, pues señala que México es uno de los países que se gasta más fondos en la educación para los ricos.
Por lo anterior queda claro que educar a los pobres con los seis puntos de la Estrategia Nacional para la Equidad e Inclusión y sobre todo con el punto número seis, que habla de romper los nudos de desigualdad en el sistema educativo sin importar la condición y origen de los estudiantes, va a quedar solo en buenos deseos, pues para educar a los hijos de los obreros y los campesinos de nuestro país con igual calidad que a los hijos de las clases pudientes y así alcanzar esa “igualdad de oportunidades” es necesario realizar cambios profundos porque en la desigualdad social de cualquier país subyacen otros factores (económicos y políticos) tan poderosos que no desaparecerán por que un político exprese buenas intenciones o el status quo lo promulgue y publicite.
En México hace falta una verdadera revisión de la política educativa y una decisión enérgica e insobornable para cambiar lo que no sirva por algo nuevo, y para lograr una calidad educativa de primer nivel y con eso comenzar a salir de la pobreza, eliminando la desigualdad. Suponiendo que en 2030 podamos comenzar a apreciar los resultados de la Estrategia Nacional presenta, no hay duda de que si un pueblo que esté bien educado no es suficiente para salir de su pobreza mucho menos lo va a lograr si está sumergido en la ignorancia y el atraso. Entonces, nuestros gobernantes y la SEP federal no deben seguir jugando con la educación popular, que es el pilar fundamental para el éxito o el fracaso de nuestra nación.
El próximo 15 de julio se darán a conocer los resultados del examen que casi 75 mil egresados del bachillerato presentaron a la máxima casa de estudios, la UNAM; de ese total, seguramente solo un 10 por ciento alcanzarán un lugar en la Universidad, el resto tendrá que buscar otra opción. Los resultados dirán, por si hacían falta más datos que demuestren la naturaleza elitista del modelo educativo mexicano, que el combate a la desigualdad en oportunidades, más el rezago que tenemos de más de 30 años con respecto al primer mundo no será fácil acabar con ellos. Entonces, las propuestas en materia educativa que andan muy en boga en estos días no dejan de ser otro discurso de ocasión.
