Por Fernando Castro.
“Color, tradición, cultura, belleza, artesanías y mucho más encontrarás en Morelos, un estado rico en su fauna y flora; ven y visita Morelos”, reza la promoción turística del Gobierno estatal, cuyo propósito es resaltar los encantos naturales de Cuernavaca y los “pueblos emblemáticos” morelenses.
Sin embargo, la exaltación de los atributos físicos del estado es sólo una cortina de humo con la que el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu trata de desviar la atención, mientras su Gobierno, en los cuatro años pasados, logró que Morelos ocupara los primeros índices nacionales en inseguridad pública, pobreza, atraso escolar, corrupción y nepotismo.
Sí, nepotismo, porque además de inepto y mentiroso –incumplió la mayor parte de sus compromisos de campaña y de someterse cada dos años a un plebiscito revocatorio– Ramírez Garrido colocó en puestos privilegiados a casi una docena de parientes cercanos y amigos, entre ellos una ex esposa, dos hijos y una nuera.
Violencia para todos, sólo en Morelos
En su estudio Ranking de la violencia en municipios y entidades federativas 2014, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) informó que Morelos es la entidad federativa más violenta de México y Cuernavaca, Morelos, la ciudad con más de 100 mil habitantes con mayores índices de inseguridad.
En una evaluación más reciente, el propio CCSPJP reportó que dichas cifras no han cambiado, porque a la fecha Morelos tiene un índice de violencia de 34.05 puntos, casi dos veces superior a la media nacional de 18.84 puntos. Estas estadísticas se basan, además, en diversos análisis especializados.
Por ejemplo, el Atlas de seguridad y violencia en el estado de Morelos, elaborado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, reporta que la tasa de homicidios en el estado se ha duplicado desde 2010.
El estudio incluso revela que, a diferencia de los 265 asesinatos por año y los 403 feminicidios registrados entre 1998 y 2012, en el lapso de enero del año 2000 a junio de 2013, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) reportó 530 asesinatos de mujeres en un periodo más de dos veces menor.
En general, las cifras de las instituciones independientes de investigación sobre derechos humanos y delincuencia son 58 por ciento más altas que las oficiales, coincidiendo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2015, en la que se establece que 68.3 por ciento de las población morelense considera la inseguridad pública como el mayor obstáculo para el desarrollo de sus actividades cotidianas, seguido por el desempleo, el aumento de precios, la pobreza y la corrupción.
En este estudio se reporta también que la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes creció de manera muy pronunciada de 2010 a 2014, toda vez que pasó de 28 mil 491 a 43 mil 584 en cuatro años, con lo que el índice delictivo rebasó por primera vez la media nacional (41 mil 655). Esta evaluación no consideró, además, que en 2014 sólo 10.8 por ciento de los delitos fueron denunciados y que y 67.2 por ciento de estos tuvieron averiguación previa ante el Ministerio Público.
Este resultado negativo derivó en la formulación de un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de Morelos en el que se sostuvo que las cifras negativas de la seguridad pública en el estado, además lacerar la vida cotidiana de los morelenses, demuestran la “poca o nula confianza” que éstos guardan hacia sus autoridades, pues apenas 25.2 por ciento de los adultos confía en sus policías municipales, en contraste con 77.7 por ciento del nivel de confianza que tienen hacia los elementos de la Secretaría de Marina.
“El panorama evidencia un enorme déficit de legalidad en la entidad federativa. El respeto y la promoción de los derechos fundamentales de los morelenses se encuentra vejado por la incapacidad institucional de las fuerzas de seguridad pública locales”, especifica el punto de acuerdo.
El documento del Poder Legislativo advierte que la gravedad de los problemas de inseguridad pública en Morelos es de tal magnitud que la sociedad ha tenido que manifestarse para “suplicar” a las autoridades competentes una intervención eficaz para someter a control al crimen organizado.
Este diagnóstico público desmiente categóricamente las reiteradas declaraciones de Graco Ramírez de que la implementación del “mando único” ha disminuido los delitos más graves en la entidad.
Morelos: donde crece la pobreza
En una de las primeras reuniones del Sistema Estatal Sin Hambre, a la que asistieron el gobernador Graco Ramírez y varios funcionarios estatales, el secretario federal de Desarrollo Social (Sedesol). José Antonio Meade, reveló algunos datos estadísticos de la situación de pobreza en Morelos en los últimos seis años, entre los que destacó que entre 2008 y 2014 el número de personas con carencias sociales se había reducido de 299 mil a 419 mil.
Sin embargo, de acuerdo con un informe de 2014 sobre la pobreza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo encargado de medir la pobreza, se reportó que 52.3 por ciento de la población de Morelos está en esa condición –993 mil personas– y que entre 2012 y 2014 la cifra creció en 140 mil personas, que en promedio tienen más de dos carencias sociales. El Coneval reportó asimismo que la población en pobreza extrema –con 3.5 carencias en promedio– pasó de 117 mil a 149 mil afectados.
Soledad Solís Córdova, líder del Movimiento Antorchista en Morelos (una de las organizaciones populares más grandes en el estado), señaló que las cifras de la pobreza en la entidad son mayores a las que reportan los gobiernos estatal y federal; aseguró que entre 2010 y 2014, el número de morelenses pobres aumentó (de 43 a 52 por ciento) con respecto a la de la población total. Es decir, más de la mitad de los morelenses que hoy están en la pobreza, tienen al menos una carencia social en alimentación, vivienda y servicios de salud, seguridad social, agua potable, drenaje, pavimentación y transporte.
En cifras absolutas, el número de pobres en Morelos pasó de 782 mil 200 a 993 mil 700, lo que implica que más de 211 mil 500 morelenses cayeron en situación de pobreza, con un equivalente de 27 por ciento con respecto a la población total del estado en los últimos cuatro años y del 17.8 por ciento en los últimos dos. Estos índices ubican al estado en el primer lugar en crecimiento nacional de la pobreza, cuando la media nacional, establecida por el Coneval, es 3.7 por ciento.
Solís Córdova afirma que es por esta causa que el eje político de su organización social va más allá de la demanda de satisfacción de servicios básicos, pues “lo que propone Antorcha es reorientar a fondo el gasto público a favor de las mayorías depauperadas, ése es el único camino de una política social de gran impacto. Además, hace falta un programa serio de generación de empleos, en número suficiente y con una mejora sustancial del salario mínimo”.
Por ello –abundó la dirigente antorchista– es necesario que en México se implemente “una política progresiva en el cobro de impuestos, donde contribuyan más los que más ganan, pues resulta que los grandes evasores de impuestos son los grupos y empresas más poderosas. No obstante, todo esto implica un cambio radical en el modelo económico y en la política, que sólo puede llevarse a cabo por una clase política verdaderamente comprometida con la patria y con el respaldo de todo el pueblo organizado; si no ocurre esto, México seguirá siendo un país muy desigual y con una limitada o escasa justicia social”.
El nepotismo de Graco
La situación de pobreza generalizada no parece importarle mucho al “primer gobernador de izquierda” de Morelos. Graco es militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en los cuatro años de su administración se ha caracterizado básicamente por su la ineficiencia, corrupción y nepotismo, lacra que no oculta y que incluso exhibe abiertamente.
La lista de sus parientes y amigos con altos ingresos en el gobierno estatal de Morelos es larga y empieza con Elena Cepeda, su esposa, quien es la presidenta del sistema estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Rodrigo Gayosso Cepeda, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en la entidad.
Sigue con Mónica Reyes Fuchs, pareja sentimental de Pablo Ernesto Ramírez Garrido Durón, hijo del primer matrimonio de Graco Ramírez, quien se desempeña como secretaria de Turismo, cargo por el que percibe un sueldo mensual de 70 mil pesos, es decir, gana más de 31 salarios mínimos al día.
La exesposa del mandatario estatal, Olga Durón Viveros, fue nombrada en febrero de 2013 coordinadora general del Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRT), donde percibe un ingreso mensual de 64 mil 375 pesos con 16 centavos.
Rafael Bolívar Garrido, hermano de Graco, opera como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable (SDUVS), con un sueldo mensual de 59 mil 327 pesos con 42 centavos.
Javier Pérez Durón, sobrino de su exesposa, es fiscal general de Morelos, su ingreso mensual en 2014 era de 67 mil 233 pesos; el actualizado se desconoce u oculta.
Ricardo Olmos, familiar cercano de Elena Cepeda, la primera dama, se desempeña como subdirector de Recursos Materiales en el Gobierno del estado y Alberto Barona, pareja de un miembro de la familia, es secretario de Administración en el organigrama del Gobierno estatal.
Jorge Messeguer, amigo íntimo de Graco y excandidato del PRD a la presidencia municipal de Cuernavaca, es hoy secretario de Movilidad y Transporte (SMT); la esposa de éste, Mireya Gally, es directora de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEM) y el hijo de ambos, Jordi Messeguer, asistente de Alberto Capella en la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
Dos años y me voy si quieren
En su campaña electoral de hace cuatro años, Graco prometió que los ciudadanos tendrían “acceso pleno a la iniciativa popular; referéndum y plebiscito y prometió incorporar a la legislación estatal la figura de la revocación de mandato cada dos años”. El 5 de junio de 2012 escribió en su cuenta de Twitter: “cada dos años, como gobernador de Morelos, me someteré a votación para que la gente decida si me quedo o me voy. Habrá revocación de mandato”.
Hoy, la mayoría de los morelenses exigen el cumplimiento de esa promesa, que en 2014 pudo evadir Ramírez Garrido gracias a la reforma electoral, aprobada por el Congreso de la Unión, que le permitió abrogar la Ley de Participación Ciudadana de Morelos –órgano local encargado de someter a consulta la renovación de su mandato– con el pretexto de “armonizar” la legislación electoral estatal con la federal.
Al respecto Gerardo Becerra, titular de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), explicó a un medio nacional que aun sin el órgano local, un grupo de ciudadanos recolectó 15 mil firmas pidiendo a Graco Ramírez que dejara el cargo, pero éste los ignoró.
“Nosotros, como Coordinadora Morelense, le empezamos a acopiar firmas con la credencial de elector, que es como lo exigía en su momento la Ley de Participación Ciudadana, y él aprobó, junto con sus diputados, desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, porque no armonizaba con la cuestión federal”.
En su plataforma electoral y en sus discursos de campaña, Graco Ramírez prometió a los morelenses crear un sistema de transporte similar al Metrobús de la Ciudad de México, instalar un alumbrado público con base en energía solar y hasta crear tres nuevos municipios indígenas. No ha cumplido ninguno de estos compromisos.
También se comprometió a generar miles de fuentes de empleo. Cuando asumió el Gobierno, a finales de 2012, la tasa de desempleo, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), era de 3.5 por ciento, pero hoy, cuatro de cada 10 morelenses en edad de laborar carecen de una plaza. Es decir, la tasa de desempleo subió 0.5 por ciento.
Después de cuatro años de engaños y promesas incumplidas, la marginalidad social, el desempleo y la extrema inseguridad pública que padecen los morelenses no pueden ser matizados ni desmentidos por algunas acciones mediatizadoras y demagógicas –como la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo– o por el “color, la tradición y la cultura” de los pueblos emblemáticos de Morelos, ya que la pobreza endémica de éstos difícilmente puede ser evaluada como “belleza”, según el modo de ver de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.
