Blas A. Buendía 

 

El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, enfatizó la necesidad de que los órganos judiciales cuenten con autonomía financiera, y al referirse al hecho de que la nueva Sala Constitucional se integre con magistrados con doble función, como se estableció por modificación legal del Congreso, es precisamente por un tema de presupuesto.

Al participar en la mesa Gobierno Judicial, en el marco de la XIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), recordó que se requerían mil millones de pesos para que el PJCDMX creara la citada Sala Constitucional, así como 22 juzgados de tutela.

Guerra Álvarez disertó en la mesa encabezada por ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, en la que se discutió sobre la naturaleza de los consejos de la judicatura como organismos de administración, vigilancia y disciplina de los poderes judiciales.

Refirió que hubiese sido un retroceso el hecho de que el Consejo Judicial Ciudadano se encargará de nombrar a los consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México, así como el impedimento de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia lo fuese también del Consejo, como lo estipulaba la Constitución capitalina, antes de que la SCJN invalidara esas disposiciones.

Subrayó que no se podían dejar esas decisiones a los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, personajes con conocimientos, investigadores, pero sin experiencia jurisdiccional, y sobre todo sin la sensibilidad que da formar parte de la carrera judicial.

Aplaudo mucho, agregó, que no fue así por lo que hace la PJCDMX, en el que no interviene, en absoluto, el Consejo Judicial Ciudadano que actualmente se encarga del proceso para la designación de quien habrá de encabezar la Fiscalía General de Justicia.

Destacó la importancia, asimismo, de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo sea del Consejo de la Judicatura, ya que, por ende, esto hace posible que sea un personaje con experiencia jurisdiccional, lo que le permitirá velar por la función de los jueces.

El magistrado planteó que la actual conformación del Consejo de la Judicatura, vigente desde 1994, es válida no obstante que el Legislativo se encarga de nombrar a dos de sus integrantes y el Ejecutivo a uno.

Cuando se configura este órgano administrativo ya dentro del Poder Judicial, comentó, sus integrantes nombrados por el Ejecutivo y el Legislativo se vuelven independientes de quienes los designaron.

Ley Orgánica del Poder Judicial CDMX

En la víspera, en el Congreso de la Ciudad de México se ventiló esta reforma al Poder Judicial capitalino, generándose discusiones parlamentarias reflexivas para tener un ente que sea vigilado constantemente que evite evitar que haya jueces y magistrados que apliquen la justicia bajo consigna.

Si bien de hecho, el Congreso local aprobó la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la CDMX, el diputado Eduardo Santillán explicó al presentar el dictamen que esta ley dará viabilidad, armonizará las disposiciones constitucionales y establecerá el órgano garante de la constitucionalidad de la Ciudad de México

Por lo tanto, el pleno del Congreso capitalino aprobó por unanimidad el dictamen por el que se expide la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentado por las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Normatividad, Estudios y Práct  icas Parlamentarias.

“La Ley Orgánica de la Sala Constitucional pretende darle viabilidad, armonizar las disposiciones constitucionales y establecer con ello nuestro órgano garante de la constitucionalidad de la Ciudad de México”, expuso el diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

El legislador de la fracción parlamentaria de MORENA recordó que la Constitución local señala que el primero de diciembre se deberá poner en marcha la Sala Constitucional del Poder Judicial, “como un paso fundamental para la justicia constitucional nacional y de la Ciudad de México”.

“Este será un momento trascendental para la Ciudad, porque a partir de ello esta capital contará con los instrumentos de control constitucional que van a garantizar que la Constitución tenga plena y absoluta vigencia, que sin lugar a dudas se convierte en un instrumento fundamental del Estado Democrático de Derecho de la capital”, aseguró.

Agregó que a través de esta ley se crea un mecanismo de control constitucional acorde a la política de austeridad. “Se establece la existencia de una Sala permanente, al mismo tiempo se instituye que las y los integrantes de la Sala Constitucional tendrán una doble jurisdicción, serán magistrados ordinarios en cada una de las salas, civiles, penales, familiares, de adolescentes, del Tribunal Superior de Justicia, y al mismo tiempo, podrán desempeñar la jurisdicción constitucional, lo que implica la creación de un órgano de control constitucional en una política de racionalidad y austeridad”.

Santillán adelantó que esta Ley tendrá una disposición complementaria, que será la legislación procedimental, que se expedirá antes del 1 de diciembre, “para que en esta fecha tan importante quede instalada la Sala Constitucional y, al mismo tiempo, se tenga un instrumento jurídico procedimental de avanzada”.

Consideró que con la aprobación de esta ley se da un paso importante para hacer realidad la vigencia de la Constitución. Entre los instrumentos de control constitucional que se harán efectivos con el funcionamiento de esta Sala, señaló las figuras de omisión legislativa -que podrá ser interpuesta por el 15 por ciento de las y los diputados integrantes del Congreso-, las controversias constitucionales, para garantizar el respeto irrestricto a las facultades competenciales de los diversos órganos de gobierno, y la acción de inconstitucionalidad, como un eje fundamental de la justicia constitucional.

Desenvolvimiento de la justicia constitucional

Al razonar su voto, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, del grupo parlamentario de MORENA, expresó que la instalación de esta Sala contribuirá a establecer bases orgánicas y procedimentales para un adecuado desenvolvimiento de la justicia constitucional a nivel local y de los medios de control constitucional que se encuentran reconocidos en nuestra ley fundamental local.

“El artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México dispone la creación de la primera Sala Constitucional del Poder Judicial local, estableciendo que dicho órgano constitucional será el encargado de garantizar la defensa, integridad y supremacía de la Constitución local, la integridad del sistema jurídico de nuestra ciudad”, expresó.

EL diputado Diego Garrido López, del PAN, consideró que aunque éste es un tercer cuerpo normativo para la Sala Constitucional, lo que puede originar antinomias jurídicas, su contenido es adecuado. Destacó que este órgano tendrá la facultad de emitir jurisprudencia y que funcionará bajo un principio de austeridad, con siete magistrados ya existentes en el Poder Judicial que tendrán una doble competencia, además de un Secretario General de Acuerdos, que habrá de ser un experto en derecho constitucional, y un Secretario Proyectista.

El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD), criticó que las comisiones del Congreso local están transformando las iniciativas, así como la premura con que se está legislado, al límite de los tiempos legales; y se manifestó a favor del contenido del dictamen. “Vamos a legislar por vez primera sin prisas, pero sin pausas”.

Terció el diputado Eduardo Santillán al pronunciarse por el enriquecimiento de las iniciativas, y dijo es facultad fundamental de las comisiones el entrar al análisis profundo de las iniciativas que les sean presentadas. No aceptó “que se esté legislando al vapor”, sino para dar viabilidad a las disposiciones constitucionales.

El diputado Temístocles Villanueva Ramos (MORENA), reconoció la labor de las comisiones dictaminadoras, que lograron conjuntar en un dictamen dos iniciativas y abonar a la defensa y protección de los derechos humanos previstos en la Constitución local.

La segunda semana de noviembre (2019) se caracterizó por intensos trabajos legislativos en el Congreso local, donde de igual manera, el diputado Eduardo Santillán Pérez presentó la iniciativa para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y así formalizar la transición de la Procuraduría General de Justicia del DF hacia la nueva institución.

“Queremos señalar que esta Ley establece un modelo de investigación nuevo, en donde el Ministerio Público deja de ser el eje central del modelo y ahora la investigación científica se convierte en la parte fundamental para combatir los delitos. También se establece que él o la Fiscal presente un plan de política criminal”, detalló.

“Haremos un cambio para que la Policía de Investigación sea un instrumento ágil en el proceso de indagación, con investigadores profesionales y un servicio pericial que estará a la vanguardia a nivel nacional e internacional”, recalcó el legislador integrante del grupo parlamentario de MORENA. La propuesta se envió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local.

Modificaciones al Código Penal y evitar la fabricación de culpables

En tanto, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga propuso modificar el Código Penal de esta ciudad para que las Personas Morales respondan penalmente por los delitos cometidos en el marco de su organización, lo cual “siempre será una manera de motivar a los directivos a establecer mecanismos eficaces del debido control de riesgos delictivos”, dijo.

En tribuna, la diputada de MORENA explicó que la responsabilidad penal de las empresas obliga a abrir los ojos a los socios y a la cúpula empresarial, dándose cuenta de que forman parte de la ordenada gestión de la entidad, por lo que es un deber preocuparse por la prevención de los hechos delictivos. Esta iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública Local de esta soberanía.

Finalmente, y con el objetivo de acabar con la fabricación de delitos y culpables, el diputado Eleazar Rubio Aldarán propuso modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en los últimos años, dijo, han aumentado estos casos sólo para cubrir la cuota de detenciones.

“Esta problemática nace debido a que los operadores del sistema no cumplen la norma establecida, es decir, los elementos de seguridad ciudadana realizan detenciones ilegales y ponen a disposición de la autoridad ministerial, quien obvio, con la ayuda de éste último, inician una carpeta de investigación contra alguien inocente, sólo para cumplir con la cuota de trabajo que sus superiores les piden, lo que trae como resultado la fabricación de culpables para alimentar estadísticas falsas en el desempeño de funciones”, detalló el legislador de MORENA

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