Blas A. Buendía
Ante la peligrosa arrogancia y una patética destreza supina de Andrés Manuel López Obrador, la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., hizo un llamado a todas las universidades, colegios y barra de abogados, consoliden un frente común y establecer la estrategia férreamente jurídica a fin de que el Ejecutivo federal se ciñe a respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “porque es intolerante que, un día sí, y otro también, se parte de la tesis de su juramento”.
(Fotografía Primera Plana Digital)
A dos años iniciados de este gobierno, Andrés Manuel López Obrador ni ha observado y ni siquiera ha guardado la Norma Suprema, sino que está empeñado en seguir pisoteando nuestra Constitución, pretendiendo hasta romper el Pacto Federal, crispando todas las esferas de la sociedad y orillar peligrosamente al país para arroparse al plan maquiavélico comunistoide del Foro de Sao Paulo.
En ese sentido, afirma y coincide con todos los letrados del Derecho: “La defensa de la Constitución debe ser ejecutada por la Abogacía Independiente de la República, los que estamos obligados a hacer valer todo el conjunto de instrumentos procesales destinados a la salvaguarda de su contenido, porque somos los abogados y no los políticos los obligados a ello”.
En esta globalidad de doctrinas, el prestigiado penalista Alberto Woolrich Ortiz, dijo que resulta imprescindible efectuar una férrea defensa de nuestra Carta Magna para los efectos de limitar el poder y lograr que el titular del Ejecutivo se someta a nuestra Suprema Ley, tanto por lo que respecta a sus atribuciones como al respeto de los derechos humanos que merecemos los mexicanos.
Es imprescindible recordarle al político tabasqueño, el análisis -letra por letra, palabra por palabra-, sobre el contenido exacto de su discurso en el momento en que rindió protesta protocolaria para la asunción del poder presidencial, el 1 de diciembre de 2018.
“Honorable Congreso
“Pueblo de México
“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar, leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en el todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”.
(Fotografía Aristegui Noticias)
Precisamente ese fue el protagonismo que externó desde la Máxima Tribuna de la Nación frente a la elevación del Congreso General de San Lázaro, el cual duró exactamente un minuto, para luego, ofrecer un mensaje a todo el país cuyas promesas, a dos años de gobierno, sistémicamente ha incumplido, en hechos sin precedentes de hasta pisotear nuestra Constitución y llevar a México a los laberintos inciertos del comunismo.
Woolrich rememora: “Hace ya algunos años que debido a una fortuna personal, conozco a un talento de la Abogacía llamado Don Alfonso Jiménez O’farril, no sólo por ser un entusiasta y gran conocedor del derecho penal, sino también por ser un docto del constitucionalismo mexicano, guía y mentor de múltiples jóvenes y maduros abogados.
“Y, por qué no decirlo, por ser hijo del más prominente, viril y honesto Juez de Distrito de la historia jurídica nacional, quien en su momento y en vida fuera homenajeado y designado por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos como el mejor Juez Federal de la República, designación efectuada debido a su gran valentía y talento”.
Aquí, y precisamente en este instante –dijo- hay que recordar que el togado de referencia, en un acto de notoria dignidad para la justicia, le arrojó e increpó a quien fungiera como Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su identificación como juzgador, sentenciando: “La justicia no obedece las leyes de la política y no se somete a las órdenes de gobierno”.
“Por tanto Alfonso, por cuyas venas corren torrentes de sangre de virilidad, honorabilidad y justeza, resulta heredero legítimo de una enorme tradición jurídica”, aseveró.
En estas líneas, destaca su espléndida faceta como jurista y defensor de nuestra Constitución Política, consolidada en la actualidad por las enseñanzas encaminadas a la imperiosa necesidad de proteger con integridad y eficacia a dicho Pacto Federal, carestía la cual fundamenta, según su leal saber y entender, en la penosa realidad jurídico-política en la cual vivimos y percibimos dada en el marco de la Cuarta Transformación de la Nación.
Don Alfonso Jiménez O’farril, igualmente, ilustra expresando “que el derecho regula la vida social y debido a los cambios socio-políticos se requiere que nuestra Carta Magna exponga aristas de vigencia y efectividad”.
Sostiene con su acertado criterio jurídico que “la evolución y proyección de México depende del irrestricto respeto que bien merece nuestra Carta Fundamental, mismo que debe ser espontáneo y natural”.
Pero a su vez, Don Alfonso Jiménez O’farril lamenta -como lamentamos todos-, que el Ejecutivo juró observar, guardar y respetar la Norma Suprema y en lugar de ello la desconoce, la evita, la desprecia, arrojando como consecuencia un desequilibrio en los poderes públicos y violentando con ello los derechos humanos de los mexicanos.
Así –continuó el penalista Woolrich- resulta imprescindible y obligado que como abogados hagamos valer los medios idóneos para proteger y defender a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y abundó: “Los instrumentos a los cuales hace mención tan notable jurisperito resultan ser de varios tipos y normalmente son resueltos por las instancias jurisdiccionales competentes. No siendo óbice para ello que nuestra Suprema Ley también pueda ser defendida por el pueblo y la Abogacía Independiente de la República”.
La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., coincide y aplaude los conceptos expuestos por Don Alfonso Jiménez O’farril, dado que la defensa de la Constitución debe escindirse en protegerla a fin de limitar el poder y obtener que su titular se someta a ella, tanto por lo que respecta a sus atribuciones como el respeto a los derechos humanos que merecemos todos los mexicanos.
“Vaya brega en la que nos ha metido con ello Jiménez O’farril. Más como abogados estamos obligados a ello”, subrayó para emitir la consulta a la ciudadanía y al electorado: ¿Qué opina México?”
Peritos jurídicos en lingüística, determinan conforme a un perfil sicológico, que Andrés Manuel López Obrador ha perdido el piso, el poder lo echó a perder y en consecuencia, ha puesto en máxima alerta social a toda la Nación.
Es decir, si bien “protesto” fue porque tenía que cumplir con el orden constitucional y democrático.
“Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanen”, ha sido una perorata demagógica y artera en contra del Derecho.
“Desempeñar, leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República…”, no lo ha cumplido sino que se ha puesto a jugar, como niño, que su “juguete” nuevo es la gran “novedad” de una vida aplicada en el desastre, transformando a México en una república bananera.
El hecho de arengar “que el pueblo me ha conferido de manera democrática”, el político tabasqueño tiene razón, pero lastimosamente “no ha mirado en el todo por el bien y la prosperidad de la Unión”, sino que en un plan genocida, ha desaparecido a más de 350 víctimas por la pandemia del Covid-19.
Así que Andrés Manuel López Obrador está condenado al repudio popular porque los 30 millones que votaron por él, hoy sumamente arrepentidos, no estarán contestos hasta no verlo purgando una condena en la cárcel por Traición a la Patria, toda vez que “…Y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande…”
¿Qué opinas México?
