Pide Jefe de Gobierno respetar el derecho a las manifestaciones. Regresa a ALDF Decreto sobre penalidad por marchas, mítines o bloqueos

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El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, devolvió con observaciones, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el decreto por el que se adicionan disposiciones al Código Penal local, enfocadas a agravar las penas a  delitos de homicidio, lesiones, robo y daño a la propiedad cometidos durante el desarrollo de marchas, concentraciones, manifestaciones o cualquier evento público de esparcimiento, deportivo o recreativo

Las observaciones son  consideraciones sobre los bienes jurídicamente tutelados, el principio de proporcionalidad de las penas, el derecho penal del acto, el principio de última ratio y el envío de la opinión técnica de la CDHDF

La primera observación es que la ALDF armonice el ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas y la libertad de asociación 

La segunda, relativa al principio de proporcionalidad de las penas, es que se analice doctrinal y estadísticamente el impacto de las manifestaciones para determinar si la punibilidad planteada en los tipos penales formulados se halla asociada a la gravedad del daño a los bienes jurídicos tutelados, antes mencionados. 

La tercera, pide respetar el “derecho penal del acto” y evitar incurrir en lo que se conoce como “derecho penal de autor”, es decir, el Estado no podrá sancionar a una persona por un supuesto grado de peligrosidad derivado de actos anteriormente cometidos, como la apariencia o una calidad de amenaza atribuida  en virtud de la ideología que exprese. 

La cuarta  se refiere a si se ha acudido al derecho penal como última barrera para el logro de la convivencia armónica y se han agotado otras ramas del derecho para ese propósito.

La quinta alude a la necesidad y posibilidad de formular normas de carácter administrativo, incluidos los protocolos de actuación policial, para permitir, por un lado, garantizar el ejercicio de los derechos contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución, por otro, prevenir y controlar cualquier conducta violenta, cuya normativa vigente,  ya existe y debe considerarse. 

El Jefe de Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa el documento con las observaciones técnicas  de la Presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo.

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