Alberto Woolrich Ortíz*
La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., se encuentra consciente de la apremiante necesidad de lograr que la Fiscalía General de la República, consiga una adecuada función para que su actuación conlleve a la investigación del fenómeno de la narco-política. Ello es la preocupación constante de algunos servidores públicos dedicados a la política y a los menesteres de procurar e impartir justicia, así como de quienes conformamos el carácter de gobernados en esta República.
Todos los mexicanos sabemos que el fenómeno de referencia, envileció a la propia institución de procuración de justicia. Desde la comunidad internacional se aprecian las injusticias que se viven en México relacionadas con dicho tópico.
Todos en México sabemos que la institución del Ministerio Público tiene como función esencial y misión constitucional, la defensa de los intereses de la sociedad y ese conglomerado de mexicanos ha resultado severamente ofendido por aquellos acontecimientos que enturbian las próximas contiendas electorales.
Son nulos los narco-políticos que han sido sometidos a un procedimiento penal que haya arrojado como consecuencia su encarcelamiento en territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
Aquí y ahora cabe recordar que la Procuraduría General de la República de anteriores décadas, tuvo conocimiento de una denuncia penal íntimamente relacionada con la narco-política y, con ello el conocimiento de los hechos delictivos; por tal razón desde aquél procurador de poca virilidad se puso en marcha la protección al fenómeno de la narco-política; cuando lo legal y razonable hubiera sido que adquiriera la calidad de órgano investigador y persecutor de tal infamia que lesionó los intereses de nuestro México. Dicho afamado y adamado funcionario, no buscó, ni le interesó encontrar la verdad jurídica.
Hoy todos hablan de narco-política sin exhibir una sola prueba de ello. Todos los juristas, litigantes y académicos sabemos de sobra que para ejecutar una acción penal deben de existir pruebas y ellas deben de ser tomadas en cuenta en su totalidad, concatenándolas entre sí para en su momento obtener una sentencia condenatoria en contra de ese forajido del derecho.
A la par, todos sabemos que no bastan señalamientos, suposiciones, figuraciones, postulados, antojos, ocurrencias, filtraciones, exhibiciones. Las pruebas en materia penal, deben de ser aquellas que tengan un reconocimiento expreso por la ley, ya que para valorarlas conforme a la interpretación que hace la hermenéutica jurídica deben ser eficaces, descartando rumores, indicaciones, conjeturas.
Todas esas creencias, supuestos, sospechas, deducciones, hipótesis, no encuadran dentro de lo que la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., conoce como thema probanadum, ya que el objeto de la prueba se encamina precisamente a confirmar una verdad.
La Fiscalía General de la República, debería de saber ya, que horas antes de tomar posesión Andrés Manuel López Obrador, como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dicha Representación Social dictó un acuerdo en el que pretendió brindar impunidad al narco-político que dio génesis a tan execrable fenómeno, desleal que se ha encargado de divulgar nexos de la presidencia con el narcotráfico, sin exhibir demostrativa alguna de ello, ya que ni indicios, ni presunciones hacen prueba plena en materia penal.
Cabe recordar las enseñanzas de nuestros ancestros, los cuales nos hicieron saber que la verdad jurídica se encuentra contenida en aquella causa criminal de la cual conocieron diversos procuradores generales de la República durante el neoliberalismo. No omitiendo señalar por su importancia, que al favorecido por esa pretendida impunidad el propio Joaquín Guzmán Loera, lo señaló como su protector ante las autoridades jurisdiccionales de los Estados Unidos de Norteamérica.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
