COPARMEX Ciudad de México condena las modificaciones a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Capital ya que representan un franco retroceso en esta materia, es violatorio de la seguridad jurídica y echa por tierra el gran avance que se había logrado para combatir la corrupción.
Esta reforma, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Ciudad de México el pasado 2 de marzo, se traduce en un daño jurídico a los derechos de quienes habitan la Capital, pero —sobre todo— a la seguridad de las personas y al fomento de la Gestión Integral de Riesgos, herramienta indispensable de la Protección Civil en una urbe históricamente propensa a catástrofes naturales provocadas por diversos factores.
La Comisión de Higiene Seguridad y Protección Civil de COPARMEX Ciudad de México, encabezada por Armando Aguilar Hirata, participó de manera activa en la creación de una Ley que logró publicarse el 5 de junio de 2019, un avance histórico que brindó certeza jurídica y demostró un verdadero interés del Gobierno de la CDMX y de los legisladores de tener un andamiaje jurídico que transformara el viejo trámite de protección civil en un instrumento real de prevención y mejora a través de la gestión integral de riesgos, que eliminara la corrupción, facilitara la creación de empresas, simplificara trámites y mantuviera a la capital en vanguardia en temas de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Resiliencia.
Sin embargo, la modificación a dicha ley pone en entredicho el papel de la Protección Civil como una de las tareas fundamentales y prioritarias de este Gobierno, además de que —en un contexto de desaceleración y retroceso económico provocado por la pandemia de COVID-19— elimina la operación de 22 empresas certificadas para brindar el servicio de capacitación y consultoría en protección civil y la posibilidad de crear más.
En sus artículos 191 y 192 se elimina la posibilidad de que empresas particulares puedan prestar servicios relacionados con la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, además de restringir —de manera inicial— esta actividad sólo a médicos, ingenieros y arquitectos, descartando a profesionistas en otras ramas, inclusive a los actualmente certificados para prestar el servicio.
Otro aspecto grave es el artículo 61, que suma al trámite que empresas o negocios realizan en la plataforma cibernética de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, uno que debe realizarse en las alcaldías, a través de la ventanilla única, lo que no sólo duplica los procesos para obtener el registro, sino que pone en grave riesgo las gestiones por ser propenso a la corrupción en el momento en que éste proceso recaiga en la voluntad de un funcionario y se vuelva opaco y proclive a la extorsión.
La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil original liberaba del trámite de hacer y registrar un programa de protección civil a más de 440 mil micro y pequeñas empresas de la Ciudad de México, a través de un acuerdo de clasificación de riesgos por el giro de la empresa; las modificaciones eliminaron el acuerdo y todas estas empresas, están en un “limbo” jurídico, que las expone a la extorsión, basada en el criterio de los verificadores.
Lo más grave de las modificaciones es que los cambios a la ley se hicieron en el marco de un parlamento abierto, en el que participaron expertos, quienes realizaron un ejercicio de análisis que concluyó en una propuesta que vendría a mejorar la ley, pero lo aprobado fue totalmente diferente a las conclusiones alcanzadas, por lo que claramente la invitación a discutir las modificaciones representó solo una simulación.
Quienes integramos COPARMEX en la Ciudad de México hacemos 3 solicitudes al Gobierno de la Ciudad, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum, y a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Arq. Myriam Urzúa:
1. Mantener la vocación y visión de la Ciudad Innovadora y de Derechos.
2. Reforzar y garantizar la transformación en donde la Gestión Integral de Riesgos y la Protección Civil dejan de ser un trámite y se convierten en herramientas para la prevención, la contingencia y la resiliencia; dando como resultado la Seguridad de los habitantes, sus patrimonios y el futuro de esta Urbe que todos queremos.
3. Realización de mesas de trabajo y discusión para revertir los efectos de esta ley que afecta la seguridad jurídica de los centros de trabajo, los empleos de los trabajadores, y, sobre todo: la seguridad de mujeres, hombres, niñas y niños que viven o visitan la CDMX.
