BALÓN CUADRADO
Jesús Yáñez Orozco
Ciudad de México.- Un proceso legal de tres años esperó Adriana Jiménez, doble medallista mundial de clavados de altura, para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte le restituyera el pago de la beca de 20 mil pesos mensuales que le retiró del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) por no firmar la carta compromiso con una cláusula que la excluía de participar en un reality show o competencias deportivas por televisión que finalmente la capitalina realizó, publica hoy el diario La Jornada.
El pasado viernes, la pionera de esta disciplina en la prueba de 20 metros, quien este año anunció su retiro, recibió el monto económico de la demanda de amparo que presentó en 2019 ante la arbitrariedad de la Conade y su directora general, Ana Guevara.
Fue la propia Adriana quien dio a conocer ayer la sentencia en su cuenta de Twitter:
“Con gran fortuna y de manera favorable hoy concluyo con un largo y desgastante proceso legal dentro del ámbito deportivo, defendiendo algo que por derecho siempre me correspondió.
“Romper el silencio ante injusticias, con valor, argumentos y trabajo, siempre te hará caminar con la frente en alto”.
El abogado Luis Jiménez resaltó que la sentencia favorable para Adriana es un buen mensaje para la comunidad deportiva y para la Conade. Si Ana Guevara no cumplía, por desacato, podría haber sido destituida del cargo e ido a prisión preventiva.
Reconoció a su representada como una mujer valiente, porque muchos deportistas callan por sometimiento.
Los atletas, aclaró, “deben entender que nadie puede privarlos ni quitarles el derecho a la libertad de expresión como lo maneja la Conade (con las cartas compromiso que les hace firmar). Este caso es un ejemplo y la justicia nos asiste”.
El jurista en derecho deportivo comentó que esta es la segunda demanda que le gana a la Conade, de los 90 casos que tiene en los tribunales, entre los cuales destaca el de la esgrimista Paola Pliego –ahora representa a Uzbekistán–, quien demandó a la institución por daño moral y un pago de 15 millones de pesos.
Ello fue debido a un falso dopaje previo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 que le hicieron en los laboratorios de la dependencia durante la gestión de Alfredo Castillo.
(Con información del diario La Jornada).
