Atizapán de Zaragoza, Méx.- Pese a contar con un amparo y un dictamen que los acredita como legítimos y únicos propietarios, de manera repentina 400 familias que habitaban en el Cerro de la Condesa de la colonia Demetrio Vallejo, fueron agredidas y desalojadas de sus viviendas sin ninguna orden judicial, y sin permitirles sacar sus pertenencias, llegando incluso a incendiar sus posesiones como forma de amedrentación.
Ante esta situación, las víctimas buscaron el apoyo del Movimiento Antorchista para defender sus derechos y propiedad y se levantarán las denuncias correspondientes ante las instancias de procuración de justicia pertinentes para que se dictamine de forma clara la situación del terreno. Predio que se posesionó una empresa constructora y que se mantiene resguardado por un grupo de choque armado.
Los abogados de la Comunidad Agraria plantearon que por más de 30 años los comuneros defendieron en juzgados agrarios la posesión de esas tierras y en diciembre de 2015 el Tribunal Agrario emitió un dictamen favorable a los comuneros a los que reconoció como legítimos y únicos propietarios de una porción del cerro La Condesa, contiguo a la colonia Ampliación Demetrio Vallejo.
Luego de los hechos, las familias desalojadas realizaron un mitin en las inmediaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para exigir justicia, con el ingreso de una comisión negociadora, se acordó con las autoridades que se realizará la inspección judicial del predio y la revisión de las demandas que impondrán los afectados, así como la reparación de daños a las familias, en caso de robo o destrucción de sus bienes materiales.
Al respecto, el diputado federal, Héctor Javier Álvarez Ortiz, aseguró que, toda acción que se lleve a cabo debe respetar el marco de la legalidad e hizo un llamado a las autoridades para que atiendan la situación que viven estas familias desalojadas, porque se trata de un desalojo injustificado y las formas violan los derechos humanos de los ciudadanos.
“Esperaremos los dictámenes de las autoridades competentes, en este caso la PGJEM, pero estaremos al pendiente de que las investigaciones se lleven a cabo en tiempo y forma. Tenemos un equipo de abogados trabajando en el caso para respaldar a las familias afectadas y evitar cualquier tipo de amenaza en su contra”. Adelantó que de no haber respuesta alguna por parte de la PGJEM, llevarán la exigencia de justicia a instancias superiores y de carácter nacional.
